Con la presencia de Karina Milei, Martín Menem y el ministro de Salud, Mario Russo, el gobierno anunció la implementación de los vouchers de salud en el municipio de San Nicolás. La medida es una vieja idea del Banco Mundial que ya fracasó en los noventa.
El gobierno nacional, asociado a la Intendencia de San Nicolás, lanzó ayer el Seguro Médico Municipal, al cual pomposamente rebautizó como “voucher de salud”. “La idea de subsidiar a la demanda, es decir, a la población sin cobertura y no a la oferta, fue planteada por el Banco Mundial en los noventa como parte de la estrategia del avance neoliberal”, explicó María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa. “El objetivo era reducir los costos de los sistemas de atención pública universales a través de planes focales de cobertura mínima para los sectores más desfavorecidos”, explicó.
El sector público, si quería participar como actor en este nuevo esquema de financiamiento, debía adaptarse y competir con el sector privado. Como resultado de ello surgieron diversos sistemas de seguros para pobres. En Argentina fueron el Plan Nacer o el Plan Sumar, mientras que en Chile, Perú y México se implementaron los seguros de salud y en Colombia hubo experiencias como la Ley 100. “Todas terminaron en un fracaso estruendoso como estrategia sanitaria, pero lograron que muchos actores privados se beneficiaran e hicieran pingües negocios”, agregó Boriotti.
“Es decir, lo anunciado por el gobierno de Milei, en asociación con una familia que tiene largos antecedentes en impulsar la privatización y achicamiento del sector público, como la familia Passaglia, no tienen nada de nuevo”, recordó la dirigente gremial. Durante la gestión como Ministro de Salud de Ismael Passaglia, padre del actual intendente, no sólo se denunciaron innumerables negociados, sino que la planta del sector público de salud de la provincia de Buenos Aires se vio reducida de 13 mil a 9 mil profesionales. Las estrategias privatistas fueron de la mano de la reducción del sector público provincial.
“El beneficiario de este negociado, con dinero de todos los argentinos, es el Grupo Oroño, conocido en el sur de Santa Fe por su posición dominante como prestador médico privado para seguros de salud y obras sociales”, advirtió Boriotti, oriunda de esa provincia.
Con el congelamiento del presupuesto nacional de salud y de las transferencias a las provincias, que tienen a su cargo el 90% de la planta instalada de hospitales y centros de atención primaria, el gobierno de Milei dio un durísimo golpe al sistema y a sus trabajadores, que son más de 500 mil personas que vieron reducidos sus magros salarios en un 20% en los últimos 6 meses.
Para la presidenta de Fesprosa, la decisión acarrea varias dificultades: “Sin claridad alguna acerca del origen de los fondos, del alcance de esta presunta cobertura, de su integralidad, de su universalidad y de la estrategia de atención primaria, esta aventura del mix público-privado tiene, a nuestro juicio, el destino de un fracaso estruendoso, como lo fueron las experiencias previas de aseguramiento del sector sin cobertura”.
Hay 20 millones de argentinos y argentinas que dependen exclusivamente del sector público de salud. Sin duda, lo más barato y eficiente, desde el punto de vista económico y sanitario, es fortalecer a los 1700 hospitales y 6 mil centros públicos para que brinden una atención integral de prevención, reparación y rehabilitación de la salud. “Todo lo demás es negocio”, concluyó Boriotti.
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