A partir de hoy vamos a profundizar nuestros lazos de unidad en la acción para sostener el derecho a la salud de la población y, a su vez, defender a las y los trabajadoras y trabajadores del sector en todos sus ámbitos de actuación.
Asistimos a la ofensiva más profunda contra la salud pública, la seguridad social y los derechos de sus trabajadores y trabajadoras de toda la era democrática. El Ministerio de Salud lleva ya más de 2 años desmantelando estructuras y direcciones en detrimento de su capacidad de respuesta a los problemas sanitarios. Estos ya se expresan en los indicadores epidemiológicos: Aumento de la mortalidad infantil después de 25 años de baja consecutiva, aumento de la mortalidad materna, aumento de la sífilis y la tuberculosis.
El plan de salud sexual y reproductiva está desmantelado, sin asistencia a las provincias. Se disolvió el programa de prevención del embarazo adolescente. Se ha disuelto el plan remediar, que asistía a 8100 unidades sanitarias. Cerró el Instituto Nacional del Cáncer. Desaparecieron los programas de apoyo para cuidados paliativos.
La provisión de medicamentos oncológicos y de enfermedades raras a través de la DADSE y la DINADIC es discontinuo y ha provocado la muerte de decenas de pacientes que al igual que las víctimas del fentanilo expresan el debilitamiento deliberado de las instituciones dependientes del MSAL.
En los hospitales nacionales se produjeron más de 1000 despidos, afectando gravemente sus estructuras y su capacidad de respuesta. El Garrahan, en una política de congelamiento salarial que lo llevaba al desmantelamiento, libró a una lucha ejemplar y logró, con apoyo de todo el campo sanitario y la comunidad, la sanción de la ley de emergencia pediátrica, insistida por el parlamento ante el veto presidencial. Aun así, permanece incumplida.
En las provincias la lucha de los/as trabajadores/as de la salud pública tuvo y tiene expresiones permanentes, enfrentando la caída de ingresos, la precarización laboral, la desarticulación de las carreras sanitarias, el ataque a los regímenes de dedicación exclusiva y a la libertad sindical.
El PAMI adeuda más de 500 mil millones de pesos, provocando cortes en las prestaciones en todo el país, y una huelga de profesionales de la medicina y odontología de cabecera frente al intento de rebajar a la mitad su salario. Entre el millón de trabajadores de salud predominan los bajos salarios, la precarización y el pluriempleo.
Como agravante, se ha producido la salida de la Organización Mundial de la Salud. Junto con ello, se propone una nueva ley de salud mental que retrotrae a las políticas en la materia a parámetros superados hace décadas.
Las obras sociales están en una grave crisis producto de la pérdida de puestos de trabajo, la precarización creciente y la caída de los salarios. En tanto, el hospital público recibe a quienes abandonan la seguridad social y las prepagas o no pueden pagar los crecientes co-seguros. Con planteles congelados y déficit de insumos en todo el país su capacidad de respuesta se achica día a día.
Los grupos económicos que medran con la salud de los argentinos están al acecho. Obras sociales superavitarias como Osmedica, que cubre 180.000 ciudadanos, son intervenidas por el gobierno en alianza con sectores gremiales burocráticos con la intención de introducir a las gerenciadoras y provocar su desmembramiento.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con presupuestos de salud a la baja y restricción a la atención a los ciudadanos del conurbano, se produce un intento de desmembramiento de la carrera profesional. Con el señuelo de que algún sector médico va a ganar más dinero, se atenta contra el equipo de salud, fomentando su división y fragmentación en una espuria alianza entre el gobierno de la ciudad y ciertos sectores gremiales. ¡¡Defendemos la integridad de la Carrera Profesional en Caba!!
Las entidades firmantes hemos sido protagonistas activas de luchas en defensa de la salud de los argentinos y argentinas. A partir de hoy vamos a profundizar nuestros lazos de unidad en la acción para sostener el derecho a la salud de la población y, a su vez, defender a las y los trabajadoras y trabajadores del sector en todos sus ámbitos de actuación.
Ese es nuestro compromiso.
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