jueves, 19 de noviembre de 2026

Vaca Muerta no derrama ni en Vaca Muerta

Las regalías y el superávit no llegan a los salarios ni a los hospitales públicos de Río Negro y Neuquén: no es falta de recursos, es una decisión política.

Por Noemí Alemany* y Jorge Yabkowski**

¿Para qué sirve el boom petrolero si no llega a quienes sostienen los hospitales de las provincias donde se produce? Esa pregunta nos reunió el viernes 13 de noviembre en General Roca. Fesprosa, SiProSaPuNe y ASSPUR, junto con delegados de toda Río Negro presentes en el Congreso Ordinario y Extraordinario de nuestro gremio de base, nos juntamos para reclamar algo que hoy es evidente: Vaca Muerta no derrama, ni siquiera en sus propias provincias. La respuesta, como veremos, no es técnica: es política.

El amplio debate acerca de por qué los ingresos que produce el boom petrolero de Vaca Muerta no repercuten en el salario de los trabajadores ni en el sostén del sistema de salud pública tiene que ver con la misma estructura de la política extractivista. En efecto, el 70% de la producción de hidrocarburos hoy pasa por la producción de Vaca Muerta, según indicó la Secretaría de Energía. En septiembre de 2026, Vaca Muerta aportó 698.500 de los 973.700 barriles diarios de petróleo que produjo el país: el 71,7%. Ello genera no solo un autoabastecimiento energético sino un saldo exportable que impacta en la balanza comercial. Argentina, por primera vez en años, es superavitaria; sin embargo, aumentan la pobreza, la destrucción industrial, la marginación y caen los índices salariales y de salud de una manera vertical. ¿Cómo se explica?

La cuenta es sencilla. En los últimos meses, de los 21 mil millones de dólares generados por la balanza comercial, solo 4 mil millones han quedado en el sistema bancario y 17 mil millones han sido adquiridos por particulares, ya sea para atesoramiento o para turismo. Es decir que el saldo en dólares, al decir de un economista del establishment, termina en Punta Cana.

Las provincias, sin embargo, antes de que se dé este proceso de venta, atesoramiento y también pago de los saldos de la deuda externa, cobran regalías por la producción petrolera, lo cual implica, en lo formal, superávit en las cuentas provinciales. Río Negro y Neuquén son las dos únicas provincias que están en azul. Sin embargo, Neuquén arrastra una deuda con los proveedores de salud pública de miles de millones de pesos, cierran la mitad de las camas en el hospital de Plottier y los salarios en Río Negro de los trabajadores de la salud están por el piso, perdiendo el 24% frente a la inflación. Y esto es porque las decisiones de los gobiernos provinciales están muy lejos de fortalecer los sistemas públicos de salud, de educación y servicios a la comunidad.

Es decir que hay una decisión clara de seguir ajustando al sector público en consonancia con las políticas del gobierno nacional. Por ejemplo, las destruidas rutas nacionales, producto del abandono criminal del gobierno de Milei, no han sido reemplazadas por políticas viales de inversión en Río Negro, y la emblemática Ruta 22, que atraviesa el Alto Valle, sigue tan destruida como hace 20 años y sin continuidad en sus obras. El ejemplo de la Ruta 22, del Hospital de Plottier, de la falta de insumos, de los salarios por el piso, indica que, aun siendo partícipe minoritario de las ganancias de Vaca Muerta, también los gobiernos provinciales de Rolando Figueroa y de Alberto Weretilneck optaron por el ajuste contra el pueblo y los trabajadores.

La salud no puede ser variable de ajuste: ni cuando el Gobierno nacional recorta, ni cuando las provincias reciben regalías y no las vuelcan al sistema público. Por eso exigimos que los recursos que genera Vaca Muerta se traduzcan en salarios dignos para quienes sostienen los hospitales y centros de salud, en la cobertura de los cargos vacantes y en el funcionamiento pleno de los servicios de salud. Eso también es soberanía sanitaria: que las decisiones sobre los recursos energéticos de las provincias se tomen pensando en el derecho a la salud de quienes viven en ellas.

La reunión de General Roca mostró, además, la fuerza de una construcción federal: trabajadoras y trabajadores de Río Negro y Neuquén, desde sus propios territorios, poniendo en común una misma pregunta y una misma exigencia. Mientras el ajuste se presenta como una fatalidad, la organización de los equipos de salud demuestra que hay otro camino. Porque Vaca Muerta no derrama ni siquiera en Vaca Muerta.

Publicada originalmente en Tiempo Argentino.

*Secretaria General de Fesprosa

**Secretario de Organización de Fesprosa

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Fesprosa en el 75° Congreso Aceitero y Desmotador: “Un 2027 movilizado y programático”

En el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, en Rosario, la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, llevó la posición de la Federación al plenario del Frente de Sindicatos Unidos: un balance sin concesiones de estos años de lucha, una lectura del escenario internacional y un programa concreto para el movimiento obrero de cara a 2027.

Con la voz de su Presidenta, Fesprosa intervino en el plenario del FreSU realizado en el marco del Congreso de la Federación Aceitera y Desmotadora. Allí se presentó el Índice FreSU, que calcula cuánto debería ser el Salario Mínimo Vital y Móvil para cubrir las nueve necesidades que fijan el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

El resultado: en octubre, una trabajadora o un trabajador necesitó $3.251.462. Es más de ocho veces el salario mínimo actual, el más bajo de la historia argentina.

Los números del despojo son contundentes. Desde la asunción de Javier Milei, el conjunto de los asalariados perdió más de 78,5 billones de pesos en ingresos acumulados. Respecto a noviembre de 2023, los salarios reales del sector público cayeron 21% y los del sector privado, 7%. En promedio, cada trabajador estatal perdió $17.454.606 y cada trabajador privado, $3.342.251. 

En este contexto, Boriotti comenzó con un balance sobre la presencia obrera en las calles. “Venimos de tres años de lucha contra un gobierno de ultraderecha y, si bien hemos dado importantes batallas, no pudimos frenar la Ley Bases, no pudimos derogar el 70/23”, advirtió. Se aprobó la reforma laboral y los ingresos retrocedieron en todos los sectores: trabajo informal, convenios, estatales y jubilaciones.

“La uberización creciente y el aumento de la deuda de las familias completan un cuadro social desolador”, denunció Boriotti.

El balance incluyó una crítica directa a quienes eligieron no ocupar las calles. La Presidenta de la Federación sostuvo que fracasó la estrategia de adaptarse sin luchar contra el gobierno libertario. “A nosotros no nos alcanzó con nuestra pelea”, reconoció, “pero la diferencia es clara: unos dieron la pelea y otros se entregaron”.

En el plano internacional, Boriotti destacó que la coyuntura mundial que perjudicó a los trabajadores en los años anteriores hoy puede ser favorable. “La derrota de Trump es un golpe mortal a esa manifestación de la ultraderecha”, afirmó Boriotti, y enumeró otros reveses: Orbán en Hungría, Netanyahu, Bolsonaro, Vučić en Serbia.

La clave, subrayó, es que ninguna de esas derrotas fue espontánea. “Hubiesen sido imposibles sin los millones de ciudadanos que salieron a las calles”, como en la segunda vuelta de Brasil o en las elecciones serbias. En Estados Unidos, las movilizaciones “No Kings” contra el ICE y por salud y vivienda para todos “convirtieron el voto castigo en una paliza de nocaut”. El resultado, concluyó, es que Milei quedó “huérfano en medio del fracaso del trumpismo y los tecnomagnates que lo sostienen”.

En ese sentido, la Presidenta de Fesprosa apuntó al 2027. “Dos tercios del país rechazan a Milei y su gobierno”, recordó Boriotti, “y el movimiento obrero es parte de esa mayoría”. Y aclaró que FeSProSA no apuesta “a una alternativa suave, a un voto por descarte, al malmenorismo, a la desmovilización”.

“Sin calle”, advirtió, “la mejor alternativa electoral puede terminar siendo una continuidad encubierta del plan económico, porque el establishment ya busca cómo adaptarse. Es lo que hoy se llama blairización: la continuidad laborista del ajuste que Tony Blair sostuvo después del thatcherismo”.

Por eso, la Federación retomó el programa que el Frente de Gremios Estatales presentó al FreSU a comienzos de este año. Son medidas inmediatas de gobierno que se exigen a quien asuma la presidencia:

  • Derogar el DNU 70/23, la Ley Bases, la reforma laboral y el protocolo represivo.

  • Impuesto a las grandes fortunas para recuperar el salario que se llevaron los millonarios, para empezar a niveles de noviembre de 2023.

  • Cumplimiento efectivo de las leyes de financiamiento universitario, discapacidad y emergencia pediátrica.

  • Reincorporación de los 80 mil estatales despedidos.

  • Política exterior de paz, solidaridad latinoamericana y condena absoluta del genocidio en Gaza.

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lunes, 16 de noviembre de 2026

Fesprosa acompañará mañana la movilización de residentes de CABA, provincia de Buenos Aires y de los hospitales nacionales

Las residencias de CABA, de la provincia de Buenos Aires y de los hospitales nacionales realizarán mañana una movilización conjunta, en reclamo de un salario que cubra la canasta familiar de consumos básicos y de mejores condiciones de trabajo.

La concentración será a las 10:30 horas en la Casa de la Provincia, desde donde partirá la marcha hacia el Obelisco. Allí, los residentes prevén encontrarse con las columnas de jubilados que realizan sus habituales movilizaciones de los miércoles.

El conflicto de las y los residentes de CABA y de la provincia de Buenos Aires lleva ya varias semanas, sin respuestas por parte de los gobiernos de ambas jurisdicciones. A esa lucha se suman ahora las residencias del ámbito nacional, con lo que los tres colectivos de residentes llegan unidos a la movilización.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) manifestó su apoyo a las medidas de acción gremial de los tres colectivos y anunció que estará presente en la concentración del miércoles.

Para la Federación, el reclamo de las residencias es parte de la defensa del derecho a la salud: quienes se forman y sostienen buena parte de la atención en los hospitales públicos necesitan un salario que les permita vivir y condiciones de trabajo dignas. Fesprosa reafirmó, además, que la salud pública no puede ser variable de ajuste y que la respuesta no puede seguir demorándose.

Fesprosa pone a disposición de los medios a María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, y a Jorge Yabkowski, secretario de organización.

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viernes, 13 de noviembre de 2026

Vaca Muerta no derrama ni en Vaca Muerta

La producción petrolera crece, pero el sistema público de salud de Neuquén y Río Negro está roto.

Fesprosa, junto a sus sindicatos de base SiProSaPuNe (Neuquén) y ASSPUR (Río Negro), denuncia que las ganancias generadas de Vaca Muerta no llega a los hospitales ni a las familias trabajadoras de las provincias que la explotan.

La extracción de petróleo marcó un récord con 973 mil barriles diarios en septiembre de 2026; en el mismo semestre, la pobreza alcanzó el 32,3% a nivel nacional. Detrás de los discursos oficiales sobre el “boom energético” y las proyecciones exportadoras, hay una brecha dolorosa: hidrocarburos transitan por nuestras rutas y costas, pero el mentado “efecto derrame” jamás llega a los hospitales ni al bolsillo de las familias trabajadoras.

Es que Vaca Muerta no derrama ni en Vaca Muerta: 

Neuquén. La propaganda del Gobierno de Rolando Figueroa pretende mostrar una provincia donde todo funciona de maravillas, pero la realidad de la salud pública neuquina está muy lejos de ese relato. En la provincia de Vaca Muerta, el sistema público atraviesa una profunda crisis. No son problemas aislados: es un deterioro que compromete la capacidad de respuesta y pone en riesgo el derecho a la salud. Plottier, una de las ciudades de mayor crecimiento demográfico, es un ejemplo contundente. En menos de 15 días, pacientes que requerían derivación urgente debieron permanecer intubados más de cuatro horas en la guardia, con una red de referencia y contrarreferencia seriamente deteriorada, fragmentada y burocratizada. Se redujo el número de camas por falta de nombramientos de enfermería. Faltan insumos, medicamentos y reactivos, y los proveedores reclaman deudas millonarias que comprometen el abastecimiento. El Gobierno provincial debe responder.

Río Negro. Detrás de los anuncios del gobierno provincial de Weretilneck sobre el Oleoducto Vaca Muerta Sur y el desarrollo industrial, la economía extractiva impone alquileres, alimentos y servicios atados al “dólar petrolero”, mientras el sistema público sufre un vaciamiento progresivo y sistemático. El presupuesto recortado y la escasez de recursos humanos ya son una constante: faltan decenas de agentes, y el equipamiento y los insumos están lejos de lo deseable, con ausencia de equipos básicos e instalaciones seguras. Hay déficit de enfermería en Viedma y Bariloche, localidades enteras sin cobertura de ginecología y pediatría, y hospitales donde sostener una terapia intensiva a pleno o cubrir guardias y traslados es un desafío diario. Se reducen consultorios y horas de atención porque los profesionales dejan el sistema o pasan a part-time para compensar los magros salarios.

Salarios. En Río Negro, la pérdida acumulada del poder adquisitivo bajo las gestiones de La Libertad Avanza a nivel nacional y Weretilneck en la provincia supera el 24%. Los sueldos de ingreso en la salud provincial rondan $1,5 millones, mientras la Junta Interna de ATE-INDEC señala que un hogar tipo necesita más de $2,6 millones, y la Canasta Básica Total oficial marca el encarecimiento desmedido de la vida en la Patagonia. En Neuquén, el salario deteriorado no cubre el costo de vida en una de las provincias más caras del país. La sobrecarga de trabajo y la falta de reconocimiento empujan a muchos profesionales a abandonar el sector público.

El modelo. El extractivismo hidrocarburífero deja impactos ambientales de largo plazo y una inflación local insostenible, sin contraprestación en infraestructura social básica. La explotación de recursos no renovables es una lógica transitoria: cuando los capitales privados agotan el recurso o reducen su rentabilidad, se retiran y dejan un territorio devastado. 

En este contexto, no hay sistema de salud posible sin profesionales, sin salarios dignos, sin insumos, sin infraestructura y sin una red sanitaria integrada que funcione. No alcanza con los anuncios, las estadísticas ni la propaganda oficial. No vamos a naturalizar el deterioro.

Por ello, exigimos:

  • La apertura inmediata de la paritaria sectorial de salud en Río Negro y espacios de participación sindical en Neuquén.
  • Salarios iniciales que respondan al costo real de la vida.
  • Un presupuesto adecuado para sostener el sistema sanitario.
  • Nombramientos de enfermería, insumos, medicamentos y reactivos, y el pago de las deudas con proveedores.

¡Que el famoso BOOM energético no termine por reventar nuestros hospitales y centros de salud!

LA SALUD PÚBLICA NO PUEDE SEGUIR ESPERANDO. 

POR UNA SALUD PÚBLICA GRATUITA Y DE CALIDAD PARA NEUQUINOS Y RIONEGRINOS, Y POR CONDICIONES Y SALARIOS DIGNOS PARA SUS TRABAJADORES.

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jueves, 12 de noviembre de 2026

Encuentro Nacional de Salud: documento final

Por una salud pública, gratuita, universal y de calidad. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos trabajadoras y trabajadores del primer nivel de atención, de hospitales (nacionales, provinciales y municipales), de residencias y de equipos comunitarios; organizaciones de personas afectadas por distintas problemáticas de salud; redes de usuarios del sistema público; asociaciones de profesionales y técnicos; trabajadoras comunitarias, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas y de base, entre otros colectivos comprometidos con la defensa de la salud pública. 

Nos pronunciamos contra el vaciamiento del sistema sanitario, por una vida digna para todas, todos y todes.

CONTEXTO 

En Argentina, atravesamos un proceso de profundo desfinanciamiento del sistema público de salud, acompañado por el avance de la privatización y la mercantilización de la atención. Este escenario amenaza con profundizar las desigualdades sociales y territoriales, debilitar las redes públicas y comunitarias de cuidado y transformar progresivamente la salud, de un derecho humano fundamental, en una mercancía. 

En 2024, según GEP y ALAP, fueron 60 los pacientes fallecidos en la disuelta Dirección Nacional de Asistencia Directa por situaciones de emergencias (DADSE) por la falta de entrega de medicamentos. En 2025, fueron 111 los fallecidos por el Fentanilo contaminado (Juzgado Federal de La Plata enero/26). Fueron miles las personas de los distintos programas a los cuales durante toda la gestión Milei y el Ministro Lugones se les retacearon los recursos para atender su salud y cuidar su vida. Lamentablemente, en las provincias, la mayoría de los gobernadores replicaron la misma política. 

La tragedia del Fentanilo contaminado muestra el costo de no contar con un sistema de calidad y seguridad del paciente. La ley 27.797 (Ley Nicolás), que establece protocolos de calidad, auditorias y otras medidas, no fue reglamentada según solicitaron diversas organizaciones, respondiendo el gobierno con una propuesta que deja de lado sus contenidos centrales. 

Desde recién asumido este gobierno hemos redoblado nuestra presencia en las calles. Enfrentamos el protocolo anti piquetes de Patricia Bullrich desde el 20 de diciembre del 2023 cuando se anunció el DNU 70/23 y fuimos miles en las calles defendiendo el derecho elemental a la protesta con manifestaciones, asambleas y cacerolazos.

También llenamos las calles en las marchas los 8 de marzo “Día Internacional de las mujeres trabajadoras”, contra el patriarcado y en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades. En particular, fuimos parte de la multitud que se manifestó en todo el país el 24 de marzo de 2026, en el cincuenta aniversario del golpe contra el genocidio de la dictadura y en defensa de los derechos humanos. 

Desde inicios de 2025 nos organizamos contra la derogación de las Coordinaciones Nacionales de TBC, LEPRA y HEPATITIS dispuestas en el Decreto 1138/2024. 

Denunciamos el avance de políticas que afectan gravemente el derecho a la salud de la población, tales como la discontinuación del Programa REMEDIAR, en el marco de las políticas de ajuste y sin una alternativa que garantice prestaciones equivalentes. 

Rechazamos las políticas de discriminación hacia la comunidad migrante como en los casos de Salta, Jujuy, CABA, Mendoza y Santa Cruz. El DNU 366/2025 y la Resolución 1066/2026 que establecen el cobro en Hospitales Nacionales contrasta con la realidad. En 2024 solo uno de más de 17.000 egresos en el Posadas fue de una persona residente en otro país. 

Fuimos parte también de las luchas en los hospitales y centros de salud: en el Posadas, el Bonaparte y su lucha contra el cierre y el vaciamiento, en el Sommer, en el Instituto del Cáncer, el Ministerio de Salud y en las luchas de todas y cada una de las provincias de Jujuy a Tierra del Fuego, de Mendoza a Misiones. Participamos de las marchas organizadas por el Cabildo Abierto, en defensa del Garrahan, las residencias y la pelea que continúa por el reconocimiento profesional del colectivo de enfermería. También nos movilizamos por la baja de más de 900 mil salarios de los trabajadores de la economía popular, entre quienes se encuentran miles de despedidas promotoras de Salud Colectiva. 

Nos negamos a acostumbrarnos a que nuestras niñeces tengan hambre, que no completen las 4 comidas o tengan una alimentación de mala calidad. Nos negamos a acostumbrarnos a que no puedan iniciar las clases porque no se llegó a comprar el guardapolvo. Nos negamos a que les nieguen su identidad. Aquí estamos también en defensa de las infancias trans. 

El vaciamiento de las políticas públicas en salud afecta a las personas con discapacidad como usuarias y como ciudadanas. Así, se produjo un retroceso con el decreto 942/2025 que dispuso la disolución de la ANDIS. El organismo perdió autonomía y autarquía, para que, bajo la órbita de Salud, la discapacidad vuelva a ser tratada como un asunto médico y no como un derecho humano transversal, lo cual contradice la adopción en Argentina de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

El ataque a la salud mental incluye un proyecto de reforma de la ley reaccionario, cercenando los derechos de los pacientes y del equipo de salud ( Expediente 0099-PE-2026). A ello se suma el desfinanciamiento del sector y los intentos de vender los edificios donde funcionan los centros de atención. La angustia social no encuentra 

respuestas en este sistema de salud desfinanciado. El aumento de las patologías especificas se expresa en el crecimiento del número de suicidios, 5209 en 2025 un 22,6% más que en 2024, según el Sistema Nacional de Información Criminal. 

Según las regionales de FESPROSA, a partir de conversaciones con los ministros de salud provinciales, existe consenso en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), para avanzar contra el régimen de dedicación exclusiva (full time) poniendo en peligro su vigencia. A su vez centenares de profesionales dejan el sistema público buscando otros horizontes tanto en el país como en el extranjero. 

En CABA, además, el distrito proporcionalmente más rico de la Argentina, se comete una injusticia laboral desde hace años contra el colectivo de enfermería. Marchamos a la Legislatura porteña para exigir la aprobación del proyecto de su Inclusión en la Ley 6035 de carrera profesional. No siendo suficiente el atropello hacia Profesionales de Enfermería en esta nueva gestión el GCABA arremete contra las Licenciadas en Obstetricia con el análisis de números vacíos que acomoda a su gusto para fundamentar su accionar desde la baja tasa de la natalidad en un intento de enmascarar las políticas públicas de recorte y vaciamiento que impactan negativamente en niñeces, mujeres y disidencias. Asimismo ponen de manifiesto el entramado de poder que castiga a estas profesiones reconocidas por la comunidad pero no por quienes toman decisiones desde una perspectiva capitalista de la salud. Las becarias que sostienen los hospitales y centros de salud en la

Provincia de Buenos Aires desde la pandemia, comenzaron a organizarse y movilizar por el fin de la precarización laboral "sin enfermeras no hay hospital, precarizadas no vamos a trabajar" es su lema en cada marcha, es urgente que el gobierno de la PBA escuche el reclamo de pase a planta. 

Hoy el Presupuesto Nacional 2027 enviado al Parlamento profundiza el ajuste contra la salud pública, en particular recortando las transferencias bajo programa a las provincias. Entre enero y julio de 2026 las transferencias no automáticas sumaron 738.201 millones con una caída real del 83,2% respecto al mismo periodo de 2023 ( Politikon Chaco). Este ajuste, a la medida de las exigencias del FMI, privilegia el pago de la deuda externa a costa de la salud y la vida de la mayoría de los argentinos. La partida prevista para el Ministerio de Salud es de 10 billones de pesos, el gasto previsional total de 98 billones y el servicio de la deuda de 155 billones de pesos. 

Sabemos perfectamente que esta realidad no empezó con el gobierno de Milei, pero bajo esta gestión experimentó un agudo empeoramiento. Venimos de una larga crisis con fragmentación y desfinanciamiento del sistema, pero bajo esta gestión hubo un salto de calidad en su deterioro. Esta ofensiva contra las condiciones vida no hubiese sido posible sin el apoyo de Trump, de varios gobernadores, legisladores y grandes empresarios, amén de un sector de la dirigencia sindical que optó por abandonar la lucha contra la reforma laboral, el DNU 70/23 y el conjunto de los derechos de sus representados.  

En el plano internacional 

Exigimos que el gobierno respete las obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos. Destacamos que el acuerdo con EEUU contiene disposiciones que modifican de manera sustantiva el sistema jurídico argentino en materia de propiedad intelectual, con un impacto negativo directo en el acceso a medicamentos ya que afecta la sostenibilidad del gasto público en salud, la producción nacional y pública de medicamentos genéricos, la capacidad regulatoria del Estado y la autonomía del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) y ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).  

EL ACUERDO INCLUYE: 

a. La derogación de las pautas de patentabilidad de 2012 ( resoluciones conjuntas 118/2012,546/2012 y 107/2012) y de la Resolucion 283/2015 del INPI sobre invenciones biotecnológicas. Estas pautas impiden patentar modificaciones menores de medicamentos ya conocidos, una estrategia que prolonga monopolios y retrasa la llegada de genéricos  

b. El compromiso de protección de los datos de prueba compatible con el Tratado EEUU, Mejico y Canadá, que prevé cinco años de exclusividad. Durante ese lapso los laboratorios de genéricos no podrán apoyarse en estudios clínicos ya realizados para registrar sus productos  

c. La aceleración de trámites de patentes incluidas las farmacéuticas y biotecnológicas que acorta el tiempo de examen de cada solicitud y aumenta el riesgo de conceder patentes injustificadas d. Facultades de oficio a la Aduana para controlar mercancía en tránsito sospechada de infringir derechos de propiedad intelectual, lo que puede trabar el tránsito de genéricos. En definitiva, este acuerdo, compromete la Salud Pública, incrementa el gasto en medicamentos favoreciendo a las empresas multinacionales , debilita la capacidad para la producción nacional y pública, reduce la autonomía regulatoria, impone estándares ADPIC plus, y aumenta la dependencia tecnológica. 

Así también, rechazamos la decisión del Gobierno nacional de retirar a nuestro país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La pertenencia de la Argentina a la OMS ha sido un pilar estratégico para la vigilancia epidemiológica y sistemas de alerta temprana y la cooperación técnica frente a emergencias sanitarias. 

¡La Argentina sanitaria no se va de la OMS! 

Repudiamos la agresión de los gobiernos norteamericano e israelí, que son la principal causa de muerte en Gaza y el sur del Líbano. Desde el campo sanitario argentino exigimos poner fin a los asesinatos de trabajadores de la salud en las áreas de conflicto y un cese del fuego inmediato en camino a lograr una paz justa y duradera en la región. 

PROPUESTAS

Frente al deterioro del sistema público de salud, sostenemos que es indispensable recuperar y fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud de toda la población. 

Exigimos: 

1. Fortalecimiento del sistema público de salud con el financiamiento por rentas generales recomendado por OPS del 6% del PBI para la inversión en salud pública de Nación, Provincias y Municipios. No al arancelamiento y la privatización. 

2. Trabajo digno y fortalecimiento de los equipos de salud. Reclamamos la reincorporación de las personas despedidas, el pase a planta permanente del personal precarizado y salarios y condiciones de trabajo dignas, con prevención del desgaste laboral. Asimismo, exigimos el reconocimiento profesional, laboral y salarial de enfermería y el fortalecimiento de las residencias, como componentes esenciales de un sistema de salud de calidad. En ese camino peleamos por la prórroga y plena vigencia de la Ley de Emergencia Pediátrica. 

3. Acceso universal a medicamentos, tratamientos y tecnologías sanitarias. El Estado debe garantizar la disponibilidad continua y el acceso oportuno a medicamentos, vacunas, insumos y tratamientos, con especial atención a las personas que dependen de la provisión pública. Esto requiere fortalecer la producción pública de medicamentos, las capacidades regulatorias nacionales y las políticas de prevención, diagnóstico y vigilancia epidemiológica. 

4. Reclamamos el fortalecimiento de las áreas y los programas nacionales de salud, en particular aquellos vinculados con el VIH, las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis, las hepatitis virales, la salud mental, la salud sexual y reproductiva, las violencias por motivos de género, la discapacidad y los cuidados. La distribución de responsabilidades entre Nación, provincias y municipios debe estar acompañada de recursos suficientes, asistencia técnica y mecanismos de coordinación que eviten desigualdades territoriales y discontinuidades en la atención. 

5. Salud integral y protección de derechos. Exigimos políticas públicas que aborden los determinantes sociales de la salud y garanticen el acceso a la atención sin discriminación por motivos económicos, sociales, de género, discapacidad o condición migratoria. Esto supone fortalecer las políticas de prevención y promoción de la salud, la atención comunitaria y las prestaciones necesarias para garantizar la autonomía, la dignidad y la continuidad de los cuidados. 

6. Es necesario reinstalar y garantizar el financiamiento sostenido del Programa REMEDIAR sostenido por ley, asegurando el acceso gratuito y continuo a medicamentos esenciales, particularmente para las enfermedades crónicas, fortaleciendo la capacidad resolutiva del primer nivel.  

7. Luchamos por Soberanía sanitaria y regulación efectiva de los actores privados: prepagas, aseguradoras, industria farmacéutica y establecimientos de atención. Defendemos la capacidad del Estado para regular las actividades empresariales que inciden sobre el derecho a la salud. Fiscalización y reglas claras para pre pagas y Obras Sociales, con trasparencia de precios y cobertura. Peleamos por superar la fragmentación del sistema de salud en el camino de un sistema único que garantice acceso universal y salud gratuita para toda la población. 

8. Cooperación internacional y cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Reclamamos una política sanitaria internacional basada en la cooperación científica y técnica, el intercambio de información epidemiológica y el fortalecimiento de las capacidades públicas. 

No a la salida de la OMS. No a los acuerdos de patentes con EEUU.NO al PCT. 

Exigimos el respeto de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la protección de los servicios y trabajadores sanitarios en contextos de conflicto y el cumplimiento efectivo de las leyes que garantizan derechos y prestaciones de salud.

Estas propuestas requieren un modelo político que garantice políticas públicas sostenidas, presupuestos adecuados, transparencia en la gestión y mecanismos de participación y rendición de cuentas. Para ello proponemos y exigimos publicación periódica de las estadísticas sanitarias, de la ejecución presupuestaria en salud con monitoreos ciudadanos a partir de espacios formales con incidencia real. 

Finalmente, sabemos que tenemos que profundizar esta unidad en la diversidad que logramos hoy en la perspectiva de un Espacio Federal Permanente. Unidad entre nosotras/os y con todo el pueblo trabajador en defensa de un derecho fundamental: la salud pública, gratuita y de calidad para todas las personas. 

Sumate y que nuestra voz se haga escuchar en cada rincón del país, por una vida que merezca ser vivida para todas, todos y todes. 

UNIDAD EN LAS CALLES 

SALUD DERECHO DE TODOS Y DEBER DEL ESTADO 

SALUD UNIDA JAMÁS SERÁ VENCIDA 

ENCUENTRO NACIONAL DE SALUD - 31 DE OCTUBRE DE 2026

lunes, 2 de noviembre de 2026

Encuentro Nacional de Salud: en defensa de la salud pública y por la vida

La semana pasada se realizó el Encuentro Nacional de Salud en la sede de la UMET. Con la presencia de más de 500 asistentes de todo el país y la participación de invitados internacionales, como Michele Reyna y Chris Nielsen, dirigentes del National Nurses United (NNU), y Verónica Montufar de Ecuador, en representación de la ISP, Fesprosa fue una pieza fundamental de uno de los encuentros más relevantes de los últimos años.

El Encuentro Nacional de Salud, que tuvo lugar los días 30 y 31 de octubre, contó con tres mesas de debate ("⁠Salud y política: de Trump a Milei - el conflicto en las calles"; "La crisis sanitaria – indicadores y resistencias"; "Argentina 2027 – perspectivas e incertidumbres") y talleres sobre soberanía sanitaria y acceso a los medicamentos, salud mental, condiciones de trabajo, cuidados y mucho más.

El Encuentro fue un éxito rotundo, con la participación de más de 500 personas y destacados invitados internacionales. Asistieron trabajadoras y trabajadores del primer nivel de atención, de hospitales (nacionales, provinciales y municipales), de residencias y de equipos comunitarios; organizaciones de personas afectadas por distintas problemáticas de salud; redes de usuarios del sistema público; asociaciones de profesionales y técnicos; trabajadoras comunitarias, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas y de base, entre otros colectivos comprometidos con la defensa de la salud pública. Todos ellos participaron del Encuentro.

De izquierda a derecha: Chris Nilsen (NNU); Fernanda Boriotti (Fesprosa); Jorge Yabkowski (Fesprosa); Cintia Gambuti (Fesprosa); Michelle Reyna (NNU) y Verónica Montufar (ISP)

Del rico debate que surgió en las mesas y los talleres, se llegó a la siguiente declaración final:

"Argentina atraviesa un proceso de profundo desfinanciamiento del sistema público de salud, acompañado por el avance de la privatización y la mercantilización de la atención. Este escenario amenaza con profundizar las desigualdades sociales y territoriales, debilitar las redes públicas y comunitarias de cuidado y transformar progresivamente la salud, de un derecho humano fundamental, en una mercancía.

En el plano internacional, es urgente que el gobierno respete las obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos. El acuerdo con EE.UU. contiene disposiciones que modifican de manera sustantiva el sistema jurídico argentino en materia de propiedad intelectual, con un impacto negativo directo en el acceso a medicamentos, ya que afecta la sostenibilidad del gasto público en salud, la producción nacional y pública de medicamentos genéricos, la capacidad regulatoria del Estado y la autonomía del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) y ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Frente al deterioro del sistema público de salud, sostenemos que es indispensable recuperar y fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud de toda la población. Exigimos:

1. Fortalecimiento del sistema público de salud con el financiamiento por rentas generales recomendado por OPS del 6% del PBI para la inversión en salud pública de Nación, Provincias y Municipios. No al arancelamiento y la privatización.

2. Trabajo digno y fortalecimiento de los equipos de salud. Reclamamos la reincorporación de las personas despedidas, el pase a planta permanente del personal precarizado y salarios y condiciones de trabajo dignas, con prevención del desgaste laboral. Asimismo, exigimos el reconocimiento profesional, laboral y salarial de enfermería y el fortalecimiento de las residencias, como componentes esenciales de un sistema de salud de calidad. En ese camino peleamos por la prórroga y plena vigencia de la Ley de Emergencia Pediátrica.

3. Acceso universal a medicamentos, tratamientos y tecnologías sanitarias. El Estado debe garantizar la disponibilidad continua y el acceso oportuno a medicamentos, vacunas, insumos y tratamientos, con especial atención a las personas que dependen de la provisión pública. Esto requiere fortalecer la producción pública de medicamentos, las capacidades regulatorias nacionales y las políticas de prevención, diagnóstico y vigilancia epidemiológica.

4. Reclamamos el fortalecimiento de las áreas y los programas nacionales de salud, en particular aquellos vinculados con el VIH, las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis, las hepatitis virales, la salud mental, la salud sexual y reproductiva, las violencias por motivos de género, la discapacidad y los cuidados. La distribución de responsabilidades entre Nación, provincias y municipios debe estar acompañada de recursos suficientes, asistencia técnica y mecanismos de coordinación que eviten desigualdades territoriales y discontinuidades en la atención.

5. Salud integral y protección de derechos. Exigimos políticas públicas que aborden los determinantes sociales de la salud y garanticen el acceso a la atención sin discriminación por motivos económicos, sociales, de género, discapacidad o condición migratoria. Esto supone fortalecer las políticas de prevención y promoción de la salud, la atención comunitaria y las prestaciones necesarias para garantizar la autonomía, la dignidad y la continuidad de los cuidados.

6. Es necesario reinstalar y garantizar el financiamiento sostenido del Programa REMEDIAR sostenido por ley, asegurando el acceso gratuito y continuo a medicamentos esenciales, particularmente para las enfermedades crónicas, fortaleciendo la capacidad resolutiva del primer nivel.

7. Luchamos por Soberanía sanitaria y regulación efectiva de los actores privados: prepagas, aseguradoras, industria farmacéutica y establecimientos de atención. Defendemos la capacidad del Estado para regular las actividades empresariales que inciden sobre el derecho a la salud. Fiscalización y reglas claras para pre pagas y Obras Sociales, con trasparencia de precios y cobertura. Peleamos por superar la fragmentación del sistema de salud en el camino de un sistema único que garantice acceso universal y salud gratuita para toda la población.

8. Cooperación internacional y cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Reclamamos una política sanitaria internacional basada en la cooperación científica y técnica, el intercambio de información epidemiológica y el fortalecimiento de las capacidades públicas.

No a la salida de la OMS. No a los acuerdos de patentes con EE.UU. NO al PCT.

Exigimos el respeto de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la protección de los servicios y trabajadores sanitarios en contextos de conflicto y el cumplimiento efectivo de las leyes que garantizan derechos y prestaciones de salud.

Estas propuestas requieren un modelo político que garantice políticas públicas sostenidas, presupuestos adecuados, transparencia en la gestión y mecanismos de participación y rendición de cuentas. Para ello proponemos y exigimos publicación periódica de las estadísticas sanitarias, de la ejecución presupuestaria en salud con monitoreos ciudadanos a partir de espacios formales con incidencia real.

Finalmente, sabemos que tenemos que profundizar esta unidad en la diversidad que logramos en la perspectiva de un Espacio Federal Permanente. Unidad entre nosotras y nosotros y con todo el pueblo trabajador en defensa de un derecho fundamental: la salud pública, gratuita y de calidad para todas las personas".

martes, 27 de octubre de 2026

El triunfo de Lula y la derrota de la ultraderecha, un aliento para la Argentina

El triunfo de Lula da Silva y la derrota de la ultraderecha en las elecciones del país hermano son una victoria del pueblo brasileño que alienta las batallas que venimos dando en nuestro país contra la pesadilla libertaria.

El menú que la ultraderecha ha impuesto a nivel mundial se basa en políticas brutales de transferencia de los recursos de toda la sociedad hacia los billonarios, sin vacilar, para lograr sus objetivos, en romper las reglas de la convivencia internacional y de las instituciones democráticas.

En la Argentina, este triunfo nos alienta a seguir en la calle movilizados en defensa de nuestros derechos, batallando por una perspectiva que revierta el conjunto de las medidas económicas, sociales e institucionales que ha impuesto el gobierno de Javier Milei.

Por sobre todas las cosas, al igual que en Serbia, y esperemos también en las próximas elecciones de Estados Unidos, nos demuestra que la ultraderecha, por más que cuente con los recursos de los grandes magnates de las redes, del Estado, de los billonarios en general, puede ser derrotada a condición de que la movilización popular sea la que la enfrente.

Viva el pueblo brasileño.

Viva la unidad latinoamericana.

Viva la democracia.

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lunes, 26 de octubre de 2026

De Trump a Milei, las y los trabajadores de la salud le ponen un freno a la derecha

National Nurses United (NNU), el sindicato de enfermeras más grande de Estados Unidos, con más de 225 mil afiliados y una oposición frontal a las políticas de Trump, llega a Buenos Aires para el Encuentro Nacional de Salud convocado por FESPROSA y otras organizaciones. Estará disponible para entrevistas el 29 de octubre.

Mientras el gobierno de Donald Trump impulsa en Estados Unidos recortes que, según informó NNU, dejarán a millones de personas sin cobertura, el gobierno de Javier Milei avanza en Argentina con el ajuste sobre hospitales, salarios y programas sanitarios. Los dos gobiernos, además, están alineados: en octubre de 2025 Estados Unidos anunció un respaldo financiero de 20 mil millones de dólares a la Argentina. Del lado de quienes cuidan, las organizaciones de ambos países se preparan para encontrarse.

National Nurses United (NNU) participará del Encuentro Nacional de Salud, que se realizará los días 30 y 31 de octubre en la sede de la UMET, Sarmiento 2037, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una convocatoria que reúne a trabajadoras y trabajadores de la salud y a numerosas organizaciones sindicales y sociales de todo el país para discutir cómo defender el sistema público de salud.

Qué es National Nurses United

Fundada en 2009, NNU se define como el mayor sindicato y asociación profesional de enfermeras registradas de Estados Unidos y reúne a más de 225 mil miembros. Nació de la unión de asociaciones estatales de enfermería y hoy tiene afiliadas directas en California, Nueva York, Michigan, Minnesota y el Distrito de Columbia, y representa a enfermeras en centros de salud de más de veinte estados.

Su programa es explícito: lograr atención de salud accesible y de calidad para todas las personas como derecho humano. Para eso impulsa ampliar y actualizar el sistema público Medicare hasta cubrir a toda la población (la campaña "Medicare for All"), establecer por ley federal un número máximo de pacientes por enfermera —los llamados ratios de dotación segura—, garantizar protecciones frente a la violencia en los lugares de trabajo y exigir normas obligatorias de salud y seguridad ante enfermedades infecciosas.

Es además una organización que construye su fuerza desde los lugares de trabajo. Según sus propios comunicados, solo en octubre acompañó una concentración de enfermeras del Rush University Medical Center de Chicago para exigir un primer contrato con protección para el personal (22 de octubre), difundió el voto de desconfianza de las enfermeras del Houlton Regional Hospital, en Maine, hacia el director ejecutivo del hospital (21 de octubre) y denunció prácticas antisindicales durante una elección sindical en el MedStar Franklin Square, de Baltimore (16 de octubre). NNU integra, además, Global Nurses United, una federación de sindicatos de enfermería y de trabajadores de la salud de 35 países que se propone intensificar la lucha contra la austeridad, la privatización y los ataques a la salud pública.

Una oposición frontal a Trump

El enfrentamiento de NNU con el gobierno de Donald Trump está documentado en sus propios comunicados:

* El 3 de julio de 2025, al aprobarse la ley presupuestaria conocida como "One Big Beautiful Bill Act", el sindicato afirmó: "Los legisladores han firmado hoy, en la práctica, las sentencias de muerte de millones de personas" y la calificó como "uno de los días más oscuros en la historia de la salud en Estados Unidos". Advirtió que la norma quita fondos a hospitales comunitarios y a clínicas de salud reproductiva y deja a personas sin seguro médico.

* El 25 de marzo de 2026, NNU anunció que las enfermeras se sumarían a la tercera jornada de las protestas "No Kings" ("Sin reyes") contra lo que calificó como políticas autoritarias de la administración Trump. "Las enfermeras seguirán saliendo a las calles para proteger a nuestros vecinos", sostuvo Mary Turner, presidenta de NNU.

* El 20 de mayo de 2026, frente a un brote de ébola, el sindicato denunció: "El CDC bajo Trump vuela a ciegas, y eso es por diseño", y acusó a la administración de haber "tomado una maza" contra la infraestructura de salud pública durante el último año.

Fesprosa y NNU: una misma pelea

Para FESPROSA, la llegada de NNU al Encuentro no es un gesto protocolar. La Federación sostiene desde hace años que la salud es un derecho humano y no una mercancía, que la soberanía sanitaria es condición para ejercerlo y que quienes trabajan en los hospitales tienen que tener voz y salarios dignos. Esa agenda dialoga de manera directa con la de las enfermeras norteamericanas, y por eso FESPROSA se reconoce en esas luchas y las construye junto a ellas, con una mirada internacionalista y federal.

"Trump y Milei recorren el mismo camino: ajuste, privatización y la salud convertida en negocio. Del otro lado estamos quienes cuidamos, en Estados Unidos y en la Argentina, organizadas y organizados. Este Encuentro es parte de esa respuesta", señaló la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti.

Entrevistas

Para la prensa interesada, María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, y dos dirigentes de NNU estarán disponibles para entrevistas durante el día 29 de octubre, en Buenos Aires, que pueden realizarse en español ya que ambos hablan el idioma:

  • Michele Reyna, dirigente de la Sección California de la NNU
  • Cris Nielsen, responsable de formación a nivel nacional de la NNU
Más información sobre el Encuentro Nacional de Salud de Fesprosa: https://www.instagram.com/p/De92xAZkiMs/?hl=es

jueves, 22 de octubre de 2026

Fesprosa marchó en La Plata contra la precarización y los bajos salarios en salud: pase a planta, recomposición para residentes y presupuesto para hospitales

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) participó hoyde la marcha realizada en La Plata contra la precarización laboral y los bajos salarios, en defensa de la salud y la educación públicas.

La movilización fue convocada por sectores y seccionales combativas de ATE y CICOP y reunió a trabajadoras y trabajadores de hospitales, residentes, becarios, acompañantes terapéuticos y docentes. Entre los reclamos que llevaron a la calle figuran un salario de ingreso equivalente a la canasta básica familiar —que los convocantes calculan en $2.558.677 según ATE-INDEC—, el fin de la precarización y el fraude laboral con el pase a planta permanente de las y los becarios, la recomposición salarial para residentes con jornadas más humanas y sin guardias de 24 horas, y un presupuesto real para la salud pública que permita cubrir vacantes. También rechazaron el ajuste en los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal.

La participación de FESPROSA se suma a su presencia en las últimas semanas en el reclamo de las y los residentes bonaerenses. Según informó la federación, más de 500 residentes del conurbano y del interior de la provincia se movilizaron al Ministerio de Salud en La Plata y a la Casa de Gobierno para exigir recomposición salarial, y ese día ningún funcionario del Ministerio recibió a la Comisión Provincial de Residentes, organizadora de la medida.

"Los hospitales se sostienen con residentes mal pagos, becarios sin derechos y trabajadoras y trabajadores precarizados. Sin salarios dignos, sin contratos estables y sin presupuesto no hay salud pública posible, y eso vale para todos los niveles del Estado", señaló M. Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA.

Para la federación, los reclamos que hoy confluyeron en La Plata expresan una situación que se repite en el país: salarios que no alcanzan, contrataciones precarias y sistemas de salud sin los recursos necesarios, que recaen sobre quienes sostienen la atención todos los días. La federación reafirmó su defensa de la salud como un derecho humano, su compromiso con las y los trabajadores de la salud y la conducción federal de sus organizaciones de base en cada provincia del país.

FESPROSA pone a disposición de los medios a María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, y a Jorge Yabkowski, secretario de organización de FESPROSA.

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jueves, 15 de octubre de 2026

Presupuesto 2027: los números crecen, pero la salud pública sigue perdiendo

El Gobierno presenta el proyecto como una recuperación de la inversión sanitaria. Sin embargo, los cambios contables y administrativos ocultan un ajuste que continúa afectando a hospitales, programas preventivos, medicamentos y trabajadores de la salud.

Por María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa

El proyecto de Presupuesto 2027 del gobierno de Javier Milei pretende mostrar una recuperación de la inversión sanitaria. Sin embargo, cuando se comparan las partidas con lo ejecutado desde 2023 y se observa la situación de hospitales, centros de salud y programas preventivos, el panorama es diferente.

Un presupuesto no debe medirse solo por las cifras anunciadas, sino por su capacidad para garantizar medicamentos, tratamientos, profesionales e infraestructura. También importa cuánto se ejecuta: un recurso que no llega a tiempo puede significar una prestación suspendida.

El aumento que esconde el ajuste

El Gobierno proyecta para el Ministerio de Salud 10,46 billones de pesos frente a los 3,10 billones aprobados originalmente para 2026: un aumento nominal del 237,4%. Pero la comparación está distorsionada por la incorporación de los programas de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que antes tenía presupuesto propio.

Si se agregan a la base de 2026 los fondos ya asignados a Discapacidad, el crecimiento nominal comparable se reduce al 25,9%, según explica el medio El Auditor. Buena parte del supuesto salto responde, por lo tanto, a una modificación administrativa, no a recursos nuevos para la atención sanitaria.

El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) calculó que el Ministerio de Salud y sus organismos dependientes tendrían en 2027 recursos reales un 20,3% inferiores a los ejecutados en 2023.

La función presupuestaria Salud registra, en cambio, un crecimiento real respecto de 2023, pero una parte está asociada a las transferencias al PAMI. No corresponde confundir esa función con el financiamiento de los hospitales y programas dependientes del Ministerio.

Como advierte Jorge Yabkowski, secretario de Organización de Fesprosa, el presupuesto proyecta una estabilidad dentro del ajuste. Algunas partidas mejoran respecto de 2026, pero muchas siguen muy lejos de recuperar lo perdido desde 2023.

Hospitales debilitados y provincias sin recursos

Las pérdidas se observan en los hospitales nacionales. Según el análisis del OCEPP, para 2027 el Posadas tendría un presupuesto real 33,4% inferior al ejecutado en 2023; el Laura Bonaparte, especializado en salud mental, caería un 45,3%; y el Sommer y el Carrillo seguirían cerca del 30% por debajo. Estas reducciones condicionan guardias, equipamiento, medicamentos y dotaciones profesionales.

Siguiendo con los datos del informe, el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud tendría recursos reales un 81% inferiores a los de 2023. El retroceso golpea al federalismo sanitario: provincias y municipios deben sostener más prestaciones con menos respaldo de la Nación. Las jurisdicciones con menor capacidad económica quedan especialmente expuestas.

Menos medicamentos y prevención

Los recortes ya tienen antecedentes concretos. Durante 2024 y 2025 se redujeron los envíos nacionales de medicamentos e insumos a distintas provincias. En 2026, según el sitio Chequeado, el Plan Remediar tuvo un presupuesto real 72% inferior al ejecutado en 2023. Los tratamientos distribuidos pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025.

Son medicamentos esenciales para atender hipertensión, diabetes, infecciones y otras enfermedades frecuentes. Si faltan en los centros de salud, las personas deben comprarlos, interrumpir su tratamiento o llegar al hospital con complicaciones que podrían prevenirse.

Una investigación periodística del mismo medio en siete provincias documentó reducciones de entre el 38% y el 100% en el suministro nacional de determinados medicamentos e insumos, además de problemas con tratamientos oncológicos y reactivos de diagnóstico.

El programa de salud sexual y procreación responsable tendría en 2027 recursos reales casi 30% inferiores a los de 2023. A ello se suman el desmantelamiento del Plan ENIA y la caída de las entregas de preservativos y anticonceptivos, que llegaron a su nivel más bajo en una década.

Estos retrocesos ocurren frente a indicadores epidemiológicos preocupantes. Durante 2025 se notificaron 46.799 casos de sífilis, el valor más alto de la serie histórica, y 17.283 de tuberculosis. Son fenómenos multicausales: no corresponde atribuirlos automáticamente a una decisión presupuestaria, pero sí deberían impulsar más prevención, diagnóstico y tratamiento, no menos.

También se debilitan organismos esenciales: la ANMAT tendría en 2027 recursos reales un 23,6% inferiores a los de 2023 y la ANLIS-Malbrán, casi un 29% menos. Ambas instituciones cumplen funciones estratégicas de fiscalización, vigilancia epidemiológica e investigación.

Discapacidad y PAMI: los derechos detrás de las cifras

La incorporación de Discapacidad al Ministerio no garantiza una mejora efectiva de las prestaciones. Como detalla el informe de la OCEPP, el programa de atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, vinculado a Incluir Salud, tendría un presupuesto real 18% menor que en 2023 y 13,7% inferior al crédito vigente de 2026. Detrás de estas cifras hay personas que necesitan rehabilitación, medicamentos y continuidad en sus terapias.

En el PAMI persisten las denuncias por deudas con prestadores, dificultades para acceder a prestaciones y restricciones en la cobertura de medicamentos. Una asignación presupuestaria mayor no equivale automáticamente a una atención mejor. Cuando jubilaciones y salarios pierden poder adquisitivo, aumenta la necesidad de un sistema público capaz de responder.

Los trabajadores sostiene un sistema cada vez más exigido

Los salarios insuficientes, la precarización, el pluriempleo y las dificultades para cubrir guardias deterioran la atención. La crisis también se expresa en conflictos gremiales de distintas provincias.

En Tierra del Fuego, SIPROSA reclamó una recomposición salarial y defendió el régimen de dedicación exclusiva; en Santa Fe, SIPRUS exigió reabrir paritarias; en Santa Cruz, APROSA reclamó mejores salarios y estabilidad; y en Río Negro, ASSPUR denunció sanciones contra delegados y activistas. Las responsabilidades provinciales y nacionales son distintas, pero el efecto sobre la atención es compartido.

No existe un sistema sanitario fuerte con trabajadores empobrecidos ni puede sostenerse un hospital complejo apelando indefinidamente al esfuerzo de equipos cada vez más exigidos.

La salud no puede ser variante de ajuste

El Presupuesto 2027 no puede leerse como si los años anteriores no hubieran existido. Reconocer que algunas partidas aumentan no significa afirmar que el ajuste terminó. La recuperación debe juzgarse en términos reales, considerando las necesidades sanitarias y la efectiva ejecución de los recursos.

Desde Fesprosa exigimos recuperar el financiamiento perdido, garantizar medicamentos e insumos, fortalecer los hospitales públicos, restituir programas preventivos y asegurar las prestaciones de Discapacidad y del PAMI. Reclamamos también recomposición salarial, estabilidad laboral, cobertura de vacantes y una política federal con un Ministerio de Salud que asuma su responsabilidad como garante de derechos.

El resultado de un presupuesto no se mide por la cifra que anuncia un ministro. Se mide en las guardias que funcionan, los tratamientos que llegan a tiempo y las enfermedades que se previenen. La salud pública no es un gasto que pueda recortarse indefinidamente: es un derecho que el Estado debe garantizar.

Si aumentan la mortalidad infantil y materna, la sífilis, la tuberculosis, los suicidios y las muertes no esperables en adultos mayores; si después de la tragedia del fentanilo se desfinancia a la Anmat, no habrá dibujo de la Secretaria de Hacienda que pueda tapar la realidad epidemiológica. Esa realidad es la única verdad.

Nota publicada originalmente en Tiempo Argentino

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jueves, 8 de octubre de 2026

Movilización de trabajadores precarizados en La Rioja capital y Chilecito

En el día de hoy, 8 de octubre, trabajadores precarizados de Chilecito y de centros primarios de salud de la capital riojana se movilizaron para exigir al gobierno el pase a planta y el cumplimiento inmediato de la promesa de avanzar con la desprecarización laboral y el nombramiento de quienes se encuentran en esas condiciones.

En Chilecito, los trabajadores dieron una vuelta a la plaza central y luego se dirigieron al hospital.

En la capital, trabajadores de distintos CAPS se reunieron en el Centro Primario de Salud San Vicente para, posteriormente, movilizarse frente al establecimiento, ocupando la avenida.

El gobierno debe implementar un plan de desprecarización laboral, especialmente en un contexto en el que desde el gobierno nacional se promueven medidas que profundizan la inestabilidad laboral y perjudican a los trabajadores. Esta situación genera trabajadores de primera y de segunda, aun cuando realizan las mismas funciones.

Exigimos un plan de desprecarización laboral y que el Gobierno cumpla de manera inmediata con la promesa del pase a planta de numerosos trabajadores.

¡Pase a planta ya de todos los trabajadores precarizados de la salud de La Rioja!

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Fesprosa se movilizó junto a residentes del conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires

Más de 500 residentes del conurbano y del interior de la provincia de Buenos Aires se movilizaron hoy al Ministerio de Salud en La Plata y a la Casa de Gobierno, reclamando recomposición salarial.

Fesprosa acompañó la marcha junto a quienes sostienen todos los días los hospitales públicos.

Hasta este momento, ningún funcionario del Ministerio de Salud recibió a la Comisión Provincial de Residentes, organizadora de la medida de fuerza.

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Fesprosa estuvo presente en la provincia de Córdoba junto al FreSU

En el marco de un Encuentro de debate y formación del movimiento obrero, organizado por el Sindicato de Aceiteros de Tancacha y la Federación de Aceiteros, Fesprosa participó de la mesa del Frente de Sindicatos Unidos.

María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación, planteó tres ejes para la discusión:

  • La necesidad de ser autónomos para defender el programa de las y los trabajadores.
  • La valorización de la huelga y la movilización como herramientas necesarias.
  • La solidaridad con cada lucha.

En particular, se puso el foco en los paros y movilizaciones regionales que se están gestando en Rosario, Córdoba y otros puntos del país.

La salud pública se defiende junto al conjunto del movimiento obrero, con unidad, organización y presencia en cada provincia.

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miércoles, 30 de septiembre de 2026

La Rioja: APROSLAR volvió a exigir al gobernador Quintela que cumpla su promesa de pase a planta

Ayer, trabajadores y trabajadoras precarizados de la salud pública riojana se movilizaron en Chilecito y La Rioja capital, exigiendo el cumplimiento de la promesa de pase a planta asumida oportunamente por el gobernador Ricardo Quintela.

La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR), organización de base de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), conducida por su nuevo secretario general, José Rigacci. Además, desde el gremio denunciaron que, en Chamical, las y los trabajadores precarizados están recibiendo amenazas y hostigamiento por parte de la gestión de los hospitales y de la municipalidad para frenar los reclamos. 

"Seguimos exigiendo el cumplimiento de la promesa asumida oportunamente por el gobernador, Ricardo Quintela, una deuda pendiente con quienes sostienen diariamente servicios esenciales y aún esperan una respuesta concreta", señaló el gremio. "La dignidad de los trabajadores no puede seguir postergándose. Continuaremos acompañando y respaldando cada instancia de esta lucha hasta que los compromisos asumidos se hagan realidad", agregó APROSLAR, que cerró su comunicado con la consigna "La Lucha Continúa".

La movilización es parte de la recorrida que realiza APROSLAR, de la mano de su secretario Rigacci, por hospitales y asambleas, junto a las y los trabajadores precarizados, en un trabajo sostenido en el territorio para fortalecer el reclamo y mantenerlo activo de cara al gobierno provincial.

Ese reclamo tiene, además, un antecedente concreto: el pasado viernes 25 de septiembre, el gremio fue recibido en audiencia por el ministro de salud de la provincia, en un encuentro de más de una hora y media en el que APROSLAR entregó la nueva nómina de su comisión directiva y planteó tres reclamos centrales: un nuevo aumento salarial "por el desfasaje entre la inflación real y los aumentos salariales", una actualización del valor de la guardia, que "hace más de seis meses" no se incrementa ni acompañó el último aumento salarial, y un plan de pase a planta para el personal precarizado, que el propio gremio planteó como una necesidad urgente "a pesar de que desde Nación se impulsa la precarización laboral mediante leyes que perjudican a los trabajadores".

Sobre este último punto, la respuesta oficial fue que el gobernador "quiere pasar a todos los precarizados antes de terminar su mandato" y que ya existen ocho decretos de pase a planta redactados, a la espera de su firma. Según lo informado a APROSLAR, en esta primera etapa el pase alcanzaría a un número importante de enfermeras según antigüedad, y luego se emitiría un nuevo decreto para el personal de otras áreas, profesional y no profesional. Sobre los salarios, el gobierno provincial dijo estar evaluando un nuevo aumento antes de fin de año; sobre las guardias, dijo que ya elevó el pedido de incremento ante el Ministerio de Hacienda provincial.

En la misma reunión, el ministro se comprometió a que la provincia se hará cargo de la distribución de medicamentos en los centros de salud para los sectores más vulnerables, ante el retiro del programa nacional Remediar. Se trata de un movimiento que se repite en distintas provincias del país, a medida que Nación discontinúa la provisión directa de medicamentos esenciales a los centros de atención primaria y traslada ese costo a las administraciones provinciales, en un contexto de desfinanciamiento del sistema público de salud que FESPROSA viene señalando a nivel federal.

Para FESPROSA, la situación de APROSLAR expone un patrón que se repite en distintas provincias: promesas de pase a planta que se dilatan en el tiempo mientras la precarización laboral se sostiene, y un corrimiento de responsabilidades desde Nación hacia las provincias en materia de salud pública, sin el financiamiento que lo acompañe. La Federación reafirmó su respaldo a la lucha de APROSLAR y su compromiso con la conducción federal de sus organizaciones de base en cada provincia del país, y exigió que los compromisos asumidos con las y los trabajadores precarizados de la salud riojana se cumplan sin más demoras.

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