Prestadores de distintas provincias denuncian demoras en los pagos, valores desactualizados y dificultades para sostener la atención. En San Luis, APTS advirtió sobre el impacto en profesionales, instituciones y familias y reclamó al Gobierno nacional que garantice el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La crisis que atraviesa el sistema de
prestaciones para personas con discapacidad continúa afectando a profesionales
e instituciones de distintas provincias, que denuncian atrasos en los pagos,
dificultades para sostener sus actividades y riesgo de interrupción de
tratamientos esenciales. El problema alcanza a terapistas ocupacionales,
psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, transportistas e instituciones que
dependen del circuito de financiamiento nacional.
Según denunciaron prestadores, las demoras en
la cadena de pagos que involucra a obras sociales y prepagas, la
Superintendencia de Servicios de Salud y organismos nacionales obligan a muchos
trabajadores a sostener durante meses prestaciones que todavía no cobraron. A
esto se suma el atraso de los valores del nomenclador frente al incremento de
los costos.
Natalia Torre, secretaria de Discapacidad de
APTS-San Luis, señaló que el problema también se siente con fuerza en la
provincia y que no puede ser analizado únicamente como una dificultad de los
prestadores. La demora repercute directamente en la posibilidad de sostener
equipos de trabajo, traslados, alquileres, insumos y el funcionamiento
cotidiano de los espacios que atienden a personas con discapacidad.
La situación de San Luis tiene antecedentes
concretos. El propio Gobierno provincial debió disponer este año asistencia
financiera para prestadores vinculados a Incluir Salud ante las demoras en la
llegada de fondos nacionales, con el objetivo de evitar interrupciones en la
atención. Para APTS, lo que ocurre en la provincia forma parte de un problema
que atraviesa al sistema en todo el país.
La crisis se produce, además, mientras se
encuentra vigente la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad,
sancionada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras con dos tercios de
los votos después del veto del Poder Ejecutivo. La norma declaró la emergencia
hasta fines de 2026 y estableció expresamente como responsabilidad del Gobierno
nacional garantizar un financiamiento adecuado y sostenible, actualizar los
aranceles y agilizar el pago de los montos adeudados a los prestadores.
Para Torre, las demoras actuales muestran que
la responsabilidad central por la normalización del sistema sigue estando en
Nación. No alcanza con actualizaciones parciales del nomenclador si los pagos
no llegan en tiempo y forma y los valores continúan retrasados respecto de los
costos reales. La continuidad de las prestaciones requiere que el Estado
nacional cumpla efectivamente con las obligaciones establecidas por una ley que
el Congreso sancionó precisamente para enfrentar esta emergencia.
El problema no es solamente financiero. Muchas
prestaciones vinculadas a la discapacidad son tratamientos prolongados que
requieren continuidad y regularidad. Cuando un profesional o una institución
deja de poder sostenerlos, las consecuencias recaen directamente sobre las
personas con discapacidad y sus familias, y pueden significar retrocesos en
procesos terapéuticos construidos durante meses o años.
Desde APTS-San Luis y Fesprosa remarcaron que garantizar los derechos de las personas con discapacidad implica también garantizar condiciones dignas para quienes sostienen diariamente las prestaciones. La regularización inmediata de los pagos, la recomposición de los aranceles y el cumplimiento integral de la Ley de Emergencia en Discapacidad son responsabilidades que el Gobierno nacional no puede seguir postergando.
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