De Trump a Milei, las y los trabajadores de la salud le ponen un freno a la derecha

National Nurses United (NNU), el sindicato de enfermeras más grande de Estados Unidos, con más de 225 mil afiliados y una oposición frontal a las políticas de Trump, llega a Buenos Aires para el Encuentro Nacional de Salud convocado por FESPROSA y otras organizaciones. Estará disponible para entrevistas el 29 de octubre.

Mientras el gobierno de Donald Trump impulsa en Estados Unidos recortes que, según informó NNU, dejarán a millones de personas sin cobertura, el gobierno de Javier Milei avanza en Argentina con el ajuste sobre hospitales, salarios y programas sanitarios. Los dos gobiernos, además, están alineados: en octubre de 2025 Estados Unidos anunció un respaldo financiero de 20 mil millones de dólares a la Argentina. Del lado de quienes cuidan, las organizaciones de ambos países se preparan para encontrarse.

National Nurses United (NNU) participará del Encuentro Nacional de Salud, que se realizará los días 30 y 31 de octubre en la sede de la UMET, Sarmiento 2037, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una convocatoria que reúne a trabajadoras y trabajadores de la salud y a numerosas organizaciones sindicales y sociales de todo el país para discutir cómo defender el sistema público de salud.

Qué es National Nurses United

Fundada en 2009, NNU se define como el mayor sindicato y asociación profesional de enfermeras registradas de Estados Unidos y reúne a más de 225 mil miembros. Nació de la unión de asociaciones estatales de enfermería y hoy tiene afiliadas directas en California, Nueva York, Michigan, Minnesota y el Distrito de Columbia, y representa a enfermeras en centros de salud de más de veinte estados.

Su programa es explícito: lograr atención de salud accesible y de calidad para todas las personas como derecho humano. Para eso impulsa ampliar y actualizar el sistema público Medicare hasta cubrir a toda la población (la campaña "Medicare for All"), establecer por ley federal un número máximo de pacientes por enfermera —los llamados ratios de dotación segura—, garantizar protecciones frente a la violencia en los lugares de trabajo y exigir normas obligatorias de salud y seguridad ante enfermedades infecciosas.

Es además una organización que construye su fuerza desde los lugares de trabajo. Según sus propios comunicados, solo en octubre acompañó una concentración de enfermeras del Rush University Medical Center de Chicago para exigir un primer contrato con protección para el personal (22 de octubre), difundió el voto de desconfianza de las enfermeras del Houlton Regional Hospital, en Maine, hacia el director ejecutivo del hospital (21 de octubre) y denunció prácticas antisindicales durante una elección sindical en el MedStar Franklin Square, de Baltimore (16 de octubre). NNU integra, además, Global Nurses United, una federación de sindicatos de enfermería y de trabajadores de la salud de 35 países que se propone intensificar la lucha contra la austeridad, la privatización y los ataques a la salud pública.

Una oposición frontal a Trump

El enfrentamiento de NNU con el gobierno de Donald Trump está documentado en sus propios comunicados:

* El 3 de julio de 2025, al aprobarse la ley presupuestaria conocida como "One Big Beautiful Bill Act", el sindicato afirmó: "Los legisladores han firmado hoy, en la práctica, las sentencias de muerte de millones de personas" y la calificó como "uno de los días más oscuros en la historia de la salud en Estados Unidos". Advirtió que la norma quita fondos a hospitales comunitarios y a clínicas de salud reproductiva y deja a personas sin seguro médico.

* El 25 de marzo de 2026, NNU anunció que las enfermeras se sumarían a la tercera jornada de las protestas "No Kings" ("Sin reyes") contra lo que calificó como políticas autoritarias de la administración Trump. "Las enfermeras seguirán saliendo a las calles para proteger a nuestros vecinos", sostuvo Mary Turner, presidenta de NNU.

* El 20 de mayo de 2026, frente a un brote de ébola, el sindicato denunció: "El CDC bajo Trump vuela a ciegas, y eso es por diseño", y acusó a la administración de haber "tomado una maza" contra la infraestructura de salud pública durante el último año.

Fesprosa y NNU: una misma pelea

Para FESPROSA, la llegada de NNU al Encuentro no es un gesto protocolar. La Federación sostiene desde hace años que la salud es un derecho humano y no una mercancía, que la soberanía sanitaria es condición para ejercerlo y que quienes trabajan en los hospitales tienen que tener voz y salarios dignos. Esa agenda dialoga de manera directa con la de las enfermeras norteamericanas, y por eso FESPROSA se reconoce en esas luchas y las construye junto a ellas, con una mirada internacionalista y federal.

"Trump y Milei recorren el mismo camino: ajuste, privatización y la salud convertida en negocio. Del otro lado estamos quienes cuidamos, en Estados Unidos y en la Argentina, organizadas y organizados. Este Encuentro es parte de esa respuesta", señaló la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti.

Entrevistas

Para la prensa interesada, María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, y dos dirigentes de NNU estarán disponibles para entrevistas durante el día 29 de octubre, en Buenos Aires, que pueden realizarse en español ya que ambos hablan el idioma:

• Michele Reyna, dirigente de la Sección California de la NNU
• Cris Nielsen, responsable de formación a nivel nacional de la NNU

Más información sobre el Encuentro Nacional de Salud de Fesprosa: https://www.instagram.com/p/De92xAZkiMs/?hl=es

Fesprosa marchó en La Plata contra la precarización y los bajos salarios en salud: pase a planta, recomposición para residentes y presupuesto para hospitales

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) participó hoyde la marcha realizada en La Plata contra la precarización laboral y los bajos salarios, en defensa de la salud y la educación públicas.

La movilización fue convocada por sectores y seccionales combativas de ATE y CICOP y reunió a trabajadoras y trabajadores de hospitales, residentes, becarios, acompañantes terapéuticos y docentes. Entre los reclamos que llevaron a la calle figuran un salario de ingreso equivalente a la canasta básica familiar —que los convocantes calculan en $2.558.677 según ATE-INDEC—, el fin de la precarización y el fraude laboral con el pase a planta permanente de las y los becarios, la recomposición salarial para residentes con jornadas más humanas y sin guardias de 24 horas, y un presupuesto real para la salud pública que permita cubrir vacantes. También rechazaron el ajuste en los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal.

La participación de FESPROSA se suma a su presencia en las últimas semanas en el reclamo de las y los residentes bonaerenses. Según informó la federación, más de 500 residentes del conurbano y del interior de la provincia se movilizaron al Ministerio de Salud en La Plata y a la Casa de Gobierno para exigir recomposición salarial, y ese día ningún funcionario del Ministerio recibió a la Comisión Provincial de Residentes, organizadora de la medida.

"Los hospitales se sostienen con residentes mal pagos, becarios sin derechos y trabajadoras y trabajadores precarizados. Sin salarios dignos, sin contratos estables y sin presupuesto no hay salud pública posible, y eso vale para todos los niveles del Estado", señaló M. Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA.

Para la federación, los reclamos que hoy confluyeron en La Plata expresan una situación que se repite en el país: salarios que no alcanzan, contrataciones precarias y sistemas de salud sin los recursos necesarios, que recaen sobre quienes sostienen la atención todos los días. La federación reafirmó su defensa de la salud como un derecho humano, su compromiso con las y los trabajadores de la salud y la conducción federal de sus organizaciones de base en cada provincia del país.

FESPROSA pone a disposición de los medios a María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, y a Jorge Yabkowski, secretario de organización de FESPROSA.

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Presupuesto 2027: los números crecen, pero la salud pública sigue perdiendo

El Gobierno presenta el proyecto como una recuperación de la inversión sanitaria. Sin embargo, los cambios contables y administrativos ocultan un ajuste que continúa afectando a hospitales, programas preventivos, medicamentos y trabajadores de la salud.

Por María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa

El proyecto de Presupuesto 2027 del gobierno de Javier Milei pretende mostrar una recuperación de la inversión sanitaria. Sin embargo, cuando se comparan las partidas con lo ejecutado desde 2023 y se observa la situación de hospitales, centros de salud y programas preventivos, el panorama es diferente.

Un presupuesto no debe medirse solo por las cifras anunciadas, sino por su capacidad para garantizar medicamentos, tratamientos, profesionales e infraestructura. También importa cuánto se ejecuta: un recurso que no llega a tiempo puede significar una prestación suspendida.

El aumento que esconde el ajuste

El Gobierno proyecta para el Ministerio de Salud 10,46 billones de pesos frente a los 3,10 billones aprobados originalmente para 2026: un aumento nominal del 237,4%. Pero la comparación está distorsionada por la incorporación de los programas de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que antes tenía presupuesto propio.

Si se agregan a la base de 2026 los fondos ya asignados a Discapacidad, el crecimiento nominal comparable se reduce al 25,9%, según explica el medio El Auditor. Buena parte del supuesto salto responde, por lo tanto, a una modificación administrativa, no a recursos nuevos para la atención sanitaria.

El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) calculó que el Ministerio de Salud y sus organismos dependientes tendrían en 2027 recursos reales un 20,3% inferiores a los ejecutados en 2023.

La función presupuestaria Salud registra, en cambio, un crecimiento real respecto de 2023, pero una parte está asociada a las transferencias al PAMI. No corresponde confundir esa función con el financiamiento de los hospitales y programas dependientes del Ministerio.

Como advierte Jorge Yabkowski, secretario de Organización de Fesprosa, el presupuesto proyecta una estabilidad dentro del ajuste. Algunas partidas mejoran respecto de 2026, pero muchas siguen muy lejos de recuperar lo perdido desde 2023.

Hospitales debilitados y provincias sin recursos

Las pérdidas se observan en los hospitales nacionales. Según el análisis del OCEPP, para 2027 el Posadas tendría un presupuesto real 33,4% inferior al ejecutado en 2023; el Laura Bonaparte, especializado en salud mental, caería un 45,3%; y el Sommer y el Carrillo seguirían cerca del 30% por debajo. Estas reducciones condicionan guardias, equipamiento, medicamentos y dotaciones profesionales.

Siguiendo con los datos del informe, el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud tendría recursos reales un 81% inferiores a los de 2023. El retroceso golpea al federalismo sanitario: provincias y municipios deben sostener más prestaciones con menos respaldo de la Nación. Las jurisdicciones con menor capacidad económica quedan especialmente expuestas.

Menos medicamentos y prevención

Los recortes ya tienen antecedentes concretos. Durante 2024 y 2025 se redujeron los envíos nacionales de medicamentos e insumos a distintas provincias. En 2026, según el sitio Chequeado, el Plan Remediar tuvo un presupuesto real 72% inferior al ejecutado en 2023. Los tratamientos distribuidos pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025.

Son medicamentos esenciales para atender hipertensión, diabetes, infecciones y otras enfermedades frecuentes. Si faltan en los centros de salud, las personas deben comprarlos, interrumpir su tratamiento o llegar al hospital con complicaciones que podrían prevenirse.

Una investigación periodística del mismo medio en siete provincias documentó reducciones de entre el 38% y el 100% en el suministro nacional de determinados medicamentos e insumos, además de problemas con tratamientos oncológicos y reactivos de diagnóstico.

El programa de salud sexual y procreación responsable tendría en 2027 recursos reales casi 30% inferiores a los de 2023. A ello se suman el desmantelamiento del Plan ENIA y la caída de las entregas de preservativos y anticonceptivos, que llegaron a su nivel más bajo en una década.

Estos retrocesos ocurren frente a indicadores epidemiológicos preocupantes. Durante 2025 se notificaron 46.799 casos de sífilis, el valor más alto de la serie histórica, y 17.283 de tuberculosis. Son fenómenos multicausales: no corresponde atribuirlos automáticamente a una decisión presupuestaria, pero sí deberían impulsar más prevención, diagnóstico y tratamiento, no menos.

También se debilitan organismos esenciales: la ANMAT tendría en 2027 recursos reales un 23,6% inferiores a los de 2023 y la ANLIS-Malbrán, casi un 29% menos. Ambas instituciones cumplen funciones estratégicas de fiscalización, vigilancia epidemiológica e investigación.

Discapacidad y PAMI: los derechos detrás de las cifras

La incorporación de Discapacidad al Ministerio no garantiza una mejora efectiva de las prestaciones. Como detalla el informe de la OCEPP, el programa de atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, vinculado a Incluir Salud, tendría un presupuesto real 18% menor que en 2023 y 13,7% inferior al crédito vigente de 2026. Detrás de estas cifras hay personas que necesitan rehabilitación, medicamentos y continuidad en sus terapias.

En el PAMI persisten las denuncias por deudas con prestadores, dificultades para acceder a prestaciones y restricciones en la cobertura de medicamentos. Una asignación presupuestaria mayor no equivale automáticamente a una atención mejor. Cuando jubilaciones y salarios pierden poder adquisitivo, aumenta la necesidad de un sistema público capaz de responder.

Los trabajadores sostiene un sistema cada vez más exigido

Los salarios insuficientes, la precarización, el pluriempleo y las dificultades para cubrir guardias deterioran la atención. La crisis también se expresa en conflictos gremiales de distintas provincias.

En Tierra del Fuego, SIPROSA reclamó una recomposición salarial y defendió el régimen de dedicación exclusiva; en Santa Fe, SIPRUS exigió reabrir paritarias; en Santa Cruz, APROSA reclamó mejores salarios y estabilidad; y en Río Negro, ASSPUR denunció sanciones contra delegados y activistas. Las responsabilidades provinciales y nacionales son distintas, pero el efecto sobre la atención es compartido.

No existe un sistema sanitario fuerte con trabajadores empobrecidos ni puede sostenerse un hospital complejo apelando indefinidamente al esfuerzo de equipos cada vez más exigidos.

La salud no puede ser variante de ajuste

El Presupuesto 2027 no puede leerse como si los años anteriores no hubieran existido. Reconocer que algunas partidas aumentan no significa afirmar que el ajuste terminó. La recuperación debe juzgarse en términos reales, considerando las necesidades sanitarias y la efectiva ejecución de los recursos.

Desde Fesprosa exigimos recuperar el financiamiento perdido, garantizar medicamentos e insumos, fortalecer los hospitales públicos, restituir programas preventivos y asegurar las prestaciones de Discapacidad y del PAMI. Reclamamos también recomposición salarial, estabilidad laboral, cobertura de vacantes y una política federal con un Ministerio de Salud que asuma su responsabilidad como garante de derechos.

El resultado de un presupuesto no se mide por la cifra que anuncia un ministro. Se mide en las guardias que funcionan, los tratamientos que llegan a tiempo y las enfermedades que se previenen. La salud pública no es un gasto que pueda recortarse indefinidamente: es un derecho que el Estado debe garantizar.

Si aumentan la mortalidad infantil y materna, la sífilis, la tuberculosis, los suicidios y las muertes no esperables en adultos mayores; si después de la tragedia del fentanilo se desfinancia a la Anmat, no habrá dibujo de la Secretaria de Hacienda que pueda tapar la realidad epidemiológica. Esa realidad es la única verdad.

Nota publicada originalmente en Tiempo Argentino

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Movilización de trabajadores precarizados en La Rioja capital y Chilecito

En el día de hoy, 8 de octubre, trabajadores precarizados de Chilecito y de centros primarios de salud de la capital riojana se movilizaron para exigir al gobierno el pase a planta y el cumplimiento inmediato de la promesa de avanzar con la desprecarización laboral y el nombramiento de quienes se encuentran en esas condiciones.

En Chilecito, los trabajadores dieron una vuelta a la plaza central y luego se dirigieron al hospital.

En la capital, trabajadores de distintos CAPS se reunieron en el Centro Primario de Salud San Vicente para, posteriormente, movilizarse frente al establecimiento, ocupando la avenida.

El gobierno debe implementar un plan de desprecarización laboral, especialmente en un contexto en el que desde el gobierno nacional se promueven medidas que profundizan la inestabilidad laboral y perjudican a los trabajadores. Esta situación genera trabajadores de primera y de segunda, aun cuando realizan las mismas funciones.

Exigimos un plan de desprecarización laboral y que el Gobierno cumpla de manera inmediata con la promesa del pase a planta de numerosos trabajadores.

¡Pase a planta ya de todos los trabajadores precarizados de la salud de La Rioja!

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Fesprosa se movilizó junto a residentes del conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires

Más de 500 residentes del conurbano y del interior de la provincia de Buenos Aires se movilizaron hoy al Ministerio de Salud en La Plata y a la Casa de Gobierno, reclamando recomposición salarial.

Fesprosa acompañó la marcha junto a quienes sostienen todos los días los hospitales públicos.

Hasta este momento, ningún funcionario del Ministerio de Salud recibió a la Comisión Provincial de Residentes, organizadora de la medida de fuerza.

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Fesprosa estuvo presente en la provincia de Córdoba junto al FreSU

En el marco de un Encuentro de debate y formación del movimiento obrero, organizado por el Sindicato de Aceiteros de Tancacha y la Federación de Aceiteros, Fesprosa participó de la mesa del Frente de Sindicatos Unidos.

María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación, planteó tres ejes para la discusión:

• La necesidad de ser autónomos para defender el programa de las y los trabajadores.
• La valorización de la huelga y la movilización como herramientas necesarias.
• La solidaridad con cada lucha.

En particular, se puso el foco en los paros y movilizaciones regionales que se están gestando en Rosario, Córdoba y otros puntos del país.

La salud pública se defiende junto al conjunto del movimiento obrero, con unidad, organización y presencia en cada provincia.

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La Rioja: APROSLAR volvió a exigir al gobernador Quintela que cumpla su promesa de pase a planta

Ayer, trabajadores y trabajadoras precarizados de la salud pública riojana se movilizaron en Chilecito y La Rioja capital, exigiendo el cumplimiento de la promesa de pase a planta asumida oportunamente por el gobernador Ricardo Quintela.

La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR), organización de base de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), conducida por su nuevo secretario general, José Rigacci. Además, desde el gremio denunciaron que, en Chamical, las y los trabajadores precarizados están recibiendo amenazas y hostigamiento por parte de la gestión de los hospitales y de la municipalidad para frenar los reclamos. 

"Seguimos exigiendo el cumplimiento de la promesa asumida oportunamente por el gobernador, Ricardo Quintela, una deuda pendiente con quienes sostienen diariamente servicios esenciales y aún esperan una respuesta concreta", señaló el gremio. "La dignidad de los trabajadores no puede seguir postergándose. Continuaremos acompañando y respaldando cada instancia de esta lucha hasta que los compromisos asumidos se hagan realidad", agregó APROSLAR, que cerró su comunicado con la consigna "La Lucha Continúa".

La movilización es parte de la recorrida que realiza APROSLAR, de la mano de su secretario Rigacci, por hospitales y asambleas, junto a las y los trabajadores precarizados, en un trabajo sostenido en el territorio para fortalecer el reclamo y mantenerlo activo de cara al gobierno provincial.

Ese reclamo tiene, además, un antecedente concreto: el pasado viernes 25 de septiembre, el gremio fue recibido en audiencia por el ministro de salud de la provincia, en un encuentro de más de una hora y media en el que APROSLAR entregó la nueva nómina de su comisión directiva y planteó tres reclamos centrales: un nuevo aumento salarial "por el desfasaje entre la inflación real y los aumentos salariales", una actualización del valor de la guardia, que "hace más de seis meses" no se incrementa ni acompañó el último aumento salarial, y un plan de pase a planta para el personal precarizado, que el propio gremio planteó como una necesidad urgente "a pesar de que desde Nación se impulsa la precarización laboral mediante leyes que perjudican a los trabajadores".

Sobre este último punto, la respuesta oficial fue que el gobernador "quiere pasar a todos los precarizados antes de terminar su mandato" y que ya existen ocho decretos de pase a planta redactados, a la espera de su firma. Según lo informado a APROSLAR, en esta primera etapa el pase alcanzaría a un número importante de enfermeras según antigüedad, y luego se emitiría un nuevo decreto para el personal de otras áreas, profesional y no profesional. Sobre los salarios, el gobierno provincial dijo estar evaluando un nuevo aumento antes de fin de año; sobre las guardias, dijo que ya elevó el pedido de incremento ante el Ministerio de Hacienda provincial.

En la misma reunión, el ministro se comprometió a que la provincia se hará cargo de la distribución de medicamentos en los centros de salud para los sectores más vulnerables, ante el retiro del programa nacional Remediar. Se trata de un movimiento que se repite en distintas provincias del país, a medida que Nación discontinúa la provisión directa de medicamentos esenciales a los centros de atención primaria y traslada ese costo a las administraciones provinciales, en un contexto de desfinanciamiento del sistema público de salud que FESPROSA viene señalando a nivel federal.

Para FESPROSA, la situación de APROSLAR expone un patrón que se repite en distintas provincias: promesas de pase a planta que se dilatan en el tiempo mientras la precarización laboral se sostiene, y un corrimiento de responsabilidades desde Nación hacia las provincias en materia de salud pública, sin el financiamiento que lo acompañe. La Federación reafirmó su respaldo a la lucha de APROSLAR y su compromiso con la conducción federal de sus organizaciones de base en cada provincia del país, y exigió que los compromisos asumidos con las y los trabajadores precarizados de la salud riojana se cumplan sin más demoras.

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APROSA denuncia relocalizaciones forzadas de trabajadores del SAMIC El Calafate

Tras repudiar la situación que atraviesan los trabajadores provinciales que prestan funciones en el Hospital SAMIC El Calafate, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (APROSA), junto a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), exigieron explicaciones al Ministerio de Salud de la Nación y reclamaron al gobierno de Santa Cruz garantías de continuidad laboral.

Según denunció APROSA, los trabajadores percibieron en abril de este año solo el 20% del denominado "bono de recupero". Ahora, algunos de ellos están siendo notificados de que a partir del 1 de octubre deberán dejar de prestar funciones en el SAMIC y reintegrarse al Hospital Formenti, bajo el argumento de un proceso de "reorganización institucional y ordenamiento de las dotaciones de personal".

Las decisiones alcanzan a trabajadores provinciales que se desempeñan en el SAMIC en el marco de los acuerdos existentes y se están comunicando, según APROSA, "sin explicaciones previas, sin certezas sobre el alcance de la medida y sin que se haya informado formalmente cuál es la decisión adoptada por las autoridades del hospital del  respecto de estos trabajadores".

El gremio advirtió que la situación no afecta únicamente a quienes trabajan en el hospital: "Cada profesional que deja de prestar funciones en el SAMIC implica una reducción en la capacidad de respuesta y en la oferta de atención disponible para la comunidad. Menos trabajadores significa menos posibilidades de atención, mayor sobrecarga para quienes permanecen y un impacto directo sobre los servicios que necesita la población".

"Resulta inadmisible que quienes sostienen diariamente el funcionamiento del sistema de salud tengan que enterarse mediante notificaciones individuales de decisiones que afectan su lugar de trabajo y que, además, pueden comprometer la atención sanitaria de toda la comunidad", señaló APROSA.

El gremio exigió explicaciones inmediatas sobre las decisiones adoptadas en el SAMIC y reclamó al Gobierno Provincial que garantice, sin dilaciones, la continuidad laboral en el Hospital Formenti de todos los trabajadores provinciales alcanzados por estas notificaciones. "La incertidumbre no puede recaer, una vez más, sobre los trabajadores", remarcaron.

"¿Cuál es el costo de estas decisiones? Cuando se reduce personal en un hospital, no solo se perjudica a quienes trabajan allí: también pierde la comunidad que depende de esos servicios", concluyó APROSA.

Desde Fesprosa acompañan el reclamo de su organización de base en Santa Cruz y exigen al gobierno provincial y al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, una respuesta inmediata que garantice la continuidad laboral de los trabajadores y la atención sanitaria de la comunidad.

FESPROSA pone a disposición de los medios a Andrea Pérez, secretaria general de APROSA, y a Juan Carlos Ponce, miembro de la comisión directiva de APROSA.

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FESPROSA rechaza la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio, investigadora del INTA

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) rechazó el proceso de exoneración que avanza contra la Dra. Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a raíz de su participación en un estudio internacional que detectó la presencia de agrotóxicos en sangre y orina de población argentina.

"Nuevamente, el agronegocio presiona a los organismos científicos para evitar que se sepa la verdad", expresaron desde FESPROSA y detallaron que el propio IARC, el instituto que recopila todas las investigaciones mundiales sobre distintas causas de cáncer, ya señaló en 2015: “El glifosato es potencialmente cancerígeno, y eso ha significado que muchos países de Europa y de América lo hayan prohibido”. "Pero Argentina tiene el récord mundial de utilización de glifosato, además de un conjunto de agrotóxicos, herbicidas y plaguicidas que se utilizan en el cultivo de soja y maíz transgénicos, frutales, hortalizas y otros cultivos", señalaron.

Desde la federación trazaron además un paralelo histórico: "El pionero, y en honor de quien celebramos el día de la ciencia digna, Andrés Carrasco, en sus investigaciones básicas ya había demostrado el daño para la salud humana que conlleva el uso masivo de los agrotóxicos". "Carrasco fue perseguido, y esa persecución que se desarrolló durante una administración progresista, hoy se replica en el caso de la Dra. Virginia Aparicio", afirmaron.

Sobre el trabajo de la investigadora, FESPROSA explicó: "Ella demostró, en un trabajo conjunto con 10 países europeos, que los herbicidas y otros venenos circulan por la sangre de la población rural y urbana de la Argentina. Y que la concentración de estos plaguicidas supera hasta en un 50% la concentración encontrada en los países europeos".

La federación relató el origen del conflicto: "Durante el gobierno de Alberto Fernández, se le inició un sumario por presión de las sojeras para evitar que la difusión de estos resultados afecte la marcha 'imparable' de nuestro modelo productivo en el agro. En particular, y por un compromiso de los investigadores, la Dra. Aparicio convocó a una reunión de los voluntarios para devolverles los resultados obtenidos. El INTA se lo prohibió. A partir de ello, se inicia el sumario de exoneración, a pesar de que ese organismo había autorizado y avalado el estudio, junto al resto de los países", agregaron.

Para FESPROSA, "la persecución sufrida por Andrés Carrasco, que es la persecución que sufren los investigadores de ciencia digna que osan levantar su voz contra los daños reales y comprobables de los agrotóxicos, tiene hoy un caso testigo en la censura y exoneración de la Dra. Aparicio. No podemos permitir que la voracidad de ganancias del capital pase por encima de la salud humana", concluyeron.

"Nuestra plena solidaridad con la Dra. Virginia Aparicio. No a su exoneración. Sí a la salud y a la ciencia digna", cerraron.

FESPROSA pone a disposición de los medios a María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, y Mirta Viola, secretaria de Salud y Medio Ambiente.

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FESPROSA exige la prórroga de la Ley de Emergencia Pediátrica antes de que el gobierno la deje caer el 21 de octubre

El próximo 21 de octubre vence la Ley de Emergencia Pediátrica (27.796), sancionada por el Congreso Nacional con la mayoría más amplia de la era democrática, que además rechazó los sucesivos vetos del Poder Ejecutivo Nacional.

A pesar de estar vigente (el propio Poder Ejecutivo condicionó por decreto su aplicación real a que el Congreso definiera el financiamiento), su contenido nunca se cumplió: no se actualizaron los salarios de las y los residentes ni de las y los trabajadores que atienden a la niñez en todo el país, y tampoco se concretó la exención de Ganancias para las horas y guardias extra del personal de salud. Para que la ley se cumpla de manera integral, lo primero es que no caduque: necesitamos su prórroga.

Junto al colectivo de discapacidad, a las y los universitarios y a todo el pueblo que exige el fin de las políticas de ajuste del gobierno libertario, el 21 de octubre volveremos a elevar la voz en todo el país por una salud pública de calidad, universal y con trabajadores con derechos, al servicio de todas y todos los argentinos.

FESPROSA pone a disposición de los medios a María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, y Jorge Yabkowski, secretario de organización de FESPROSA.

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Derrota de Weretilneck: la Justicia suspendió el fichado biométrico obligatorio en Salud de Río Negro

La Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar a la medida cautelar presentada por ASSPUR, organización de base de Fesprosa en Río Negro, resolviendo suspender la aplicación de la resolución n° 986/26-CPFP.

La Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), organización de base de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), y resolvió suspender la aplicación de la Resolución N° 986/26-CPFP del gobierno de Alberto Weretilneck, que había impuesto el control de asistencia mediante reconocimiento facial y geolocalización a los trabajadores de la salud pública provincial.

“ Es un fallo clave que demuestra la firmeza y legitimidad de nuestros reclamos en defensa de los derechos de las y los trabajadores”, celebró Cesira Mullaly, secretaria general de ASSPUR y secretaria gremial de FESPROSA, y agregó: “Este fallo es un paso determinante y un aval de la Justicia a la lucha que venimos sosteniendo colectivamente contra la imposición arbitraria sobre nuestros datos personales y nuestra privacidad”.

El fallo deja sin efecto, mientras dure la suspensión, la obligación de registrar la asistencia con este sistema y también las sanciones que la resolución preveía para quienes no se sometieran a él: apercibimientos por ausencias injustificadas, descuentos de haberes y sumarios. La medida rige hasta que se agote la vía administrativa iniciada por ASSPUR, que continúa su curso.

Desde la conducción nacional de Fesprosa, Jorge Yabkowski destacó el alcance del fallo más allá de Río Negro: "Cada vez que un gremio de base logra frenar en la Justicia un atropello como este, gana toda la federación. Es la prueba de que la organización y la defensa de nuestros derechos es el camino".

ASSPUR remarcó que la vía administrativa sigue abierta y que la disputa de fondo no está saldada: "La pelea continúa. Pero este freno judicial demuestra que el camino es la organización y la defensa irrenunciable de nuestros derechos".

La federación saludó el triunfo de ASSPUR y reafirmó su compromiso con la conducción federal de sus organizaciones de base en cada rincón del país. FESPROSA pone a disposición de los medios a Jorge Yabkowski, secretario de organización de FESPROSA.

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Semana de lucha y movilizaciones de las trabajadoras y los trabajadores de la salud en todo el país

FESPROSA participará durante los próximos días de distintas acciones en Tierra del Fuego, el Hospital Garrahan, el Hospital Posadas y Mendoza, en reclamo de salarios dignos, estabilidad laboral, negociación colectiva y libertad sindical. La Federación también será parte de un nuevo plenario del Frente de Sindicatos Unidos.

Las políticas de ajuste, precarización laboral y ataque a los derechos sindicales impulsadas por el Gobierno nacional y distintos gobiernos provinciales tuvieron durante los últimos días nuevas expresiones de resistencia de las y los trabajadores de la salud. La semana pasada, APTASCH-FESPROSA participó de la movilización multisectorial realizada en Chaco, mientras que el 9 de septiembre SIPROSA-FESPROSA llevó adelante una jornada de lucha en Tierra del Fuego.

Las acciones continuarán esta semana en distintos puntos del país.

El martes 15 de septiembre, FESPROSA participará de un nuevo plenario del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) en la sede de la Unión Obrera Molinera, donde se presentará el índice elaborado por el Frente sobre el costo de vida. Allí, la Federación ratificará el planteo realizado por su presidenta, María Fernanda Boriotti, durante el plenario realizado en Rosario: “El Frente de Sindicatos Unidos está para apoyar cada una de las luchas y unirlas en la perspectiva de un paro general que le ponga límites a las políticas reaccionarias, antisindicales y antiobreras del gobierno libertario. Una huelga que ayude a alumbrar una nueva época en lo económico, en lo social y en lo político en nuestro país”.

El miércoles 16, en Tierra del Fuego, SIPROSA realizará una nueva jornada provincial en los hospitales de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, en reclamo de salarios dignos, negociación colectiva y defensa del régimen full time.

Ese mismo miércoles, a las 13 horas, FESPROSA participará del abrazo al Hospital Garrahan convocado por la Asociación de Profesionales y Técnicos y el Cabildo Abierto. La actividad será en defensa de la libertad sindical y contra las medidas dirigidas a quienes encabezan el conflicto, entre ellas el intento de cesantía de Norma Lezana.

El sábado 19, FESPROSA será parte, junto a la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, de la columna de salud que marchará desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en el marco de la Marcha de la Bronca. Las y los trabajadores del Posadas continúan reclamando la reincorporación de los despedidos, libertad sindical y el pase a planta permanente de los miles de trabajadores precarizados del hospital.

Finalmente, el lunes 21 de septiembre, la Federación se hará presente en la Legislatura de Mendoza, donde AMPROS realizará una jornada de lucha y movilización por la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el pase a planta permanente de centenares de trabajadoras y trabajadores de la salud precarizados en la provincia.

FESPROSA ratifica su respaldo a cada una de estas luchas y sostiene la necesidad de articular los conflictos provinciales y nacionales en defensa de los salarios, la estabilidad laboral, la libertad sindical y un sistema público de salud con condiciones dignas para sus trabajadores.

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Discapacidad: crece la preocupación por los atrasos en los pagos y la continuidad de las prestaciones

Prestadores de distintas provincias denuncian demoras en los pagos, valores desactualizados y dificultades para sostener la atención. En San Luis, APTS advirtió sobre el impacto en profesionales, instituciones y familias y reclamó al Gobierno nacional que garantice el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La crisis que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad continúa afectando a profesionales e instituciones de distintas provincias, que denuncian atrasos en los pagos, dificultades para sostener sus actividades y riesgo de interrupción de tratamientos esenciales. El problema alcanza a terapistas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, transportistas e instituciones que dependen del circuito de financiamiento nacional.

Según denunciaron prestadores, las demoras en la cadena de pagos que involucra a obras sociales y prepagas, la Superintendencia de Servicios de Salud y organismos nacionales obligan a muchos trabajadores a sostener durante meses prestaciones que todavía no cobraron. A esto se suma el atraso de los valores del nomenclador frente al incremento de los costos.

Natalia Torre, secretaria de Discapacidad de APTS-San Luis, señaló que el problema también se siente con fuerza en la provincia y que no puede ser analizado únicamente como una dificultad de los prestadores. La demora repercute directamente en la posibilidad de sostener equipos de trabajo, traslados, alquileres, insumos y el funcionamiento cotidiano de los espacios que atienden a personas con discapacidad.

La situación de San Luis tiene antecedentes concretos. El propio Gobierno provincial debió disponer este año asistencia financiera para prestadores vinculados a Incluir Salud ante las demoras en la llegada de fondos nacionales, con el objetivo de evitar interrupciones en la atención. Para APTS, lo que ocurre en la provincia forma parte de un problema que atraviesa al sistema en todo el país.

La crisis se produce, además, mientras se encuentra vigente la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras con dos tercios de los votos después del veto del Poder Ejecutivo. La norma declaró la emergencia hasta fines de 2026 y estableció expresamente como responsabilidad del Gobierno nacional garantizar un financiamiento adecuado y sostenible, actualizar los aranceles y agilizar el pago de los montos adeudados a los prestadores.

Para Torre, las demoras actuales muestran que la responsabilidad central por la normalización del sistema sigue estando en Nación. No alcanza con actualizaciones parciales del nomenclador si los pagos no llegan en tiempo y forma y los valores continúan retrasados respecto de los costos reales. La continuidad de las prestaciones requiere que el Estado nacional cumpla efectivamente con las obligaciones establecidas por una ley que el Congreso sancionó precisamente para enfrentar esta emergencia.

El problema no es solamente financiero. Muchas prestaciones vinculadas a la discapacidad son tratamientos prolongados que requieren continuidad y regularidad. Cuando un profesional o una institución deja de poder sostenerlos, las consecuencias recaen directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias, y pueden significar retrocesos en procesos terapéuticos construidos durante meses o años.

Desde APTS-San Luis y Fesprosa remarcaron que garantizar los derechos de las personas con discapacidad implica también garantizar condiciones dignas para quienes sostienen diariamente las prestaciones. La regularización inmediata de los pagos, la recomposición de los aranceles y el cumplimiento integral de la Ley de Emergencia en Discapacidad son responsabilidades que el Gobierno nacional no puede seguir postergando.

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Los trabajadores de salud de las provincias retoman medidas de fuerza

Los gremios de FESPROSA en Chaco y Tierra del Fuego vuelven a profundizar sus reclamos ante el deterioro salarial, la falta de personal y la ausencia de respuestas de los gobiernos provinciales. APTASCH convoca a una movilización multisectorial en Resistencia, mientras SIPROSA mantiene asambleas y movilización permanente en toda Tierra del Fuego.

Los trabajadores y trabajadoras de la salud pública retoman las medidas de fuerza en distintas provincias del país. FESPROSA acompaña esta semana los reclamos de sus regionales en Chaco y Tierra del Fuego, donde los gremios denuncian pérdida salarial, precarización laboral, falta de recursos humanos y falta de respuestas de los gobiernos provinciales.

En Chaco, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública (APTASCH-FESPROSA) convocó a participar este miércoles de una movilización multisectorial a las 18:30 en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, junto a organizaciones de la Multisectorial y el Arco Gremial Docente. El sindicato denuncia que una parte importante de los trabajadores estatales percibe ingresos por debajo de la línea de indigencia y que la mayoría se encuentra por debajo de la línea de pobreza. También reclama respuestas frente a la precarización laboral, el endeudamiento creciente y las dificultades estructurales del sistema sanitario provincial.

Desde APTASCH cuestionaron además que el Gobierno provincial incremente las exigencias y controles sobre el personal sin avanzar en una recomposición salarial. Como ejemplo, señalaron que cerca del 90% de los nuevos contratos de servicios de expertos contempla salarios brutos cercanos a los 530 mil pesos, con ingresos de bolsillo apenas superiores a los 400 mil pesos. “No se puede exigir cada vez más compromiso y responsabilidad mientras la contraprestación son salarios de pobreza e incluso de indigencia”, advirtió el gremio.

En Tierra del Fuego, el Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA-FESPROSA) se mantiene en asamblea y movilización permanente ante la falta de respuestas del gobierno de Gustavo Melella. Las y los profesionales reclaman recomposición salarial, participación directa en las negociaciones paritarias, cobro de haberes en término y respuestas frente a la falta de personal y la creciente sobrecarga laboral en hospitales y centros de salud.

Como parte del plan de lucha, SIPROSA convocó asambleas en Tolhuin, Río Grande y Ushuaia para evaluar la continuidad y profundización de las medidas. El gremio advierte que el deterioro salarial y la falta de recursos humanos dificultan la permanencia y la incorporación de profesionales, en un contexto de creciente demanda sobre el sistema público de salud. 

FESPROSA ratifica su respaldo a APTASCH y SIPROSA y reclama a los gobiernos de Chaco y Tierra del Fuego respuestas urgentes. La Federación sostiene que la recomposición salarial, la estabilidad laboral, la participación de los gremios en las negociaciones y la incorporación de personal son condiciones indispensables para sostener sistemas públicos de salud de calidad.

FESPROSA pone a disposición de los medios a referentes nacionales y provinciales para ampliar esta información.

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FESPROSA en el Congreso de la APSS

El día jueves 3 de septiembre, Fesprosa participó de la mesa inaugural del Congreso de la Asociación de Profesionales del Servicio Social de CABA.

Fesprosa y APSS vienen compartiendo experiencias de lucha y construcción desde hace varios años: el Movimiento por el Derecho a la Salud, el Cabildo Abierto en defensa del Garrahan y la ley de emergencia pediátrica, el Frente de Gremios Estatales, son solo algunas de las experiencias de articulación que fueron destacadas por las anfitrionas del evento.

En el panel, Daniel Campione, abogado y politólogo, desarrolló la influencia del marco internacional, la ofensiva de las derechas y las armas que tiene hoy la clase trabajadora para enfrentar y revertir la oleada ultraconservadora. Matías Cremonte, docente universitario y referente nacional e internacional de los abogados laboralistas, hizo un repaso del impacto de la reforma laboral en las relaciones del trabajo en la Argentina.

FESPROSA, en la voz de su presidenta, María Fernanda Boriotti, hizo hincapié en  el desastre sanitario de los libertarianos, su impacto en las relaciones del trabajo en salud, los despidos, la rebaja salarial, la precarización laboral y los indicadores catastróficos en materia de mortalidad infantil, materna, mortalidad adicional de adultos mayores, suicidios, sífilis y tuberculosis. Frente a ello, repasó las luchas que viene llevando adelante el movimiento sanitario. Analizó a fondo la experiencia del Cabildo Abierto como una de las articulaciones que en la calle logró, al menos parcialmente, detener la ofensiva de destrucción del hospital Garrahan. 

Pero también nombró otras, como el Frente de Gremios Estatales y el Frente de Sindicatos Unidos, coaliciones para encontrar puntos de contacto entre las distintas experiencias, unidas por el programa común de enfrentamiento a la oleada ultraconservadora. Repasó luego la exitosa campaña “La Argentina no se va de la OMS”, y cómo se logró que la organización mundial no aceptara formalmente el pedido de retiro de la Argentina.

Cerró su intervención con un llamado a seguir buscando con determinación los puntos de coincidencia del movimiento sanitario y el movimiento popular para quebrar el ataque libertario. Mencionó allí el Encuentro Nacional de Salud, que venimos construyendo junto a las compañeras de Servicio Social, y más de 30 organizaciones. Instó a renovar la confianza en el encuentro colectivo.

La jornada transcurrió a sala llena, y las intervenciones fueron recibidas con gran entusiasmo, mostrando el conjunto de las mismas la posibilidad de encontrar  apoyos para, como dijo Fernanda en el cierre, lograr que los servicios públicos y los trabajadores contraataquen.

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