Durante el encuentro entre las autoridades nacionales y las delegaciones de Fesprosa, ATE y CTA A se trató la faltante de insumos de protección personal, la provisión de reactivos y la negativa del sector privado a centralizar la admisión durante la pandemia.
Ayer se realizó la reunión entre la delegación de Fesprosa, ATE y CTA Autónoma con el viceministro de Salud, Arnaldo Medina, y el secretario Alejandro Collia. Participaron por Fesprosa su presidenta, María Fernanda Boriotti, y su secretario general, Jorge Yabkowski.
Luego de manifestar el beneplácito de los trabajadores por la sanción del decreto 367/20 instaurando al COVID-19 provisoriamente como enfermedad profesional no listada incluida en la cobertura durante la pandemia, la delegación de Fesprosa manifestó su preocupación por la inclusión de esta resolución en los autoseguros provinciales y, por sobre todo, en la cobertura de los miles de trabajadores de la salud que están siendo contratados en condiciones precarias sin cobertura de ART para enfrentar la pandemia. Este punto quedó pendiente para tratamiento.
En segundo lugar se abordó el problema de los Equipos de Protección Personal. Luego de un importante intercambio donde el Ministerio manifestó que distintas áreas del Gobierno están abocadas a poner en marcha la producción local de los insumos críticos faltantes, las autoridades admitieron que aún no están en condiciones de brindar un panorama completo sobre la compra y producción nacional de estos insumos en los distintos hospitales y centros de salud.
Algunos insumos como el látex para guantes y el dacrón para los hisopos para la toma de muestras de coronavirus se encuentran en estado crítico. Hay tratativas avanzadas aún no concretadas con China para la provisión de insumos a través de vuelos transpolares que impidan los embargos, y tratativas con la industria textil para la fabricación de camisolines y barbijos que cuenten con la aprobación técnica de la ANMAT.
Los funcionarios admitieron que la provisión de barbijos N95 también encuentra serias dificultades. La delegación sindical reiteró la preocupación en todo el país, sobre todo porque ya se registra más de un centenar de profesionales de la salud infectados con COVID-19 y los elementos de protección personal y la capacitación son la única barrera para que esta cifra no siga creciendo.
Respecto al no pago del impuesto a las ganancias por parte de los profesionales de la salud durante la pandemia, la respuesta del Ministerio fue negativa. El Ejecutivo Nacional dijo no estar en condiciones de reformar la ley y que se trataría de un tema parlamentario. Tampoco hubo respuestas ni avances serios en la integración de los trabajadores en los comités de crisis en todos los niveles.
En cuanto a la vacunación antigripal el Ministerio anunció que distribuyó en las provincias 5.500.000 dosis, la mitad de las 11 millones previstas, pero que sólo se habría vacunado el 10% de la población de riesgo.
Sobre la provisión de reactivos, anunciaron que está programada la llegada escalonada de medio millón de reactivos PCR y también test rápidos que sólo se utilizarán para investigación epidemiológica, entre ellos el testeo de poblaciones de trabajadores de la salud.
Ante el planteo de acelerar este testeo en los trabajadores de la salud, el Ministerio respondió que en aquellos lugares que tienen laboratorios propios habilitados este proceso está comenzando, pero todavía no hay una norma general que permita un avance importante en todo el país y de manera uniforme en esta temática.
Fesprosa también reiteró su posición a favor del DNU que permita la utilización sin restricción de las camas del sector privado en el pico de la pandemia. El Gobierno aclaró que el sector privado había solicitado una importante cantidad de subsidios, de los cuales parte de ellos les fueron concedidos. Tanto el pago del bono por parte del Estado a los trabajadores del sector privado de salud como la eximición del impuesto de las cargas patronales son subsidios que comportan cientos de millones de pesos.
Aún así, y con un Estado que estaba dispuesto a pagar por cada cama privada que se utilice, no hubo acuerdo para esta admisión centralizada durante la pandemia. Fesprosa insistió en que este es un tema que no debe abandonarse, y tanto el Estado nacional como los provinciales deben tener la potestad de administrar la admisión en función de las necesidades, sobre todo de camas de terapia intensiva.
Por último se acordó un contacto entre la comisión de salud mental de Fesprosa y el director nacional de Salud Mental para instrumentar en colaboración los dispositivos de apoyo durante el proceso de la pandemia.
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