Por una salud pública, gratuita, universal y de calidad.
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos trabajadoras y trabajadores del primer nivel de atención, de hospitales (nacionales, provinciales y municipales), de residencias y de equipos comunitarios; organizaciones de personas afectadas por distintas problemáticas de salud; redes de usuarios del sistema público; asociaciones de profesionales y técnicos; trabajadoras comunitarias, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas y de base, entre otros colectivos comprometidos con la defensa de la salud pública.
Nos pronunciamos contra el vaciamiento del sistema sanitario, por una vida digna para todas, todos y todes.
CONTEXTO
En Argentina, atravesamos un proceso de profundo desfinanciamiento del sistema público de salud, acompañado por el avance de la privatización y la mercantilización de la atención. Este escenario amenaza con profundizar las desigualdades sociales y territoriales, debilitar las redes públicas y comunitarias de cuidado y transformar progresivamente la salud, de un derecho humano fundamental, en una mercancía.
En 2024, según GEP y ALAP, fueron 60 los pacientes fallecidos en la disuelta Dirección Nacional de Asistencia Directa por situaciones de emergencias (DADSE) por la falta de entrega de medicamentos. En 2025, fueron 111 los fallecidos por el Fentanilo contaminado (Juzgado Federal de La Plata enero/26). Fueron miles las personas de los distintos programas a los cuales durante toda la gestión Milei y el Ministro Lugones se les retacearon los recursos para atender su salud y cuidar su vida. Lamentablemente, en las provincias, la mayoría de los gobernadores replicaron la misma política.
La tragedia del Fentanilo contaminado muestra el costo de no contar con un sistema de calidad y seguridad del paciente. La ley 27.797 (Ley Nicolás), que establece protocolos de calidad, auditorias y otras medidas, no fue reglamentada según solicitaron diversas organizaciones, respondiendo el gobierno con una propuesta que deja de lado sus contenidos centrales.
Desde recién asumido este gobierno hemos redoblado nuestra presencia en las calles. Enfrentamos el protocolo anti piquetes de Patricia Bullrich desde el 20 de diciembre del 2023 cuando se anunció el DNU 70/23 y fuimos miles en las calles defendiendo el derecho elemental a la protesta con manifestaciones, asambleas y cacerolazos.
También llenamos las calles en las marchas los 8 de marzo “Día Internacional de las mujeres trabajadoras”, contra el patriarcado y en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades. En particular, fuimos parte de la multitud que se manifestó en todo el país el 24 de marzo de 2026, en el cincuenta aniversario del golpe contra el genocidio de la dictadura y en defensa de los derechos humanos.
Desde inicios de 2025 nos organizamos contra la derogación de las Coordinaciones Nacionales de TBC, LEPRA y HEPATITIS dispuestas en el Decreto 1138/2024.
Denunciamos el avance de políticas que afectan gravemente el derecho a la salud de la población, tales como la discontinuación del Programa REMEDIAR, en el marco de las políticas de ajuste y sin una alternativa que garantice prestaciones equivalentes.
Rechazamos las políticas de discriminación hacia la comunidad migrante como en los casos de Salta, Jujuy, CABA, Mendoza y Santa Cruz. El DNU 366/2025 y la Resolución 1066/2026 que establecen el cobro en Hospitales Nacionales contrasta con la realidad. En 2024 solo uno de más de 17.000 egresos en el Posadas fue de una persona residente en otro país.
Fuimos parte también de las luchas en los hospitales y centros de salud: en el Posadas, el Bonaparte y su lucha contra el cierre y el vaciamiento, en el Sommer, en el Instituto del Cáncer, el Ministerio de Salud y en las luchas de todas y cada una de las provincias de Jujuy a Tierra del Fuego, de Mendoza a Misiones. Participamos de las marchas organizadas por el Cabildo Abierto, en defensa del Garrahan, las residencias y la pelea que continúa por el reconocimiento profesional del colectivo de enfermería. También nos movilizamos por la baja de más de 900 mil salarios de los trabajadores de la economía popular, entre quienes se encuentran miles de despedidas promotoras de Salud Colectiva.
Nos negamos a acostumbrarnos a que nuestras niñeces tengan hambre, que no completen las 4 comidas o tengan una alimentación de mala calidad. Nos negamos a acostumbrarnos a que no puedan iniciar las clases porque no se llegó a comprar el guardapolvo. Nos negamos a que les nieguen su identidad. Aquí estamos también en defensa de las infancias trans.
El vaciamiento de las políticas públicas en salud afecta a las personas con discapacidad como usuarias y como ciudadanas. Así, se produjo un retroceso con el decreto 942/2025 que dispuso la disolución de la ANDIS. El organismo perdió autonomía y autarquía, para que, bajo la órbita de Salud, la discapacidad vuelva a ser tratada como un asunto médico y no como un derecho humano transversal, lo cual contradice la adopción en Argentina de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El ataque a la salud mental incluye un proyecto de reforma de la ley reaccionario, cercenando los derechos de los pacientes y del equipo de salud ( Expediente 0099-PE-2026). A ello se suma el desfinanciamiento del sector y los intentos de vender los edificios donde funcionan los centros de atención. La angustia social no encuentra
respuestas en este sistema de salud desfinanciado. El aumento de las patologías especificas se expresa en el crecimiento del número de suicidios, 5209 en 2025 un 22,6% más que en 2024, según el Sistema Nacional de Información Criminal.
Según las regionales de FESPROSA, a partir de conversaciones con los ministros de salud provinciales, existe consenso en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), para avanzar contra el régimen de dedicación exclusiva (full time) poniendo en peligro su vigencia. A su vez centenares de profesionales dejan el sistema público buscando otros horizontes tanto en el país como en el extranjero.
En CABA, además, el distrito proporcionalmente más rico de la Argentina, se comete una injusticia laboral desde hace años contra el colectivo de enfermería. Marchamos a la Legislatura porteña para exigir la aprobación del proyecto de su Inclusión en la Ley 6035 de carrera profesional. No siendo suficiente el atropello hacia Profesionales de Enfermería en esta nueva gestión el GCABA arremete contra las Licenciadas en Obstetricia con el análisis de números vacíos que acomoda a su gusto para fundamentar su accionar desde la baja tasa de la natalidad en un intento de enmascarar las políticas públicas de recorte y vaciamiento que impactan negativamente en niñeces, mujeres y disidencias. Asimismo ponen de manifiesto el entramado de poder que castiga a estas profesiones reconocidas por la comunidad pero no por quienes toman decisiones desde una perspectiva capitalista de la salud. Las becarias que sostienen los hospitales y centros de salud en la
Provincia de Buenos Aires desde la pandemia, comenzaron a organizarse y movilizar por el fin de la precarización laboral "sin enfermeras no hay hospital, precarizadas no vamos a trabajar" es su lema en cada marcha, es urgente que el gobierno de la PBA escuche el reclamo de pase a planta.
Hoy el Presupuesto Nacional 2027 enviado al Parlamento profundiza el ajuste contra la salud pública, en particular recortando las transferencias bajo programa a las provincias. Entre enero y julio de 2026 las transferencias no automáticas sumaron 738.201 millones con una caída real del 83,2% respecto al mismo periodo de 2023 ( Politikon Chaco). Este ajuste, a la medida de las exigencias del FMI, privilegia el pago de la deuda externa a costa de la salud y la vida de la mayoría de los argentinos. La partida prevista para el Ministerio de Salud es de 10 billones de pesos, el gasto previsional total de 98 billones y el servicio de la deuda de 155 billones de pesos.
Sabemos perfectamente que esta realidad no empezó con el gobierno de Milei, pero bajo esta gestión experimentó un agudo empeoramiento. Venimos de una larga crisis con fragmentación y desfinanciamiento del sistema, pero bajo esta gestión hubo un salto de calidad en su deterioro. Esta ofensiva contra las condiciones vida no hubiese sido posible sin el apoyo de Trump, de varios gobernadores, legisladores y grandes empresarios, amén de un sector de la dirigencia sindical que optó por abandonar la lucha contra la reforma laboral, el DNU 70/23 y el conjunto de los derechos de sus representados.
En el plano internacional
Exigimos que el gobierno respete las obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos. Destacamos que el acuerdo con EEUU contiene disposiciones que modifican de manera sustantiva el sistema jurídico argentino en materia de propiedad intelectual, con un impacto negativo directo en el acceso a medicamentos ya que afecta la sostenibilidad del gasto público en salud, la producción nacional y pública de medicamentos genéricos, la capacidad regulatoria del Estado y la autonomía del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) y ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
EL ACUERDO INCLUYE:
a. La derogación de las pautas de patentabilidad de 2012 ( resoluciones conjuntas 118/2012,546/2012 y 107/2012) y de la Resolucion 283/2015 del INPI sobre invenciones biotecnológicas. Estas pautas impiden patentar modificaciones menores de medicamentos ya conocidos, una estrategia que prolonga monopolios y retrasa la llegada de genéricos
b. El compromiso de protección de los datos de prueba compatible con el Tratado EEUU, Mejico y Canadá, que prevé cinco años de exclusividad. Durante ese lapso los laboratorios de genéricos no podrán apoyarse en estudios clínicos ya realizados para registrar sus productos
c. La aceleración de trámites de patentes incluidas las farmacéuticas y biotecnológicas que acorta el tiempo de examen de cada solicitud y aumenta el riesgo de conceder patentes injustificadas d. Facultades de oficio a la Aduana para controlar mercancía en tránsito sospechada de infringir derechos de propiedad intelectual, lo que puede trabar el tránsito de genéricos. En definitiva, este acuerdo, compromete la Salud Pública, incrementa el gasto en medicamentos favoreciendo a las empresas multinacionales , debilita la capacidad para la producción nacional y pública, reduce la autonomía regulatoria, impone estándares ADPIC plus, y aumenta la dependencia tecnológica.
Así también, rechazamos la decisión del Gobierno nacional de retirar a nuestro país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La pertenencia de la Argentina a la OMS ha sido un pilar estratégico para la vigilancia epidemiológica y sistemas de alerta temprana y la cooperación técnica frente a emergencias sanitarias.
¡La Argentina sanitaria no se va de la OMS!
Repudiamos la agresión de los gobiernos norteamericano e israelí, que son la principal causa de muerte en Gaza y el sur del Líbano. Desde el campo sanitario argentino exigimos poner fin a los asesinatos de trabajadores de la salud en las áreas de conflicto y un cese del fuego inmediato en camino a lograr una paz justa y duradera en la región.
PROPUESTAS
Frente al deterioro del sistema público de salud, sostenemos que es indispensable recuperar y fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud de toda la población.
Exigimos:
1. Fortalecimiento del sistema público de salud con el financiamiento por rentas generales recomendado por OPS del 6% del PBI para la inversión en salud pública de Nación, Provincias y Municipios. No al arancelamiento y la privatización.
2. Trabajo digno y fortalecimiento de los equipos de salud. Reclamamos la reincorporación de las personas despedidas, el pase a planta permanente del personal precarizado y salarios y condiciones de trabajo dignas, con prevención del desgaste laboral. Asimismo, exigimos el reconocimiento profesional, laboral y salarial de enfermería y el fortalecimiento de las residencias, como componentes esenciales de un sistema de salud de calidad. En ese camino peleamos por la prórroga y plena vigencia de la Ley de Emergencia Pediátrica.
3. Acceso universal a medicamentos, tratamientos y tecnologías sanitarias. El Estado debe garantizar la disponibilidad continua y el acceso oportuno a medicamentos, vacunas, insumos y tratamientos, con especial atención a las personas que dependen de la provisión pública. Esto requiere fortalecer la producción pública de medicamentos, las capacidades regulatorias nacionales y las políticas de prevención, diagnóstico y vigilancia epidemiológica.
4. Reclamamos el fortalecimiento de las áreas y los programas nacionales de salud, en particular aquellos vinculados con el VIH, las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis, las hepatitis virales, la salud mental, la salud sexual y reproductiva, las violencias por motivos de género, la discapacidad y los cuidados. La distribución de responsabilidades entre Nación, provincias y municipios debe estar acompañada de recursos suficientes, asistencia técnica y mecanismos de coordinación que eviten desigualdades territoriales y discontinuidades en la atención.
5. Salud integral y protección de derechos. Exigimos políticas públicas que aborden los determinantes sociales de la salud y garanticen el acceso a la atención sin discriminación por motivos económicos, sociales, de género, discapacidad o condición migratoria. Esto supone fortalecer las políticas de prevención y promoción de la salud, la atención comunitaria y las prestaciones necesarias para garantizar la autonomía, la dignidad y la continuidad de los cuidados.
6. Es necesario reinstalar y garantizar el financiamiento sostenido del Programa REMEDIAR sostenido por ley, asegurando el acceso gratuito y continuo a medicamentos esenciales, particularmente para las enfermedades crónicas, fortaleciendo la capacidad resolutiva del primer nivel.
7. Luchamos por Soberanía sanitaria y regulación efectiva de los actores privados: prepagas, aseguradoras, industria farmacéutica y establecimientos de atención. Defendemos la capacidad del Estado para regular las actividades empresariales que inciden sobre el derecho a la salud. Fiscalización y reglas claras para pre pagas y Obras Sociales, con trasparencia de precios y cobertura. Peleamos por superar la fragmentación del sistema de salud en el camino de un sistema único que garantice acceso universal y salud gratuita para toda la población.
8. Cooperación internacional y cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Reclamamos una política sanitaria internacional basada en la cooperación científica y técnica, el intercambio de información epidemiológica y el fortalecimiento de las capacidades públicas.
No a la salida de la OMS. No a los acuerdos de patentes con EEUU.NO al PCT.
Exigimos el respeto de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la protección de los servicios y trabajadores sanitarios en contextos de conflicto y el cumplimiento efectivo de las leyes que garantizan derechos y prestaciones de salud.
Estas propuestas requieren un modelo político que garantice políticas públicas sostenidas, presupuestos adecuados, transparencia en la gestión y mecanismos de participación y rendición de cuentas. Para ello proponemos y exigimos publicación periódica de las estadísticas sanitarias, de la ejecución presupuestaria en salud con monitoreos ciudadanos a partir de espacios formales con incidencia real.
Finalmente, sabemos que tenemos que profundizar esta unidad en la diversidad que logramos hoy en la perspectiva de un Espacio Federal Permanente. Unidad entre nosotras/os y con todo el pueblo trabajador en defensa de un derecho fundamental: la salud pública, gratuita y de calidad para todas las personas.
Sumate y que nuestra voz se haga escuchar en cada rincón del país, por una vida que merezca ser vivida para todas, todos y todes.
UNIDAD EN LAS CALLES
SALUD DERECHO DE TODOS Y DEBER DEL ESTADO
SALUD UNIDA JAMÁS SERÁ VENCIDA
ENCUENTRO NACIONAL DE SALUD - 31 DE OCTUBRE DE 2026
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