La reciente desarticulación del programa, decidido por el gobierno de Milei y bajo la responsabilidad sanitaria del ministro Mario Lugones, constituye un grave retroceso en las políticas públicas de acceso universal a medicamentos.
Durante más de dos décadas, el Plan Remediar garantizó la provisión regular de medicamentos en los centros de atención primaria, sostuvo la estrategia de atención primaria de la salud y redujo inequidades territoriales y sociales.
Si bien se instauró inicialmente como una política de focalización, relegando a la Producción Pública de Medicamentos (PPM), el programa fue cumpliendo, con el paso del tiempo, una función relevante en el sostenimiento de la accesibilidad a medicamentos esenciales en todo el país.
Desmantelar el plan Remediar deja a provincias y municipios —muchos de ellos sin capacidad presupuestaria suficiente— ante la imposibilidad real de reemplazar esa cobertura y profundiza un escenario de exclusión sanitaria. Donde antes había garantía de derechos, se instala una lógica de abandono, mercantilización y desigualdad en el acceso a tratamientos básicos.
Las consecuencias no son hipotéticas: son previsibles y evitables. Tratamientos interrumpidos, enfermedades que se agravan, internaciones que podrían haberse evitado y vidas puestas en riesgo por una decisión política.
La interrupción de políticas que aseguraban medicamentos esenciales no es un acto administrativo neutro: tiene efectos concretos sobre la vida y la salud de la población.
Desde FeSProSa denunciamos este vaciamiento como un acto de profunda irresponsabilidad sanitaria y social, y se exige que quienes lo impulsan asuman la responsabilidad por el daño que esta decisión provocará, dejando sin cobertura a millones de habitantes aumentando la vulnerabilidad, la fragilidad y el desamparo.
Secretariado Nacional de Fesprosa
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