El jefe de gobierno, Jorge Macri, pide el desafuero de un dirigente de Fesprosa

El doctor Guillermo Muñiz, médico psiquiatra del hospital Álvarez, dirigente histórico de la Agrupación Recuperación Gremial de la Asociación de Médicos Municipales y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Fesprosa, ha recibido una comunicación de la Procuración de la Ciudad en la cual se solicita su desafuero para ser sancionado por defender a sus compañeros de hospital y a todos los trabajadores durante la pandemia.

 Durante la pandemia, el doctor Guillermo Muñiz realizó varias denuncias por las malas condiciones de trabajo y la falta de insumos y de protección personal para afrontar la situación. Frente a ello, el Ministerio de Salud de la Ciudad le instruyó un sumario que culminó con una sanción que, para hacerse efectiva, deben darle de bajas los fueros con los que cuenta por ser delegado gremial. 

Esta situación de persecución se consolidó reflotando un sumario que ya tiene hace varios años. Otros casos similares en los que el Gobierno de la Ciudad pasa por encima de la protección gremial y solicita el desafuero para sancionarlos fueron los que sufrieron los referentes Claudio Dellecarbonara, dirigente de la Asociación Gremial del Subte y Premetro, y el Secretario General de Ademys, Jorge Adaro, junto a otros trabajadores de salud.

Esta política de persecución a los dirigentes sindicales se inscribe en un marco general donde la Ciudad colabora con las fuerzas federales en la represión de las movilizaciones callejeras, en particular las ocurridas el 12 de junio durante el debate de la Ley Bases en el Senado.

Fesprosa exige el inmediato sobreseimiento del doctor Muñiz, el retiro del pedido del quite de fueros y el cese de la persecución a todos los luchadores sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Brusco viraje en la política exterior argentina en materia sanitaria

En la última Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina cambió su tradicional posición sobre el Tratado de Pandemias y votó en contra del mismo. El Tratado de Pandemias es un instrumento que venía discutiendo la OMS luego de finalizada la pandemia de COVID-19. 

Desde la pandemia del Covid-19, se analizaron alrededor de 10 borradores durante los últimos tres años, previéndose que en mayo de 2024 se iba a alcanzar un texto definitivo por consenso entre países miembro. Esto no ocurrió. No hubo documento y el secretario general de la OMS postergó la resolución para el año próximo. 

¿Cuáles son los temas que estaban en debate y cuál era la posición argentina? El Tratado de Pandemias incluía una caída automática de las patentes para los medicamentos y la tecnología en caso de declararse una emergencia sanitaria internacional. India y Sudáfrica, con el apoyo de más de 100 países, entre ellos la Argentina, plantearon en la Organización Mundial de Comercio (OCDE) la necesidad de acceder automáticamente a las patentes en caso de que se repitiese una emergencia sanitaria mundial. En la OCDE, esta iniciativa fue bloqueada por los países centrales.

La discusión se retomó en el plano de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Argentina, en continuidad con su posición en la OCDE, apoyó los textos que planteaban la caída automática de las patentes. Sin embargo, los países centrales y los grandes laboratorios que ganaron fortunas con el Covid-19 se opusieron, dado que para ellos otra pandemia sería otra oportunidad de obtener ganancias extraordinarias.

El Tratado, en su versión inicial, no se refería a los millones de trabajadores de la salud que pusieron el cuerpo y la vida en esos años nefastos. La Internacional de Servicios Públicos (ISP), la organización que nuclea a nivel mundial a la mayoría de los trabajadores sanitarios, planteó, con el apoyo de la Fesprosa, la necesidad de introducir salvaguardas de trabajo decente en el Tratado, en consonancia con los convenios de la OIT. 

Otro punto de discusión fue el acceso a los patógenos, dado que los grandes laboratorios y los países centrales querían un acceso indiscriminado a la base de datos de patógenos de los países pobres y dependientes para tener la información base que les permitiese elaborar vacunas y medicamentos en tiempo récord y obtener mayores ganancias.

Fesprosa se entrevistó con autoridades del Ministerio de Salud y de la Cancillería en 2023, así como con la embajadora argentina en la OMS, acompañando las posiciones de la Internacional de Servicios Públicos. Y obtuvo, en principio, una respuesta favorable, que se tradujo en algunas posiciones argentinas durante el debate. Con la asunción del gobierno de la Libertad Avanza, esta política cambió bruscamente y, con el argumento de mantener la soberanía, Argentina votó en contra de la adopción de este tratado en la Asamblea Mundial de la Salud. No lo hizo por sus insuficiencias, por la protección de los trabajadores, sino para defender los intereses de las multinacionales y de los países centrales que venían bloqueando la redacción de un tratado efectivo que favoreciera al conjunto de la humanidad.

Fesprosa alerta sobre este cambio negativo para la salud mundial y para la salud de los argentinos y convoca a debatir el tema el viernes 28 de junio a las 19 horas con el responsable de la Internacional de Servicios Públicos del tratado de pandemias, Pedro Villardi, y la especialista en políticas de salud y ambiente, Natalia Echegoyemberry.

ID DE REUNIÓN: 879 8779 4303

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La Ley Gases avanza con represión

El tratamiento de la ley llegaba en medio de un festival de prebendas y coimas, producto de un accionar mafioso que el gobierno denunció en la campaña y terminó ejecutando en su beneficio en su versión más ominosa.

La Fesprosa estuvo presente en la Plaza del Congreso y en muchas ciudades del interior. Hasta la media tarde, a pesar del operativo intimidatorio organizado por el presidente Milei y la ministra Bullrich, las manifestaciones se sucedían pacíficamente. Sin embargo, según explicó María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, “la decisión política del gobierno de llegar a la hora de la votación con una plaza sin gente desencadenó una represión indiscriminada de fuerzas federales y locales que dejaron un saldo aún no determinado de heridos y detenidos”. Entre ellos, tres diputados nacionales que sufrieron el efecto de los gases lanzados por la policía.

“En todo el país, durante el día de hoy, se sucedieron manifestaciones masivas de un amplio espectro de la sociedad civil, política, sindical y de organizaciones sociales, repudiando la Ley Bases”, agregó la dirigente gremial. Y definió a la iniciativa oficial como “un instrumento que avanza sobre los derechos de los trabajadores, los jubilados y la soberanía nacional, hecha para beneficiar el negocio de los poderosos locales e internacionales”.

Para Boriotti, “sea cual sea el resultado de la votación, se trata de un instrumento legal que nace manchado por la corrupción y la represión”. Y añadió que “Fesprosa manifiesta su absoluto repudio al accionar de las fuerzas de seguridad y se pone a disposición de todas las organizaciones populares para organizar el rechazo al accionar gubernamental y el combate a la profundización del ajuste que busca cristalizarse en este nefasto proyecto de ley”.

Aún así, la paridad en la votación llevó a escándalos tales como asegurar a una senadora una embajada en París con 20 mil dólares de sueldo para cambiar el sentido de su voto. No fue la única. “En ese escenario de paridad, la presencia de la calle podría haber sido un factor que inclinase la balanza de la votación en uno u otro sentido. Es por eso que el gobierno decidió terminar con la presencia de la sociedad de una manera salvaje”, concluyó la presidenta de Fesprosa.

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El gobierno nacional anunció los vouchers de salud, un negociado privado financiado con fondos públicos

Con la presencia de Karina Milei, Martín Menem y el ministro de Salud, Mario Russo, el gobierno anunció la implementación de los vouchers de salud en el municipio de San Nicolás. La medida es una vieja idea del Banco Mundial que ya fracasó en los noventa.

El gobierno nacional, asociado a la Intendencia de San Nicolás, lanzó ayer el Seguro Médico Municipal, al cual pomposamente rebautizó como “voucher de salud”. “La idea de subsidiar a la demanda, es decir, a la población sin cobertura y no a la oferta, fue planteada por el Banco Mundial en los noventa como parte de la estrategia del avance neoliberal”, explicó María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa. “El objetivo era reducir los costos de los sistemas de atención pública universales a través de planes focales de cobertura mínima para los sectores más desfavorecidos”, explicó.

El sector público, si quería participar como actor en este nuevo esquema de financiamiento, debía adaptarse y competir con el sector privado. Como resultado de ello surgieron diversos sistemas de seguros para pobres. En Argentina fueron el Plan Nacer o el Plan Sumar, mientras que en Chile, Perú y México se implementaron los seguros de salud y en Colombia hubo experiencias como la Ley 100. “Todas terminaron en un fracaso estruendoso como estrategia sanitaria, pero lograron que muchos actores privados se beneficiaran e hicieran pingües negocios”, agregó Boriotti.

“Es decir, lo anunciado por el gobierno de Milei, en asociación con una familia que tiene largos antecedentes en impulsar la privatización y achicamiento del sector público, como la familia Passaglia, no tienen nada de nuevo”, recordó la dirigente gremial. Durante la gestión como Ministro de Salud de Ismael Passaglia, padre del actual intendente, no sólo se denunciaron innumerables negociados, sino que la planta del sector público de salud de la provincia de Buenos Aires se vio reducida de 13 mil a 9 mil profesionales. Las estrategias privatistas fueron de la mano de la reducción del sector público provincial.

“El beneficiario de este negociado, con dinero de todos los argentinos, es el Grupo Oroño, conocido en el sur de Santa Fe por su posición dominante como prestador médico privado para seguros de salud y obras sociales”, advirtió Boriotti, oriunda de esa provincia.

Con el congelamiento del presupuesto nacional de salud y de las transferencias a las provincias, que tienen a su cargo el 90% de la planta instalada de hospitales y centros de atención primaria, el gobierno de Milei dio un durísimo golpe al sistema y a sus trabajadores, que son más de 500 mil personas que vieron reducidos sus magros salarios en un 20% en los últimos 6 meses.

Para la presidenta de Fesprosa, la decisión acarrea varias dificultades: “Sin claridad alguna acerca del origen de los fondos, del alcance de esta presunta cobertura, de su integralidad, de su universalidad y de la estrategia de atención primaria, esta aventura del mix público-privado tiene, a nuestro juicio, el destino de un fracaso estruendoso, como lo fueron las experiencias previas de aseguramiento del sector sin cobertura”.

Hay 20 millones de argentinos y argentinas que dependen exclusivamente del sector público de salud. Sin duda, lo más barato y eficiente, desde el punto de vista económico y sanitario, es fortalecer a los 1700 hospitales y 6 mil centros públicos para que brinden una atención integral de prevención, reparación y rehabilitación de la salud. “Todo lo demás es negocio”, concluyó Boriotti.

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Ampros-Mendoza llevó sus reclamos a la OIT con el apoyo de la Fesprosa

Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, se presentó ayer ante la Comisión de la OIT que, en Ginebra, está debatiendo las políticas de cuidado. Solicitó el apoyo para los trabajadores de la salud de Mendoza, frente a la ofensiva del gobernador Cornejo que busca destruir la carrera sanitaria. 

La dirigente de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) llevó también una reiteración de la queja del gremio por los topes salariales impuestos por el gobierno para los profesionales de la salud. Esta presentación contó con el aval y apoyo de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa).

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Con el apoyo de Asspur, se logró justicia para tres trabajadoras de la salud víctimas de violencia de género

El fallo de la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche condenó al director del hospital de Pilcaniyeu, Ariel Kuxhaus, por violencia de género en el ámbito institucional contra tres trabajadoras. “Esto deja asentado un precedente muy importante”, expresó Cesira Mullally, secretaria general de Asspur.

El lunes 3 de junio, a 9 años del histórico Ni Una Menos, el Poder Judicial de Río Negro confirmó la condena Ariel Kuxhaus, director del hospital de Pilcaniyeu, denunciado por tres trabajadoras del nosocomio por maltrato y violencia de género en el ámbito institucional.

Todo el proceso judicial fue acompañado por la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur), desde que la denuncia vio la luz en febrero de 2023. Desde ese entonces, las trabajadoras fueron hostigadas con sumarios sistemáticos, como forma de amedrentarlas.

Cesira Mullally, secretaria general de Asspur, valoró la decisión judicial: “"El hecho de que haya una sentencia firme que declare al director del hospital como responsable de la violencia institucional y de género deja asentado un precedente muy importante en la provincia, no solamente para los trabajadores y las trabajadoras de salud, sino para todos en general”.

Si bien desde el gremio celebraron la decisión judicial, en una fecha tan emblemática, consideran que “la condena es evidentemente muy liviana para lo que significaron todos estos años de violencia y maltrato”. La misma consistió en instarlo a Kuxhaus a “ajustar su comportamiento” y ordenar el Ministerio de Salud confeccionar un protocolo contra la violencia laboral en el plazo de 30 días.

Mullally explicó que las trabajadoras estuvieron “muchísimos meses sin trabajar y hasta pidieron un traslado que nunca se hizo efectivo”. Además, señaló al gobierno provincial como empleador, ya que “tampoco tomó acciones ni se cumplieron las medidas cautelares durante el proceso judicial”. De hecho, el director del hospital continúa en ejercicio del cargo y nunca fue desvinculado, a pesar de tener cuatro sumarios abiertos desde febrero del año pasado.

A pesar de que la condena es un punto de inflexión, desde Asspur consideran que todavía queda mucho trabajo por hacer. El próximo pasó, explicó Mullally, es “exigirle al Ministerio de Salud de Río Negro la desvinculación del director, ya que una persona con este tipo de condena no debería seguir ejerciendo un cargo de dirección bajo ninguna circunstancia”.

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