El Gobierno presenta el proyecto como una recuperación de la inversión sanitaria. Sin embargo, los cambios contables y administrativos ocultan un ajuste que continúa afectando a hospitales, programas preventivos, medicamentos y trabajadores de la salud.
Por María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa
El proyecto de Presupuesto 2027 del gobierno de Javier Milei pretende mostrar una recuperación de la inversión sanitaria. Sin embargo, cuando se comparan las partidas con lo ejecutado desde 2023 y se observa la situación de hospitales, centros de salud y programas preventivos, el panorama es diferente.
Un presupuesto no debe medirse solo por las cifras anunciadas, sino por su capacidad para garantizar medicamentos, tratamientos, profesionales e infraestructura. También importa cuánto se ejecuta: un recurso que no llega a tiempo puede significar una prestación suspendida.
El aumento que esconde el ajuste
El Gobierno proyecta para el Ministerio de Salud 10,46 billones de pesos frente a los 3,10 billones aprobados originalmente para 2026: un aumento nominal del 237,4%. Pero la comparación está distorsionada por la incorporación de los programas de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que antes tenía presupuesto propio.
Si se agregan a la base de 2026 los fondos ya asignados a Discapacidad, el crecimiento nominal comparable se reduce al 25,9%, según explica el medio El Auditor. Buena parte del supuesto salto responde, por lo tanto, a una modificación administrativa, no a recursos nuevos para la atención sanitaria.
El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) calculó que el Ministerio de Salud y sus organismos dependientes tendrían en 2027 recursos reales un 20,3% inferiores a los ejecutados en 2023.
La función presupuestaria Salud registra, en cambio, un crecimiento real respecto de 2023, pero una parte está asociada a las transferencias al PAMI. No corresponde confundir esa función con el financiamiento de los hospitales y programas dependientes del Ministerio.
Como advierte Jorge Yabkowski, secretario de Organización de Fesprosa, el presupuesto proyecta una estabilidad dentro del ajuste. Algunas partidas mejoran respecto de 2026, pero muchas siguen muy lejos de recuperar lo perdido desde 2023.
Hospitales debilitados y provincias sin recursos
Las pérdidas se observan en los hospitales nacionales. Según el análisis del OCEPP, para 2027 el Posadas tendría un presupuesto real 33,4% inferior al ejecutado en 2023; el Laura Bonaparte, especializado en salud mental, caería un 45,3%; y el Sommer y el Carrillo seguirían cerca del 30% por debajo. Estas reducciones condicionan guardias, equipamiento, medicamentos y dotaciones profesionales.
Siguiendo con los datos del informe, el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud tendría recursos reales un 81% inferiores a los de 2023. El retroceso golpea al federalismo sanitario: provincias y municipios deben sostener más prestaciones con menos respaldo de la Nación. Las jurisdicciones con menor capacidad económica quedan especialmente expuestas.
Menos medicamentos y prevención
Los recortes ya tienen antecedentes concretos. Durante 2024 y 2025 se redujeron los envíos nacionales de medicamentos e insumos a distintas provincias. En 2026, según el sitio Chequeado, el Plan Remediar tuvo un presupuesto real 72% inferior al ejecutado en 2023. Los tratamientos distribuidos pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025.
Son medicamentos esenciales para atender hipertensión, diabetes, infecciones y otras enfermedades frecuentes. Si faltan en los centros de salud, las personas deben comprarlos, interrumpir su tratamiento o llegar al hospital con complicaciones que podrían prevenirse.
Una investigación periodística del mismo medio en siete provincias documentó reducciones de entre el 38% y el 100% en el suministro nacional de determinados medicamentos e insumos, además de problemas con tratamientos oncológicos y reactivos de diagnóstico.
El programa de salud sexual y procreación responsable tendría en 2027 recursos reales casi 30% inferiores a los de 2023. A ello se suman el desmantelamiento del Plan ENIA y la caída de las entregas de preservativos y anticonceptivos, que llegaron a su nivel más bajo en una década.
Estos retrocesos ocurren frente a indicadores epidemiológicos preocupantes. Durante 2025 se notificaron 46.799 casos de sífilis, el valor más alto de la serie histórica, y 17.283 de tuberculosis. Son fenómenos multicausales: no corresponde atribuirlos automáticamente a una decisión presupuestaria, pero sí deberían impulsar más prevención, diagnóstico y tratamiento, no menos.
También se debilitan organismos esenciales: la ANMAT tendría en 2027 recursos reales un 23,6% inferiores a los de 2023 y la ANLIS-Malbrán, casi un 29% menos. Ambas instituciones cumplen funciones estratégicas de fiscalización, vigilancia epidemiológica e investigación.
Discapacidad y PAMI: los derechos detrás de las cifras
La incorporación de Discapacidad al Ministerio no garantiza una mejora efectiva de las prestaciones. Como detalla el informe de la OCEPP, el programa de atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, vinculado a Incluir Salud, tendría un presupuesto real 18% menor que en 2023 y 13,7% inferior al crédito vigente de 2026. Detrás de estas cifras hay personas que necesitan rehabilitación, medicamentos y continuidad en sus terapias.
En el PAMI persisten las denuncias por deudas con prestadores, dificultades para acceder a prestaciones y restricciones en la cobertura de medicamentos. Una asignación presupuestaria mayor no equivale automáticamente a una atención mejor. Cuando jubilaciones y salarios pierden poder adquisitivo, aumenta la necesidad de un sistema público capaz de responder.
Los trabajadores sostiene un sistema cada vez más exigido
Los salarios insuficientes, la precarización, el pluriempleo y las dificultades para cubrir guardias deterioran la atención. La crisis también se expresa en conflictos gremiales de distintas provincias.
En Tierra del Fuego, SIPROSA reclamó una recomposición salarial y defendió el régimen de dedicación exclusiva; en Santa Fe, SIPRUS exigió reabrir paritarias; en Santa Cruz, APROSA reclamó mejores salarios y estabilidad; y en Río Negro, ASSPUR denunció sanciones contra delegados y activistas. Las responsabilidades provinciales y nacionales son distintas, pero el efecto sobre la atención es compartido.
No existe un sistema sanitario fuerte con trabajadores empobrecidos ni puede sostenerse un hospital complejo apelando indefinidamente al esfuerzo de equipos cada vez más exigidos.
La salud no puede ser variante de ajuste
El Presupuesto 2027 no puede leerse como si los años anteriores no hubieran existido. Reconocer que algunas partidas aumentan no significa afirmar que el ajuste terminó. La recuperación debe juzgarse en términos reales, considerando las necesidades sanitarias y la efectiva ejecución de los recursos.
Desde Fesprosa exigimos recuperar el financiamiento perdido, garantizar medicamentos e insumos, fortalecer los hospitales públicos, restituir programas preventivos y asegurar las prestaciones de Discapacidad y del PAMI. Reclamamos también recomposición salarial, estabilidad laboral, cobertura de vacantes y una política federal con un Ministerio de Salud que asuma su responsabilidad como garante de derechos.
El resultado de un presupuesto no se mide por la cifra que anuncia un ministro. Se mide en las guardias que funcionan, los tratamientos que llegan a tiempo y las enfermedades que se previenen. La salud pública no es un gasto que pueda recortarse indefinidamente: es un derecho que el Estado debe garantizar.
Si aumentan la mortalidad infantil y materna, la sífilis, la tuberculosis, los suicidios y las muertes no esperables en adultos mayores; si después de la tragedia del fentanilo se desfinancia a la Anmat, no habrá dibujo de la Secretaria de Hacienda que pueda tapar la realidad epidemiológica. Esa realidad es la única verdad.
Nota publicada originalmente en Tiempo Argentino
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