Mediante un decreto, el gobierno de Javier Milei decidió retirar a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) como intermediaria en el cobro de prestaciones entre las obras sociales y los hospitales públicos. La medida promete recortar aún más los presupuestos de más de mil hospitales.
En el día de ayer, el Gobierno anunció que la Superintendencia de Servicios de Salud se retiraría de la gestión del cobro de las prestaciones de los pacientes que tienen cobertura social en el sector público de salud.
Esta medida puede profundizar aún más la crisis presupuestaria que deviene del congelamiento de los recursos del sector público nacional, provincial y municipal, producto de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.
En los noventa, el precursor del cobro de las prestaciones de la seguridad social fue el gobierno de Carlos Menem, que a través del decreto 578/93 estableció el sistema nacional de hospitales de autogestión. Buscaba con ello reducir el presupuesto público destinado al sistema de salud, para lograr que los hospitales se comportasen como empresas privadas, vendiendo como un prestador más sus servicios en el mercado de salud. Este decreto autorizaba también el arancelamiento de las prestaciones hospitalarias, dando un severo golpe a la gratuidad, una de las claves de las políticas sanitarias universales reconocidas hoy a nivel planetario.
La política de autogestión hospitalaria, a medio camino de la privatización de la salud pública, entró en crisis en conjunto con todo el plan neoliberal de Carlos Menem e hizo eclosión en la crisis del 2001-2002, cuando ante la caída fenomenal de los salarios y la crisis de las obras sociales, el hospital público jugó un importante papel en el rescate de los servicios sanitarios para los sectores más postergados.
Desde entonces, el cobro de las prestaciones del Sistema Público a la Seguridad Social sufrió y sufre múltiples inconvenientes. Retraso en los pagos y el no reconocimiento de las prestaciones, lo cual hace que en el total de los presupuestos hospitalarios los ingresos por la vía de recupero cubran entre un 3 y un 5% del presupuesto de los establecimientos, llegando al 15% en algunos de alta complejidad y en prestaciones muy especiales, como es el caso del Hospital Garrahan.
Pero en modo alguno cumplieron ni cumplen el viejo sueño de liberar al Estado de su responsabilidad de mantenimiento del Sistema Público. Más aún, en algunas jurisdicciones el recupero se coparticipa en parte con los trabajadores, jugando un papel de modesto alivio al deterioro salarial en las categorías con menores ingresos.
“La filosofía gubernamental del gobierno es, si algo anda mal, no hay que corregirlo, ni mejorarlo, sino que hay que destruirlo”, expresó María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa). “Si los hospitales no van a poder recuperar las prestaciones a los pacientes con cobertura y van a ver recortados sus presupuestos, irán a una encerrona que los obligará a cobrar sus prestaciones o, sino, a recortarlas, disminuyendo la cantidad y la calidad de los servicios, en medio de una crisis económica donde es imprescindible mejorar la oferta de servicios públicos gratuitos”, agregó la dirigente gremial.
Para Boriotti, “si en algún lugar no funcionan las reglas salvajes del mercado que pregona el Presidente, es en el sistema sanitario. Esta medida se inscribe en una filosofía ultraliberal, privatista y de retiro del Estado de una responsabilidad fundamental”. La presidenta de Fesprosa concluyó que “es necesario un gran debate sobre cómo construir en la Argentina un sistema universal, gratuito y de calidad. En el ínterin, estas medidas deben ser anuladas porque sólo empeoran la situación sanitaria”.
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