La Rioja: APROSLAR volvió a exigir al gobernador Quintela que cumpla su promesa de pase a planta

Ayer, trabajadores y trabajadoras precarizados de la salud pública riojana se movilizaron en Chilecito y La Rioja capital, exigiendo el cumplimiento de la promesa de pase a planta asumida oportunamente por el gobernador Ricardo Quintela.

La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR), organización de base de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), conducida por su nuevo secretario general, José Rigacci. Además, desde el gremio denunciaron que, en Chamical, las y los trabajadores precarizados están recibiendo amenazas y hostigamiento por parte de la gestión de los hospitales y de la municipalidad para frenar los reclamos. 

"Seguimos exigiendo el cumplimiento de la promesa asumida oportunamente por el gobernador, Ricardo Quintela, una deuda pendiente con quienes sostienen diariamente servicios esenciales y aún esperan una respuesta concreta", señaló el gremio. "La dignidad de los trabajadores no puede seguir postergándose. Continuaremos acompañando y respaldando cada instancia de esta lucha hasta que los compromisos asumidos se hagan realidad", agregó APROSLAR, que cerró su comunicado con la consigna "La Lucha Continúa".

La movilización es parte de la recorrida que realiza APROSLAR, de la mano de su secretario Rigacci, por hospitales y asambleas, junto a las y los trabajadores precarizados, en un trabajo sostenido en el territorio para fortalecer el reclamo y mantenerlo activo de cara al gobierno provincial.

Ese reclamo tiene, además, un antecedente concreto: el pasado viernes 25 de septiembre, el gremio fue recibido en audiencia por el ministro de salud de la provincia, en un encuentro de más de una hora y media en el que APROSLAR entregó la nueva nómina de su comisión directiva y planteó tres reclamos centrales: un nuevo aumento salarial "por el desfasaje entre la inflación real y los aumentos salariales", una actualización del valor de la guardia, que "hace más de seis meses" no se incrementa ni acompañó el último aumento salarial, y un plan de pase a planta para el personal precarizado, que el propio gremio planteó como una necesidad urgente "a pesar de que desde Nación se impulsa la precarización laboral mediante leyes que perjudican a los trabajadores".

Sobre este último punto, la respuesta oficial fue que el gobernador "quiere pasar a todos los precarizados antes de terminar su mandato" y que ya existen ocho decretos de pase a planta redactados, a la espera de su firma. Según lo informado a APROSLAR, en esta primera etapa el pase alcanzaría a un número importante de enfermeras según antigüedad, y luego se emitiría un nuevo decreto para el personal de otras áreas, profesional y no profesional. Sobre los salarios, el gobierno provincial dijo estar evaluando un nuevo aumento antes de fin de año; sobre las guardias, dijo que ya elevó el pedido de incremento ante el Ministerio de Hacienda provincial.

En la misma reunión, el ministro se comprometió a que la provincia se hará cargo de la distribución de medicamentos en los centros de salud para los sectores más vulnerables, ante el retiro del programa nacional Remediar. Se trata de un movimiento que se repite en distintas provincias del país, a medida que Nación discontinúa la provisión directa de medicamentos esenciales a los centros de atención primaria y traslada ese costo a las administraciones provinciales, en un contexto de desfinanciamiento del sistema público de salud que FESPROSA viene señalando a nivel federal.

Para FESPROSA, la situación de APROSLAR expone un patrón que se repite en distintas provincias: promesas de pase a planta que se dilatan en el tiempo mientras la precarización laboral se sostiene, y un corrimiento de responsabilidades desde Nación hacia las provincias en materia de salud pública, sin el financiamiento que lo acompañe. La Federación reafirmó su respaldo a la lucha de APROSLAR y su compromiso con la conducción federal de sus organizaciones de base en cada provincia del país, y exigió que los compromisos asumidos con las y los trabajadores precarizados de la salud riojana se cumplan sin más demoras.

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APROSA denuncia relocalizaciones forzadas de trabajadores del SAMIC El Calafate

Tras repudiar la situación que atraviesan los trabajadores provinciales que prestan funciones en el Hospital SAMIC El Calafate, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (APROSA), junto a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), exigieron explicaciones al Ministerio de Salud de la Nación y reclamaron al gobierno de Santa Cruz garantías de continuidad laboral.

Según denunció APROSA, los trabajadores percibieron en abril de este año solo el 20% del denominado "bono de recupero". Ahora, algunos de ellos están siendo notificados de que a partir del 1 de octubre deberán dejar de prestar funciones en el SAMIC y reintegrarse al Hospital Formenti, bajo el argumento de un proceso de "reorganización institucional y ordenamiento de las dotaciones de personal".

Las decisiones alcanzan a trabajadores provinciales que se desempeñan en el SAMIC en el marco de los acuerdos existentes y se están comunicando, según APROSA, "sin explicaciones previas, sin certezas sobre el alcance de la medida y sin que se haya informado formalmente cuál es la decisión adoptada por las autoridades del hospital del  respecto de estos trabajadores".

El gremio advirtió que la situación no afecta únicamente a quienes trabajan en el hospital: "Cada profesional que deja de prestar funciones en el SAMIC implica una reducción en la capacidad de respuesta y en la oferta de atención disponible para la comunidad. Menos trabajadores significa menos posibilidades de atención, mayor sobrecarga para quienes permanecen y un impacto directo sobre los servicios que necesita la población".

"Resulta inadmisible que quienes sostienen diariamente el funcionamiento del sistema de salud tengan que enterarse mediante notificaciones individuales de decisiones que afectan su lugar de trabajo y que, además, pueden comprometer la atención sanitaria de toda la comunidad", señaló APROSA.

El gremio exigió explicaciones inmediatas sobre las decisiones adoptadas en el SAMIC y reclamó al Gobierno Provincial que garantice, sin dilaciones, la continuidad laboral en el Hospital Formenti de todos los trabajadores provinciales alcanzados por estas notificaciones. "La incertidumbre no puede recaer, una vez más, sobre los trabajadores", remarcaron.

"¿Cuál es el costo de estas decisiones? Cuando se reduce personal en un hospital, no solo se perjudica a quienes trabajan allí: también pierde la comunidad que depende de esos servicios", concluyó APROSA.

Desde Fesprosa acompañan el reclamo de su organización de base en Santa Cruz y exigen al gobierno provincial y al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, una respuesta inmediata que garantice la continuidad laboral de los trabajadores y la atención sanitaria de la comunidad.

FESPROSA pone a disposición de los medios a Andrea Pérez, secretaria general de APROSA, y a Juan Carlos Ponce, miembro de la comisión directiva de APROSA.

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FESPROSA rechaza la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio, investigadora del INTA

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) rechazó el proceso de exoneración que avanza contra la Dra. Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a raíz de su participación en un estudio internacional que detectó la presencia de agrotóxicos en sangre y orina de población argentina.

"Nuevamente, el agronegocio presiona a los organismos científicos para evitar que se sepa la verdad", expresaron desde FESPROSA y detallaron que el propio IARC, el instituto que recopila todas las investigaciones mundiales sobre distintas causas de cáncer, ya señaló en 2015: “El glifosato es potencialmente cancerígeno, y eso ha significado que muchos países de Europa y de América lo hayan prohibido”. "Pero Argentina tiene el récord mundial de utilización de glifosato, además de un conjunto de agrotóxicos, herbicidas y plaguicidas que se utilizan en el cultivo de soja y maíz transgénicos, frutales, hortalizas y otros cultivos", señalaron.

Desde la federación trazaron además un paralelo histórico: "El pionero, y en honor de quien celebramos el día de la ciencia digna, Andrés Carrasco, en sus investigaciones básicas ya había demostrado el daño para la salud humana que conlleva el uso masivo de los agrotóxicos". "Carrasco fue perseguido, y esa persecución que se desarrolló durante una administración progresista, hoy se replica en el caso de la Dra. Virginia Aparicio", afirmaron.

Sobre el trabajo de la investigadora, FESPROSA explicó: "Ella demostró, en un trabajo conjunto con 10 países europeos, que los herbicidas y otros venenos circulan por la sangre de la población rural y urbana de la Argentina. Y que la concentración de estos plaguicidas supera hasta en un 50% la concentración encontrada en los países europeos".

La federación relató el origen del conflicto: "Durante el gobierno de Alberto Fernández, se le inició un sumario por presión de las sojeras para evitar que la difusión de estos resultados afecte la marcha 'imparable' de nuestro modelo productivo en el agro. En particular, y por un compromiso de los investigadores, la Dra. Aparicio convocó a una reunión de los voluntarios para devolverles los resultados obtenidos. El INTA se lo prohibió. A partir de ello, se inicia el sumario de exoneración, a pesar de que ese organismo había autorizado y avalado el estudio, junto al resto de los países", agregaron.

Para FESPROSA, "la persecución sufrida por Andrés Carrasco, que es la persecución que sufren los investigadores de ciencia digna que osan levantar su voz contra los daños reales y comprobables de los agrotóxicos, tiene hoy un caso testigo en la censura y exoneración de la Dra. Aparicio. No podemos permitir que la voracidad de ganancias del capital pase por encima de la salud humana", concluyeron.

"Nuestra plena solidaridad con la Dra. Virginia Aparicio. No a su exoneración. Sí a la salud y a la ciencia digna", cerraron.

FESPROSA pone a disposición de los medios a María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, y Mirta Viola, secretaria de Salud y Medio Ambiente.

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FESPROSA exige la prórroga de la Ley de Emergencia Pediátrica antes de que el gobierno la deje caer el 21 de octubre

El próximo 21 de octubre vence la Ley de Emergencia Pediátrica (27.796), sancionada por el Congreso Nacional con la mayoría más amplia de la era democrática, que además rechazó los sucesivos vetos del Poder Ejecutivo Nacional.

A pesar de estar vigente (el propio Poder Ejecutivo condicionó por decreto su aplicación real a que el Congreso definiera el financiamiento), su contenido nunca se cumplió: no se actualizaron los salarios de las y los residentes ni de las y los trabajadores que atienden a la niñez en todo el país, y tampoco se concretó la exención de Ganancias para las horas y guardias extra del personal de salud. Para que la ley se cumpla de manera integral, lo primero es que no caduque: necesitamos su prórroga.

Junto al colectivo de discapacidad, a las y los universitarios y a todo el pueblo que exige el fin de las políticas de ajuste del gobierno libertario, el 21 de octubre volveremos a elevar la voz en todo el país por una salud pública de calidad, universal y con trabajadores con derechos, al servicio de todas y todos los argentinos.

FESPROSA pone a disposición de los medios a María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, y Jorge Yabkowski, secretario de organización de FESPROSA.

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Derrota de Weretilneck: la Justicia suspendió el fichado biométrico obligatorio en Salud de Río Negro

La Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar a la medida cautelar presentada por ASSPUR, organización de base de Fesprosa en Río Negro, resolviendo suspender la aplicación de la resolución n° 986/26-CPFP.

La Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), organización de base de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), y resolvió suspender la aplicación de la Resolución N° 986/26-CPFP del gobierno de Alberto Weretilneck, que había impuesto el control de asistencia mediante reconocimiento facial y geolocalización a los trabajadores de la salud pública provincial.

“ Es un fallo clave que demuestra la firmeza y legitimidad de nuestros reclamos en defensa de los derechos de las y los trabajadores”, celebró Cesira Mullaly, secretaria general de ASSPUR y secretaria gremial de FESPROSA, y agregó: “Este fallo es un paso determinante y un aval de la Justicia a la lucha que venimos sosteniendo colectivamente contra la imposición arbitraria sobre nuestros datos personales y nuestra privacidad”.

El fallo deja sin efecto, mientras dure la suspensión, la obligación de registrar la asistencia con este sistema y también las sanciones que la resolución preveía para quienes no se sometieran a él: apercibimientos por ausencias injustificadas, descuentos de haberes y sumarios. La medida rige hasta que se agote la vía administrativa iniciada por ASSPUR, que continúa su curso.

Desde la conducción nacional de Fesprosa, Jorge Yabkowski destacó el alcance del fallo más allá de Río Negro: "Cada vez que un gremio de base logra frenar en la Justicia un atropello como este, gana toda la federación. Es la prueba de que la organización y la defensa de nuestros derechos es el camino".

ASSPUR remarcó que la vía administrativa sigue abierta y que la disputa de fondo no está saldada: "La pelea continúa. Pero este freno judicial demuestra que el camino es la organización y la defensa irrenunciable de nuestros derechos".

La federación saludó el triunfo de ASSPUR y reafirmó su compromiso con la conducción federal de sus organizaciones de base en cada rincón del país. FESPROSA pone a disposición de los medios a Jorge Yabkowski, secretario de organización de FESPROSA.

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Semana de lucha y movilizaciones de las trabajadoras y los trabajadores de la salud en todo el país

FESPROSA participará durante los próximos días de distintas acciones en Tierra del Fuego, el Hospital Garrahan, el Hospital Posadas y Mendoza, en reclamo de salarios dignos, estabilidad laboral, negociación colectiva y libertad sindical. La Federación también será parte de un nuevo plenario del Frente de Sindicatos Unidos.

Las políticas de ajuste, precarización laboral y ataque a los derechos sindicales impulsadas por el Gobierno nacional y distintos gobiernos provinciales tuvieron durante los últimos días nuevas expresiones de resistencia de las y los trabajadores de la salud. La semana pasada, APTASCH-FESPROSA participó de la movilización multisectorial realizada en Chaco, mientras que el 9 de septiembre SIPROSA-FESPROSA llevó adelante una jornada de lucha en Tierra del Fuego.

Las acciones continuarán esta semana en distintos puntos del país.

El martes 15 de septiembre, FESPROSA participará de un nuevo plenario del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) en la sede de la Unión Obrera Molinera, donde se presentará el índice elaborado por el Frente sobre el costo de vida. Allí, la Federación ratificará el planteo realizado por su presidenta, María Fernanda Boriotti, durante el plenario realizado en Rosario: “El Frente de Sindicatos Unidos está para apoyar cada una de las luchas y unirlas en la perspectiva de un paro general que le ponga límites a las políticas reaccionarias, antisindicales y antiobreras del gobierno libertario. Una huelga que ayude a alumbrar una nueva época en lo económico, en lo social y en lo político en nuestro país”.

El miércoles 16, en Tierra del Fuego, SIPROSA realizará una nueva jornada provincial en los hospitales de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, en reclamo de salarios dignos, negociación colectiva y defensa del régimen full time.

Ese mismo miércoles, a las 13 horas, FESPROSA participará del abrazo al Hospital Garrahan convocado por la Asociación de Profesionales y Técnicos y el Cabildo Abierto. La actividad será en defensa de la libertad sindical y contra las medidas dirigidas a quienes encabezan el conflicto, entre ellas el intento de cesantía de Norma Lezana.

El sábado 19, FESPROSA será parte, junto a la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, de la columna de salud que marchará desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en el marco de la Marcha de la Bronca. Las y los trabajadores del Posadas continúan reclamando la reincorporación de los despedidos, libertad sindical y el pase a planta permanente de los miles de trabajadores precarizados del hospital.

Finalmente, el lunes 21 de septiembre, la Federación se hará presente en la Legislatura de Mendoza, donde AMPROS realizará una jornada de lucha y movilización por la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el pase a planta permanente de centenares de trabajadoras y trabajadores de la salud precarizados en la provincia.

FESPROSA ratifica su respaldo a cada una de estas luchas y sostiene la necesidad de articular los conflictos provinciales y nacionales en defensa de los salarios, la estabilidad laboral, la libertad sindical y un sistema público de salud con condiciones dignas para sus trabajadores.

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Discapacidad: crece la preocupación por los atrasos en los pagos y la continuidad de las prestaciones

Prestadores de distintas provincias denuncian demoras en los pagos, valores desactualizados y dificultades para sostener la atención. En San Luis, APTS advirtió sobre el impacto en profesionales, instituciones y familias y reclamó al Gobierno nacional que garantice el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La crisis que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad continúa afectando a profesionales e instituciones de distintas provincias, que denuncian atrasos en los pagos, dificultades para sostener sus actividades y riesgo de interrupción de tratamientos esenciales. El problema alcanza a terapistas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, transportistas e instituciones que dependen del circuito de financiamiento nacional.

Según denunciaron prestadores, las demoras en la cadena de pagos que involucra a obras sociales y prepagas, la Superintendencia de Servicios de Salud y organismos nacionales obligan a muchos trabajadores a sostener durante meses prestaciones que todavía no cobraron. A esto se suma el atraso de los valores del nomenclador frente al incremento de los costos.

Natalia Torre, secretaria de Discapacidad de APTS-San Luis, señaló que el problema también se siente con fuerza en la provincia y que no puede ser analizado únicamente como una dificultad de los prestadores. La demora repercute directamente en la posibilidad de sostener equipos de trabajo, traslados, alquileres, insumos y el funcionamiento cotidiano de los espacios que atienden a personas con discapacidad.

La situación de San Luis tiene antecedentes concretos. El propio Gobierno provincial debió disponer este año asistencia financiera para prestadores vinculados a Incluir Salud ante las demoras en la llegada de fondos nacionales, con el objetivo de evitar interrupciones en la atención. Para APTS, lo que ocurre en la provincia forma parte de un problema que atraviesa al sistema en todo el país.

La crisis se produce, además, mientras se encuentra vigente la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras con dos tercios de los votos después del veto del Poder Ejecutivo. La norma declaró la emergencia hasta fines de 2026 y estableció expresamente como responsabilidad del Gobierno nacional garantizar un financiamiento adecuado y sostenible, actualizar los aranceles y agilizar el pago de los montos adeudados a los prestadores.

Para Torre, las demoras actuales muestran que la responsabilidad central por la normalización del sistema sigue estando en Nación. No alcanza con actualizaciones parciales del nomenclador si los pagos no llegan en tiempo y forma y los valores continúan retrasados respecto de los costos reales. La continuidad de las prestaciones requiere que el Estado nacional cumpla efectivamente con las obligaciones establecidas por una ley que el Congreso sancionó precisamente para enfrentar esta emergencia.

El problema no es solamente financiero. Muchas prestaciones vinculadas a la discapacidad son tratamientos prolongados que requieren continuidad y regularidad. Cuando un profesional o una institución deja de poder sostenerlos, las consecuencias recaen directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias, y pueden significar retrocesos en procesos terapéuticos construidos durante meses o años.

Desde APTS-San Luis y Fesprosa remarcaron que garantizar los derechos de las personas con discapacidad implica también garantizar condiciones dignas para quienes sostienen diariamente las prestaciones. La regularización inmediata de los pagos, la recomposición de los aranceles y el cumplimiento integral de la Ley de Emergencia en Discapacidad son responsabilidades que el Gobierno nacional no puede seguir postergando.

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Los trabajadores de salud de las provincias retoman medidas de fuerza

Los gremios de FESPROSA en Chaco y Tierra del Fuego vuelven a profundizar sus reclamos ante el deterioro salarial, la falta de personal y la ausencia de respuestas de los gobiernos provinciales. APTASCH convoca a una movilización multisectorial en Resistencia, mientras SIPROSA mantiene asambleas y movilización permanente en toda Tierra del Fuego.

Los trabajadores y trabajadoras de la salud pública retoman las medidas de fuerza en distintas provincias del país. FESPROSA acompaña esta semana los reclamos de sus regionales en Chaco y Tierra del Fuego, donde los gremios denuncian pérdida salarial, precarización laboral, falta de recursos humanos y falta de respuestas de los gobiernos provinciales.

En Chaco, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública (APTASCH-FESPROSA) convocó a participar este miércoles de una movilización multisectorial a las 18:30 en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, junto a organizaciones de la Multisectorial y el Arco Gremial Docente. El sindicato denuncia que una parte importante de los trabajadores estatales percibe ingresos por debajo de la línea de indigencia y que la mayoría se encuentra por debajo de la línea de pobreza. También reclama respuestas frente a la precarización laboral, el endeudamiento creciente y las dificultades estructurales del sistema sanitario provincial.

Desde APTASCH cuestionaron además que el Gobierno provincial incremente las exigencias y controles sobre el personal sin avanzar en una recomposición salarial. Como ejemplo, señalaron que cerca del 90% de los nuevos contratos de servicios de expertos contempla salarios brutos cercanos a los 530 mil pesos, con ingresos de bolsillo apenas superiores a los 400 mil pesos. “No se puede exigir cada vez más compromiso y responsabilidad mientras la contraprestación son salarios de pobreza e incluso de indigencia”, advirtió el gremio.

En Tierra del Fuego, el Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA-FESPROSA) se mantiene en asamblea y movilización permanente ante la falta de respuestas del gobierno de Gustavo Melella. Las y los profesionales reclaman recomposición salarial, participación directa en las negociaciones paritarias, cobro de haberes en término y respuestas frente a la falta de personal y la creciente sobrecarga laboral en hospitales y centros de salud.

Como parte del plan de lucha, SIPROSA convocó asambleas en Tolhuin, Río Grande y Ushuaia para evaluar la continuidad y profundización de las medidas. El gremio advierte que el deterioro salarial y la falta de recursos humanos dificultan la permanencia y la incorporación de profesionales, en un contexto de creciente demanda sobre el sistema público de salud. 

FESPROSA ratifica su respaldo a APTASCH y SIPROSA y reclama a los gobiernos de Chaco y Tierra del Fuego respuestas urgentes. La Federación sostiene que la recomposición salarial, la estabilidad laboral, la participación de los gremios en las negociaciones y la incorporación de personal son condiciones indispensables para sostener sistemas públicos de salud de calidad.

FESPROSA pone a disposición de los medios a referentes nacionales y provinciales para ampliar esta información.

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FESPROSA en el Congreso de la APSS

El día jueves 3 de septiembre, Fesprosa participó de la mesa inaugural del Congreso de la Asociación de Profesionales del Servicio Social de CABA.

Fesprosa y APSS vienen compartiendo experiencias de lucha y construcción desde hace varios años: el Movimiento por el Derecho a la Salud, el Cabildo Abierto en defensa del Garrahan y la ley de emergencia pediátrica, el Frente de Gremios Estatales, son solo algunas de las experiencias de articulación que fueron destacadas por las anfitrionas del evento.

En el panel, Daniel Campione, abogado y politólogo, desarrolló la influencia del marco internacional, la ofensiva de las derechas y las armas que tiene hoy la clase trabajadora para enfrentar y revertir la oleada ultraconservadora. Matías Cremonte, docente universitario y referente nacional e internacional de los abogados laboralistas, hizo un repaso del impacto de la reforma laboral en las relaciones del trabajo en la Argentina.

FESPROSA, en la voz de su presidenta, María Fernanda Boriotti, hizo hincapié en  el desastre sanitario de los libertarianos, su impacto en las relaciones del trabajo en salud, los despidos, la rebaja salarial, la precarización laboral y los indicadores catastróficos en materia de mortalidad infantil, materna, mortalidad adicional de adultos mayores, suicidios, sífilis y tuberculosis. Frente a ello, repasó las luchas que viene llevando adelante el movimiento sanitario. Analizó a fondo la experiencia del Cabildo Abierto como una de las articulaciones que en la calle logró, al menos parcialmente, detener la ofensiva de destrucción del hospital Garrahan. 

Pero también nombró otras, como el Frente de Gremios Estatales y el Frente de Sindicatos Unidos, coaliciones para encontrar puntos de contacto entre las distintas experiencias, unidas por el programa común de enfrentamiento a la oleada ultraconservadora. Repasó luego la exitosa campaña “La Argentina no se va de la OMS”, y cómo se logró que la organización mundial no aceptara formalmente el pedido de retiro de la Argentina.

Cerró su intervención con un llamado a seguir buscando con determinación los puntos de coincidencia del movimiento sanitario y el movimiento popular para quebrar el ataque libertario. Mencionó allí el Encuentro Nacional de Salud, que venimos construyendo junto a las compañeras de Servicio Social, y más de 30 organizaciones. Instó a renovar la confianza en el encuentro colectivo.

La jornada transcurrió a sala llena, y las intervenciones fueron recibidas con gran entusiasmo, mostrando el conjunto de las mismas la posibilidad de encontrar  apoyos para, como dijo Fernanda en el cierre, lograr que los servicios públicos y los trabajadores contraataquen.

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Fesprosa convoca a una Jornada Nacional Solidaria con la salud de Río Negro y los jubilados

Mañana miércoles 19 de agosto, las regionales de Fesprosa realizarán acciones en todo el país en apoyo a las y los trabajadores de la salud de Río Negro nucleados en ASSPUR. En Buenos Aires, la Federación también acompañará la movilización de jubilados desde el Congreso al Ministerio de Salud.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) convoca este miércoles 19 de agosto a una Jornada Nacional Solidaria con las y los trabajadores de la salud de Río Negro y con los jubilados, con actividades en distintos puntos del país.

Las organizaciones regionales de la Federación expresarán su apoyo a ASSPUR mediante acciones de visibilización y la presentación de notas dirigidas al gobierno de Río Negro. La medida se realiza frente a una ofensiva del gobernador Alberto Weretilneck contra la organización gremial de las y los trabajadores sanitarios.

El gobierno provincial avanzó con la quita de licencias sindicales a dirigentes, la eliminación de permisos para delegados y sanciones contra activistas. En los últimos días fueron sancionados Ramón Lucero y Pablo Belski, delegados del Hospital Zatti de Viedma, luego de expresar críticas al uso de inteligencia artificial para el control de presentismo y el triage de la guardia, desconociendo sus fueros sindicales.

Durante la jornada, ASSPUR realizará asambleas en establecimientos sanitarios de toda la provincia, acompañadas por las acciones de difusión y solidaridad de Fesprosa en todo el país.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Federación también participará de la movilización convocada por organizaciones de jubilados, que marcharán desde el Congreso hasta el Ministerio de Salud para reclamar la restitución de las coberturas perdidas en los servicios del PAMI y de los descuentos en medicamentos.

Fesprosa advierte, además, sobre el deterioro de la atención de la obra social y denuncia que el PAMI mantiene una deuda flotante con sus prestadores superior a los 500 mil millones de pesos, situación que impacta directamente sobre las prestaciones que reciben jubiladas y jubilados.

Fesprosa ratifica su solidaridad con las y los trabajadores de la salud de Río Negro y con los jubilados, y convoca a defender los derechos sindicales, la salud pública y el acceso a una atención digna.

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Fesprosa rechaza el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes

La Federación cuestiona la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, que establece el pago anticipado para extranjeros no residentes que requieran atención médica no urgente en hospitales nacionales. Desde el Hospital Posadas advirtieron que la medida constituye una nueva barrera de acceso a la salud pública.

Fesprosa rechaza la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, que reglamenta el cobro anticipado de la atención médica no urgente a extranjeros no residentes y sin cobertura sanitaria en hospitales de gestión nacional, entre ellos, el Hospital Posadas.

La medida se suma a las restricciones aplicadas en distintas jurisdicciones del país y tiene especial impacto en el Posadas, el hospital nacional de mayor volumen de atención general, ubicado en una zona del conurbano bonaerense con una importante presencia de población migrante.

Mirtha Jaime, presidenta de CICOP-Posadas, cuestionó la resolución y ratificó la defensa de un sistema sanitario universal: “En el Hospital Posadas decimos que no al cobro de la atención de los extranjeros sin residencia en el país. Ante todo, son seres humanos. Nosotros estamos por la universalidad de la atención en la salud pública y por la gratuidad”.

Para la dirigente, la discusión impulsada por el Gobierno busca desviar la atención de los principales problemas que atraviesa actualmente el sistema sanitario. “Esto es otra cortina de humo. Mientras tanto, se están muriendo pacientes que no tienen acceso a la salud pública, faltan recursos humanos y continúan los despidos. Acá ya tenemos más de 300 despidos y en los últimos días despidieron a otros 64 compañeros”, señaló.

El cobro en el momento de la atención genera una barrera para quienes necesitan acceder al sistema de salud. Las eventuales compensaciones entre países deben resolverse mediante los mecanismos de cooperación existentes, sin trasladar el costo directamente al paciente.

Jaime también advirtió que la cantidad de pacientes sin documentación que actualmente concurren al Posadas disminuyó de manera considerable y sostuvo que el foco debe estar puesto en la crisis que atraviesa la salud pública. “Mientras se seca el presupuesto y esta debacle sanitaria sigue profundizándose, el Gobierno sale a decir ‘cobrémosles a los extranjeros’. Nosotros vamos a seguir defendiendo la salud pública gratuita y de calidad”, concluyó.

Fesprosa exige la derogación de la Resolución 1066/2026 y ratifica que el acceso universal a la atención sanitaria constituye un derecho que debe ser garantizado por el Estado.

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FESPROSA EXIGE LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LOS 64 TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL HOSPITAL POSADAS

Las nuevas cesantías se suman a más de 200 despidos producidos desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Fesprosa y CICOP Hospital Posadas denuncian una política de ajuste y vaciamiento que pone en riesgo la atención de miles de personas.

Buenos Aires, 27 de julio. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) repudia la nueva tanda de despidos en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, que alcanza a 64 trabajadoras y trabajadores, y exige su reincorporación inmediata.

Las nuevas cesantías se suman a los más de 200 despidos producidos en el hospital desde el inicio del actual gobierno nacional. No se trata de hechos aislados, sino de una política sostenida de reducción de personal, ajuste presupuestario y debilitamiento de una de las principales instituciones sanitarias del país.

El Hospital Posadas es un establecimiento nacional de referencia que brinda prestaciones de alta complejidad y recibe diariamente a pacientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. La reducción de su planta de trabajadores no afecta únicamente las condiciones laborales: deteriora la capacidad de atención y pone en riesgo el derecho de la población a acceder a una salud pública, gratuita y de calidad.

Los despidos se producen, además, en un contexto de creciente demanda sobre el sistema público. Mientras cada vez más personas recurren a hospitales estatales ante las dificultades para sostener coberturas privadas, medicamentos y tratamientos, el Gobierno nacional responde con cesantías y reducción de recursos.

Esta política forma parte del proceso de desmantelamiento que atraviesan distintos hospitales y organismos nacionales de salud. La situación del Posadas se suma a los conflictos registrados en otras instituciones estratégicas, donde las y los trabajadores denuncian pérdida salarial, precarización, falta de personal y recortes presupuestarios.

Acompañamos el reclamo de CICOP-Posadas y sostenemos que la defensa del hospital es inseparable de la defensa del acceso universal a la salud y de un sistema público capaz de garantizar atención de calidad para toda la población.

En ese sentido, convocamos a fortalecer la unidad entre trabajadores, sindicatos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y la comunidad. También reclamamos la realización urgente de una asamblea unificada de todos los sindicatos del Hospital Posadas, con el objetivo de construir un plan de acción común frente a los despidos y el vaciamiento.

Fesprosa exige:

• La reincorporación inmediata de las y los 64 trabajadores despedidos.

• La restitución de todas y todos los trabajadores cesanteados durante la actual gestión.

• El cese del ajuste y el vaciamiento del Hospital Posadas.

• La protección de los puestos de trabajo y del presupuesto destinado a la salud pública.

• La convocatoria a una asamblea unificada de las organizaciones sindicales del hospital.

¡Basta de despidos!

¡No al vaciamiento del Hospital Posadas!

¡La salud pública se defiende!

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Mueren más argentinos por suicidio que por homicidios: la otra cara del colapso sanitario

Según el propio informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2025 hubo 5.209 muertes por suicidio en el país, frente a 1.676 por homicidios dolosos. Mientras el gobierno exhibe la baja del delito, esconde una crisis de salud mental que se profundiza en medio del desfinanciamiento de la salud pública.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, presentó un informe sobre los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y celebró la caída de los homicidios. Sin embargo, la funcionaria omitió destacar que el mismo informe oficial registra que las muertes por suicidio triplican a las muertes por homicidio en la Argentina.

"Esta suba de la tasa de suicidios es la manifestación de una decisión política: la de desfinanciar la salud mental. No es casualidad, es el efecto del modelo que llevan adelante el presidente Milei y el ministro de Salud, Lugones. Se recortan los programas y se quiere modificar la Ley de Salud Mental en vez de garantizar los recursos para aplicarla", afirmó Cintia Gambuti, psicóloga e integrante de la conducción nacional de FESPROSA.

Para FESPROSA, esta situación es parte del mismo cuadro que la Federación viene denunciando esta semana: un sistema de salud al que el ajuste le quitó recursos en todos sus niveles. El desfinanciamiento que dejó las guardias saturadas y los hospitales sin insumos también alcanza a la atención en salud mental, un área históricamente postergada y hoy sin la inversión ni los equipos que la magnitud del problema exige.

"El gobierno celebra que bajaron los homicidios, pero el mismo informe muestra que mueren tres veces más argentinos por suicidio. Eso no es seguridad, es abandono. El ajuste no solo llenó las guardias: también vació la salud mental, que nunca tuvo los recursos que necesita y hoy menos que nunca. Detrás de cada número hay una vida que el Estado podía cuidar y eligió no hacerlo", denunció María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA.

FESPROSA reclama la convocatoria urgente al Consejo Federal de Salud y a las y los trabajadores del país para abordar la emergencia en salud mental y la devolución de los 70.000 millones de pesos que quitó la DA 20/26 y los diferentes ajustes del gobierno de Javier Milei. “La salud mental es salud pública; cada muerte evitable que el Estado no previene es una decisión política”, advirtieron desde FESPROSA.

FESPROSA pone a disposición de los medios a Cintia Gambuti, psicóloga e integrante de la conducción nacional de FESPROSA, para ampliar esta información.

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Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de sufrimiento, podés comunicarte con la línea de Salud Mental Responde: 0800-345-1435 (todo el país) o 135 (CABA y GBA), las 24 horas. 

La epidemia de influenza está llegando a su clímax y el Ministerio de Salud no hace nada

Todas las camas del país están saturadas entre el 95 y el 100%, y aún el pico máximo del brote de influenza no llegó. Fesprosa denunció la semana pasada la inacción del ministro Lugones, la no convocatoria del consejo federal de salud y a los trabajadores. Hoy la situación empeoró.

Según pudo saberse, a través de los informes del propio Ministerio de Economía, el dinero que debe destinar Nación a apoyar a las provincias para el cumplimiento de sus tareas ineludibles e indelegables, disminuyó en un 41%, a causa de la política de déficit cero. El dinero para medicamentos, guardias y equipos para enfrentar la epidemia, en lugar de aumentar, disminuyó.

Los recortes por el presupuesto de salud por 70 mil millones de pesos, en base a la resolución 20/26, no fueron repuestos. Para evitar más muertes y atender la emergencia, debe convocarse ya al Consejo Federal de Salud y a los trabajadores de todo el país, y el Ministerio de Salud debe aportar de inmediato los 70 mil millones de pesos recortados para paliar, aunque sea en parte, la falta de recursos para enfrentar la epidemia. El presidente Milei, y los ministros Lugones y Caputo no pueden mirar para otro lado.

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Tierra del Fuego: paro de 24 horas de los profesionales de la salud con alto acatamiento

SIPROSA, el gremio base de FESPROSA en la provincia, convocó la medida de fuerza en rechazo al ajuste impulsado desde el gobierno nacional y en defensa del régimen de dedicación exclusiva que el gobierno provincial planea eliminar.

Las y los profesionales de la salud de Tierra del Fuego realizaron un paro de 24 horas con alto acatamiento. La medida fue convocada por el Sindicato de Profesionales de la Salud de la provincia (SIPROSA), integrante de FESPROSA, en el marco de un sostenido reclamo por recomposición salarial y en defensa del régimen de dedicación exclusiva.

"Con un alto acatamiento las y los profesionales de la salud fueguinos dijimos no al ajuste y a la pérdida de derechos impulsada desde el gobierno nacional, sostenida por los gobiernos provinciales en contra de la salud pública. Seguimos en estado de alerta y movilización", declaró desde Ushuaia Rubén Darío Zapponin, secretario general de SIPROSA.

El conflicto gira en torno a la intención del gobierno provincial de eliminar el régimen de dedicación exclusiva. Para las y los trabajadores de la salud fueguinos, ese régimen no es un privilegio: es lo que permite que los hospitales públicos cuenten con profesionales disponibles para la atención continua de la población. Su eliminación implicaría que más profesionales deban recurrir al pluriempleo para sostener sus ingresos, con consecuencias directas sobre la calidad de atención y la cobertura de guardias.

Desde FESPROSA se expresó el respaldo a la medida de fuerza y se advirtió que el ajuste sobre las condiciones laborales de los equipos de salud no es un problema gremial aislado, sino una consecuencia directa de las políticas de desfinanciamiento del sistema sanitario público.

El paro en Tierra del Fuego se suma a los conflictos activos en otras provincias. En Santa Cruz, APROSA mantiene un paro por 72 horas en reclamo de recomposición salarial, pases a planta y pago de seguros de praxis. En La Rioja, APROSLAR convocó también a una jornada de paro en rechazo a un decreto provincial que condiciona el cobro del salario completo a tener la matrícula profesional al día, una medida que el gremio calificó como ilegal e ilegítima.

Los tres conflictos simultáneos en el sur y centro del país muestran un patrón común: el ajuste sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud pública se ejecuta tanto desde el gobierno nacional como desde las administraciones provinciales.

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