Luego de la importante jornada nacional del lunes 26, donde la salud pública de todo el país paró y se movilizó junto a estatales y docentes, continúan los conflictos provinciales en Catamarca, Santa Cruz y Río Negro.
En el día de ayer, los trabajadores agrupados en la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (Aprosca) marcharon durante la noche en reclamo de una recomposición salarial real y en rechazo a la magra propuesta del gobierno de Jalil. La oferta de aumento del 37% no conformó al personal del Hospital de Niños, Maternidad Provincial 25 de Mayo y nosocomios del interior de la provincia, que salieron a marchar.
En el sur del país, a las cero horas de hoy comenzó un paro de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (Aprosa) que se extenderá durante todo el día de mañana también. La medida surge en rechazo a la oferta del gobierno provincial de un aumento salarial del 10% en febrero y de un 10% en marzo. En Río Negro, ante un pérdida de poder adquisitivo que ronda el 60% en tres meses, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) parará por 24 horas el día de mañana, con asambleas locales y movilizaciones.
También el día de mañana a las 9.30 horas, en la sede de la Federación Judicial Argentina, los 25 gremios del Frente de Gremios Estatales y de Empresas Públicas se reunirán para delinear el plan de acción de los trabajadores y trabajadoras del Estado frente a la nula respuesta del gobierno al conjunto de los reclamos.
Mediante un decreto, el gobierno de Javier Milei decidió retirar a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) como intermediaria en el cobro de prestaciones entre las obras sociales y los hospitales públicos. La medida promete recortar aún más los presupuestos de más de mil hospitales.
En el día de ayer, el Gobierno anunció que la Superintendencia de Servicios de Salud se retiraría de la gestión del cobro de las prestaciones de los pacientes que tienen cobertura social en el sector público de salud.
Esta medida puede profundizar aún más la crisis presupuestaria que deviene del congelamiento de los recursos del sector público nacional, provincial y municipal, producto de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.
En los noventa, el precursor del cobro de las prestaciones de la seguridad social fue el gobierno de Carlos Menem, que a través del decreto 578/93 estableció el sistema nacional de hospitales de autogestión. Buscaba con ello reducir el presupuesto público destinado al sistema de salud, para lograr que los hospitales se comportasen como empresas privadas, vendiendo como un prestador más sus servicios en el mercado de salud. Este decreto autorizaba también el arancelamiento de las prestaciones hospitalarias, dando un severo golpe a la gratuidad, una de las claves de las políticas sanitarias universales reconocidas hoy a nivel planetario.
La política de autogestión hospitalaria, a medio camino de la privatización de la salud pública, entró en crisis en conjunto con todo el plan neoliberal de Carlos Menem e hizo eclosión en la crisis del 2001-2002, cuando ante la caída fenomenal de los salarios y la crisis de las obras sociales, el hospital público jugó un importante papel en el rescate de los servicios sanitarios para los sectores más postergados.
Desde entonces, el cobro de las prestaciones del Sistema Público a la Seguridad Social sufrió y sufre múltiples inconvenientes. Retraso en los pagos y el no reconocimiento de las prestaciones, lo cual hace que en el total de los presupuestos hospitalarios los ingresos por la vía de recupero cubran entre un 3 y un 5% del presupuesto de los establecimientos, llegando al 15% en algunos de alta complejidad y en prestaciones muy especiales, como es el caso del Hospital Garrahan.
Pero en modo alguno cumplieron ni cumplen el viejo sueño de liberar al Estado de su responsabilidad de mantenimiento del Sistema Público. Más aún, en algunas jurisdicciones el recupero se coparticipa en parte con los trabajadores, jugando un papel de modesto alivio al deterioro salarial en las categorías con menores ingresos.
“La filosofía gubernamental del gobierno es, si algo anda mal, no hay que corregirlo, ni mejorarlo, sino que hay que destruirlo”, expresó María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa). “Si los hospitales no van a poder recuperar las prestaciones a los pacientes con cobertura y van a ver recortados sus presupuestos, irán a una encerrona que los obligará a cobrar sus prestaciones o, sino, a recortarlas, disminuyendo la cantidad y la calidad de los servicios, en medio de una crisis económica donde es imprescindible mejorar la oferta de servicios públicos gratuitos”, agregó la dirigente gremial.
Para Boriotti, “si en algún lugar no funcionan las reglas salvajes del mercado que pregona el Presidente, es en el sistema sanitario. Esta medida se inscribe en una filosofía ultraliberal, privatista y de retiro del Estado de una responsabilidad fundamental”. La presidenta de Fesprosa concluyó que “es necesario un gran debate sobre cómo construir en la Argentina un sistema universal, gratuito y de calidad. En el ínterin, estas medidas deben ser anuladas porque sólo empeoran la situación sanitaria”.
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En el marco de la jornada nacional de lucha del Frente de Gremios Estatales, los sindicatos adheridos a la Fesprosa llamaron a parar en todo el país el lunes 26. Esta semana ya hay medidas de fuerzas en curso en varias provincias.
Los conflictos de salud en Argentina van creciendo a medida que se deterioran los salarios y las condiciones laborales. El brutal ajuste que atraviesa a las provincias y a los municipios impacta de lleno en los 1700 hospitales, en las más de 6 mil unidades sanitarias y en el medio millón de trabajadores de la salud pública de todo el país.
En ese contexto, y en el marco de una crisis generalizada del sector público, esta semana se definió la convocatoria a un paro nacional de todos los sindicatos que integran el Frente de Gremios Estatales, para el día lunes 26 de febrero. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), miembro fundador de la coordinadora intergremial, tiene varios focos de conflicto activos en numerosas provincias del país.
El día de ayer concluyó el paro por 48 horas de la Asociación de Profesionales de la Salud (Aproslar), en reclamo de aumentos salariales y pases a planta.
Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (Aprosa) convocó a un paro de 24 horas para el día de hoy, exigiendo la apertura de una paritaria salarial y el pago del arancelamiento.
En el sur del país, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) confirmó su participación en la jornada nacional del 26.
En tanto, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de Santa Fe (Siprus) resolvió convocar a un paro por 48 horas para los días lunes 26 y martes 27.
En ese marco se espera una fuerte adhesión a la medida en el sistema público de salud en todo el país
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) llamó a parar y movilizarse en todo el país el día lunes 26. La medida fue tomada en conjunto con todos los sindicatos que integran el Frente de Gremios Estatales, ante la grave situación que atraviesa el sector público.
El jueves de la semana pasada se llevó a cabo el Plenario de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público. En esa reunión, el Frente de Gremios Estatales, del cual la Fesprosa es parte, definió convocar a una jornada de lucha en todo el país para finales de este mes. Finalmente, la fecha fijada para el paro y movilización nacional será el lunes 26 de febrero.
María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, viene advirtiendo sobre el efecto de la “motosierra” en el sector salud: “Los recortes en las transferencias a las provincias y los municipios afectan directamente tanto al abastecimiento de insumos en los hospitales como a los salarios de los y las trabajadoras de la salud y a la infraestructura de los establecimientos sanitarios”.
El Frente de Gremios Estatales se conformó a principios de este año y está integrado por sindicatos de trabajadores y trabajadoras del sector público, como la Federación Judicial Argentina (FJA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional), y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADU-H), entre muchos otros.
En el plenario del día de ayer, el Frente de Gremios Estatales definió
convocar a una jornada nacional de lucha a finales de este mes. Mientras tanto,
los gremios provinciales que integran la Fesprosa continúan con las medidas de
fuerza.
En el plenario del día de ayer, llevado a cabo en la sede de ATE Nacional, el Frente de Gremios Estatales, del cual la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) es parte, definió convocar a una jornada nacional de lucha para finales de febrero. La actividad también contó con la presencia de representantes de la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS) y de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas).
María Fernanda Boriotti,
presidenta de Fesprosa, advirtió sobre el efecto de la “motosierra” en el
sector salud: “Los recortes en las transferencias a las provincias y los
municipios afectan directamente tanto al abastecimiento de insumos en los
hospitales como en los salarios de los y las trabajadoras de la salud y en la
infraestructura de los establecimientos sanitarios”. Y añadió que esta
situación se está tornando progresivamente más grave “en tanto cada vez más
personas se van a quedar sin prepaga ante la imposibilidad de poder seguir pagándola”
y que eso “exigirá aún más a un sistema público de salud que ya está al borde
del colapso”.
En las provincias, los gobiernos
locales ya vienen planteando que no habrá aumentos salariales y que los sueldos
podrían ser pagados en partes, en base a la recaudación de cada jurisdicción y
no como compensación de la inflación galopante. Esto está llevando a una
escalada en los conflictos, ante pérdidas en el poder adquisitivo que parten,
por lo menos, del 50%.
San Juan, San Luis, Santa Fe y
Tierra del Fuego son solo algunas de las provincias que tienen conflictos
activos. En La Pampa, el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana
(Sitrasap) participará el 19 de febrero del plenario provincial intersindical,
con el objetivo de coordinar con otros gremios estatales futuras medidas de
fuerza. Por su parte, la Asociación de Profesionales de la Salud (Aproslar)
convocó a un paro total por 48 horas para los días 20 y 21 de febrero, en
reclamo de aumentos salariales y pases a planta.
En el día de hoy, la Asociación
de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) y
la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (Aprosa)
llevan adelante un paro por 24 horas con reivindicaciones similares, y en el
día de ayer la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (Aprosca)
completó una medida de fuerza idéntica.
A la espera de definiciones sobre
la modalidad y la fecha exacta de la jornada nacional de lucha, la situación en
las provincias se agrava rápidamente y la Fesprosa, representante de 30 mil
trabajadores y trabajadoras de la salud, se declara en estado de alerta
permanente.
El Frente de Gremios Estatales, el cual integra la Fesprosa, realizará un plenario de trabajadores y trabajadoras del sector público el próximo jueves. Allí se darán a conocer las próximas medidas de fuerza de la organización intergremial.
En el marco del plan de lucha del Frente de Gremios Estatales, el próximo jueves 15 de febrero a las 16:30 horas tendrá lugar un plenario de trabajadores y trabajadoras del sector público en Av. Belgrano 2527 (sede porteña de ATE Nacional). Se prevé que allí se anunciarán las próximas medidas a tomar para frenar el brutal ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei.
Bajo el lema “El Estado no está en venta”, la actividad es la continuación de las acciones de fuerza del Frente, un espacio intergremial que tuvo su lanzamiento formal el día 12 de enero de este año. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) fue uno de los sindicatos fundadores.
Si bien la caída de la Ley Ómnibus fue celebrada por las organizaciones que conforman el Frente, desde la coordinadora intersindical expresaron que “exigimos que se deje sin efecto el Decisión Administrativa No 28/2024 que pretende congelar los salarios del sector público, y que esta convocatoria al Consejo del Salario realmente implique una mejora sustancial de los haberes mínimos, ante este descomunal proceso inflacionario y devaluatorio”.
“A su vez, rechazamos todo intento de la reaccionaria Reforma Laboral y Previsional, contenidas en los propósitos esenciales del DNU N° 70 y en la caída ‘Ley Ómnibus’, más allá de amparos y recortes por negociaciones políticas, puedan pretender reinstalarse con sendos nuevos proyectos legislativos”, manifestaron desde el Frente, de cara al plenario que se viene.
Las organizaciones que componen el Frente de Gremios Estatales son: Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la RA (FESPROSA); Federación Judicial Argentina (FJA); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADU-H), Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA); Federación de Trabajadores de la Energía de la RA (FETERA); Federación de Profesionales del GCBA (FPGCBA); Coordinación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria (CNTI); Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP); Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA); Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE), Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO); Unión Personal Jerárquico del Banco de la Pcia. de Bs. As. (UPJ); Sindicato de Trabajadorxs de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA); Asociación de Psicólogos del GCABA (APGCABA); Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines (APACSA); Asociación de Profesionales de Servicio Social del GCABA (APSS); Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR); Asociación de Empleados y Funcionarios del PJN (AEyFPJN).
Contacto de prensa:
📲 María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa: +54 9 341 361-7540
📲 Jorge Yabkowski, secretario general de Fesprosa: +54 9 11 5121-5179
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Mediante una resolución, el Gobierno nacional suspendió las actividades de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). La dependencia otorgaba subsidios a personas vulnerables para la compra de medicamentos oncológicos y de patologías agudas. Fesprosa había anticipado los efectos en la salud pública del DNU y la Ley Ómnibus.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) fue una de las organizaciones participantes de la Comisión de Legislación General que discutió la Ley Ómnibus. Durante su exposición, Jorge Yabkowski, secretario general de Fesprosa, se preguntó qué pasaría con la salud pública con un presupuesto congelado y los programas de atención a pacientes parados. “Los primeros resultados están a la vista”, dijo Yabkowski.
En la intervención durante el plenario de la comisión, el dirigente gremial cuestionó, delante de todos los diputados que estaban discutiendo la Ley Ómnibus, qué iba a pasar con la salud pública y los programas de atención a los pacientes con HIV y cáncer, las campañas de vacunación y los programas de salud reproductiva. A dos semanas de esa pregunta pública, que no tuvo respuesta, y luego de un pedido de audiencia para discutir estos temas que fue denegado por el ministro de Salud, Mario Russo, acaba de cerrar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) por una "readecuación de sistemas". La dependencia estaba encargada de proveer medicación a pacientes sin cobertura que padezcan cáncer, enfermedades crónicas incapacitantes y patologías agudas urgentes.
“Es decir, el presupuesto cero alcanzó a la salud pública, como a los salarios de los estatales, a la comida de los comedores y a las transferencias a las provincias. Luego de la caída del tratamiento de la Ley Ómnibus, nos prometen más de eso. ¿Cuál será la próxima víctima? ¿La vacunación obligatoria? ¿El tratamiento para el HIV? ¿Los programas de salud reproductiva? ¿El tratamiento para las enfermedades especiales, como la lepra y la tuberculosis?”, graficó Yabkowski.
Y concluyó diciendo que “es difícil encontrar calificativos para semejante brutalidad antipopular y antisanitaria. La ley del mercado dice que quienes tengan dinero van a poder adquirir sus medicamentos (que ahora están por las nubes, gracias a la liberación de precios). Y los que no, serán descartados. Esa no es la Argentina que soñaron nuestros abuelos inmigrantes y por la que lucharon varias generaciones de trabajadoras y trabajadores. Es urgente frenar esta escalada contra la salud del pueblo argentino”.
María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), señaló que el operativo policial y de fuerzas federales montado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue absolutamente desproporcionado frente a una manifestación pacífica que solo exigía la no aprobación de la ley ómnibus.
La Fesprosa ha rechazado tanto el DNU como la ley ómnibus porque contienen cláusulas lesivas de los derechos ciudadanos y laborales, atacan al patrimonio nacional y penalizan la protesta social. La presidenta de Fesprosa exigió a los legisladores que rechacen la propuesta gubernamental y pidió al gobierno que respete de manera irrestricta la Constitución nacional y el derecho a la protesta contenida en ella.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en conferencia de prensa el retiro del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, y aseguró que la disminución de los ingresos fiscales significará un ajuste en el gasto, tanto para el Estado nacional como para las provincias y los municipios, responsables del 80% del sistema público de salud.
La disminución anunciada por Caputo ya venía sucediendo durante el mes de enero de este año, ya que las llamadas “transferencias no obligatorias” habían alcanzado apenas un volumen del 10% de lo transferido respecto de enero de 2023, en cifras ajustadas por inflación.
La disminución de la actividad económica completa un cuadro en el cual las provincias y los municipios, que administran el 80% del sistema público de salud, (1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias), vieron disminuidos sus ingresos de manera vertical, sin ningún tipo de compensación. Como consecuencia de ello, ya se está produciendo un impacto, a través de los déficits de insumos y del ajuste sobre los salarios de las y los trabajadores.
María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), sostuvo que muchas regionales provinciales de la Federación, que salieron junto al pueblo argentino a rechazar el DNU y la Ley Ómnibus el 24 de enero pasado, levantaron en sus plataformas el rechazo al ajuste en las provincias. En Río Negro, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) rechazó el aumento de 30 mil pesos anunciado por el gobernador Weretilneck y exigió una paritaria que compense la inflación y la devaluación del salario.
Fesprosa se movilizó el 24 de enero en todo el país.
Boriotti señaló también el caso de San Luis. El viernes 26 de enero se realizaron asambleas en todos los establecimientos de salud, en reclamo del pago completo del salario para las y los trabajadores. En La Rioja, una provincia convulsionada, la Asociación de Profesionales de la Salud (Aproslar) convocó a paro y movilización el 24 y el 25 de enero, una medida de 48 horas en reclamo de una recomposición de los salarios de la provincia, entre los más bajos del país.
Asambleas en los hospitales de San Luis. Exigen el pago del salario no desdoblado.
También en Tucumán, la vicepresidenta de Fesprosa y secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas), Adriana Bueno, y el secretario general de Sitas, Julián Nasif, exigieron al gobierno provincial la convocatoria urgente a paritarias. En Santa Fe, el gobierno local ya avisó que no cumplirá el acuerdo paritario 2023 y que va a dar los aumentos en función de la recaudación de la provincia y no de la inflación, lo que motivó el estado de alerta de los y las trabajadoras santafesinas y la realización de asambleas, frente a la pérdida salarial que ya acumula el 60% del poder adquisitivo.
En Chaco, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) reclamó también la apertura de la negociación colectiva. Alejandro Márquez, secretario de prensa de Fesprosa y presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires-seccional Escobar (Cicop-Escobar), informó que la paritaria en la provincia de Buenos Aires cerró con un aumento anual del 153%, contra una inflación del 211%, lo cual fue rechazado por los gremios. Frente a ello, el gobernador Kicillof cerró la paritaria por decreto.
Boriotti sostuvo que, amén de lograr el rechazo in toto de la Ley Ómnibus y el DNU a través de las movilizaciones que se realizarán en los próximos días, el objetivo de la Federación y de sus regionales es impedir que continúe el brutal deterioro del salario, provocado por la megadevaluación del gobierno de la Libertad de Avanza, con su consiguiente impacto en los precios, sobre todo en la canasta familiar. Además, la dirigente gremial advirtió que, mientras se efectúa un ajuste brutal en los salarios y en la coparticipación no obligatoria a las provincias, hay sectores empresariales que siempre incrementan sus ganancias, como los bancos, las cerealeras o la industria farmacéutica (que aplicó aumentos absolutamente desmesurados en los medicamentos).
Con respecto al Estado nacional, y retomando el reclamo realizado por Fesprosa en las sesiones de las comisiones parlamentarias que analizaron la Ley Ómnibus, la Federación pidió una entrevista con el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, para saber el estado y la evolución de los planes nacionales de vacunación, HIV, SIDA, salud reproductiva y otros, en los que el gobierno nacional juega un papel central en la provisión de los recursos. Sin embargo, el Ministro rechazó por razones de agenda reunirse con la entidad representativa de 30 mil profesionales y trabajadores de la salud de 20 provincias.
El Ministerio de Salud de la Nación se niega a recibir a los trabajadores.
“Estamos muy contentos de la masividad que tuvieron las movilizaciones del día 24 en todo el país, y también estamos satisfechos de la participación de la Fesprosa en las mismas”, explicó Boriotti, y agregó que “seguiremos trabajando en unidad de acción para impedir que se consolide este instrumento legal que cierra el Congreso, criminaliza la protesta social, anula el derecho a huelga y promete un ajuste eterno en los bolsillos de los argentinos”. La presidenta de Fesprosa finalizó diciendo que “en ese marco, también seguiremos luchando en cada provincia y en cada municipio para defender el salario y las condiciones de vida de las y los trabajadores de la salud”.
Trabajadores de la salud y estatales concentrarán mañana desde las 10 horas en Avenida de Mayo y Salta. Reclamarán contra el achique del Estado y los recortes en el presupuesto, en rechazo del DNU y la Ley Ómnibus.
Mañana desde las 10 horas, en Avenida de Mayo y Salta, concentrarán trabajadores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Delegaciones de las asociaciones de profesionales de los hospitales Posadas y de los nosocomios de Haedo, Escobar y Mercedes marcharán junto a miembros de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Buenos Aires (Fesprosa-Buenos Aires) y de la Asociación de Profesionales de la Salud de La Matanza (APS La Matanza), a los que se sumarán colegas de CABA.
Aseguraron su participación la Asociación de Profesionales en Servicio Social, bioquímicos, musicoterapeutas y los médicos de Recuperación Gremial de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. La convocatoria fue acordada en la reunión del Frente de Gremios Estatales y Empresas Públicas del pasado viernes, de la cual participaron delegados del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de la Federación de Trabajadores de la Energía y de la Federación Judicial Argentina, entre otros nucleamientos estatales.
Desde el punto de vista de la acción común, el piso de acuerdo entre el conjunto de las representaciones sindicales es la derogación del DNU y el rechazo a la Ley Ómnibus. Desde el Frente señalaron, en particular, el repudio a las facultades delegadas, que consideran inconstitucionales, el rechazo a la criminalización de la protesta social, que no ha sufrido modificaciones en los proyectos de ley reenviados por el Poder Ejecutivo Nacional, y el conjunto de los artículos del DNU que reprimen el derecho de huelga, que en el sector salud prácticamente desaparece.
Los recortes del Estado y la baja de contratos son otro de los puntos que preocupan a los trabajadores. El Secretario General de Fesprosa, Jorge Yabkowski, confió en que el sector salud adherirá masivamente, tanto en el AMBA como en las provincias, al paro convocado por las tres centrales sindicales, y que los trabajadores seguirán realizando acciones para impedir que se lleve a cabo un ajuste presupuestario en salud, que puede dejar prácticamente sin capacidad operativa al sector público.
Hoy mismo, los faltantes de insumos y el aumento de los precios de los medicamentos están comenzando a provocar situaciones críticas, como el cierre del servicio de rayos en el Hospital de Junín, por ejemplo. Está previsto que en la intersección de Lima y Avenida de Mayo se reúnan las columnas de ambas CTA y que, junto a las mismas, estatales y trabajadores de la salud marchen al Congreso.
En el
día de ayer, fueron detenidos varios trabajadores de la salud en la provincia
de La Rioja, bajo la imputación de incitar a cometer actos de violencia y
desorden público. Las detenciones se dan en el marco de enormes movilizaciones
del sector público, debido a los bajos salarios.
Probablemente, el sector público riojano esté cobrando hoy los salarios
más bajos del país. En ese contexto, circularon mensajes por WhatsApp en los que, supuestamente, se
incitaba a actos de violencia en la movilización convocada para el viernes
pasado. Por el contrario, la convocatoria se desarrolló pacíficamente, sin que
ninguna de esas amenazas se concretara. A pesar de ello, el juzgado en lo Criminal
y Correccional N°2, a cargo de María Eugenia Torres, ordenó la detención de
trabajadores de la salud de Chilecito y de La Rioja capital.
La Asociación de Profesionales de la Salud
(Aproslar) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa)
señalan que el camino de la intimidación no es el adecuado para resolver el
grave conflicto social que atraviesa la provincia. Por lo contrario, los
trabajadores de salud detenidos deben ser inmediatamente liberados, en tanto
exigen al gobierno provincial que se concreten mesas de negociación para
superar el conflicto a través de una recomposición salarial urgente. En ese
marco, Aproslar convoca a la jornada del 24 de enero con el apoyo de Fesprosa y
de todas las centrales sindicales.
Contacto
de prensa:
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Claudia Contreras, secretaria general de Aproslar: +54 9 380 444-8503
Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación
Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), expuso el día de ayer en la
Comisión de Legislación General que trata el DNU 70/23 y la Ley Ómnibus.
"¿Tendremos que ponerle velas al Dios Mercado para que arregle este
desastre?", ironizó el dirigente gremial.
Jorge Yabkowski, secretario general de Fesprosa, durante su exposición de ayer en la Comisión de Legislación General que trata el DNU y la Ley Ómnibus
En su alocución, el
secretario general de Fesprosa consideró que tanto el DNU como la Ley Ómnibus
que impulsan el oficialismo serán sumamente lesivas para la población en
general, y para el acceso al derecho a la salud en particular. “No hay salud
pública sin República”, graficó Yabkowski al comienzo de su exposición. Además,
se refirió a ambas iniciativas legislativas, sobre las cuales expresó que “constituyen
una reforma constitucional de hecho e instalan en la Argentina una autocracia
policial, con el objetivo de terminar la tarea de la dictadura genocida”.
Además de enumerar las múltiples
dificultades que atraviesa el sistema sanitario nacional desde hace muchos años,
el sindicalista rescató la tarea titánica que llevan adelante los trabajadores
y trabajadoras de la salud pública, que sólo en 2019 produjo 150 millones de
consultas y que durante la pandemia cumplió un rol ejemplar, causando la muerte
de 600 trabajadores sanitarios y más de 100 mil contagiados.
En nombre de los 30 mil trabajadoras y trabajadores de la salud agrupados
en Fesprosa, el dirigente gremial exigió que se rechace de pleno tanto el DNU
70/23 como la Ley Ómnibus, ya que el congelamiento del presupuesto condena al
sistema público de salud a un vaciamiento y a una eventual catástrofe
sanitaria. Por último, denunció a las grandes empresas farmacéuticas y las
obras sociales, principales beneficiarias de las múltiples desregulaciones que
plantean las iniciativas legislativas del oficialismo.
Texto completo de la exposición
Agradezco la
oportunidad que nos dan diputadas y diputados para exponer en esta comisión. En
primer lugar, quería decir, en nombre de nuestros 30 mil miembros, trabajadores
y profesionales de la salud y de todo el campo sanitario, que el Decreto de Necesidad
y Urgencia y la Ley Ómnibus conforman un corpus indivisible y reaccionario,
profundamente subversivo del conjunto de los valores que cimentaron estos 40
años de democracia.
La liquidación del
derecho a huelga, de la protesta social, su criminalización, conforman una
reforma constitucional de hecho que instaura en la Argentina una autocracia
policial cuyo objetivo es terminar la tarea que comenzara la dictadura
genocida. Por eso, pedimos en nombre de todos nuestros miembros y de todo el
campo sanitario el rechazo liso, llano e indivisible del DNU y la Ley Ómnibus. Afirmamos,
a su vez, que el 24 de enero, junto a nuestra CTA Autónoma, a la CGT y a la CTA
de los Trabajadores, estaremos con el paro y la movilización expresando frente
a este Congreso los puntos de vista de la mayoría de los trabajadores.
Mi breve exposición
sobre aspectos sanitarios solo servirá como argumentación adicional a la
necesidad de rechazo del decreto y la ley. En el debate social se instauró como
tema principal el aumento de las prepagas, el cual causó un gran desbarajuste
en el mercado por su impacto en los sectores medios, usuarios del sistema de
seguros privados de salud. Pero tenemos que decir que son solo 5 de los 46
millones de argentinos los que están cubiertos por ese sistema. El 90% de los
argentinos no tiene medicina prepaga.
20 millones de
argentinos son CPE, Cobertura Pública Exclusiva, y de ellos, el 70% es pobre.
Probablemente, con estas nuevas medidas económicas, ese porcentaje haya
aumentado sustancialmente. Los argentinos de Cobertura Pública Exclusiva se
atienden en 1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias. En 2019, este sistema "ineficiente",
realizó 150 millones de consultas. Ni hablemos de la pandemia, donde estuvimos
a la cabeza, dejando 100.000 infectados y más de 600 muertos.
El DNU no dice
absolutamente nada, ni la Ley Ómnibus, de cómo reforzar la red pública de
contención frente al aumento de la miseria, la desocupación y la pobreza. Nada
de nada. El 80% de la financiación del Sistema Público de Salud está a cargo de
las provincias, 65% de los estados provinciales y 15% de los municipios. Con
presupuestos congelados, ¿qué será del sistema? ¿Qué será del medio millón de
trabajadores del Sistema Público de Salud mal pagos y precarizados? El 20% del
presupuesto público lo aporta el Ministerio de Salud de la Nación. Hasta donde
conocemos, el ministro de Salud de la Nación no vendrá a este recinto a
explicarnos qué pasará con los programas de vacunación, de HIV, de salud
reproductiva.
¿Qué pasará con la
precarización y los salarios congelados de los trabajadores de salud?
¿Tendremos que ponerle velas al Dios Mercado para que arregle este desastre?
¿Nos sentaremos en la puerta de la Basílica del Pilar a pedirle una limosna a
Roemmers y Bagó, que se harán aún más ricos con la desregulación de los precios
de los medicamentos? Miren los balances post-pandémicos de las grandes empresas
que serán beneficiarias de la desregulación y el descreme. ¿Volveremos en salud
mental al chaleco de fuerza, a los manicomios, a la internación compulsiva, al
glorioso 1880, como plantea el Presidente?
No tengo más tiempo. En nombre de toda la colectividad sanitaria les
pido el rechazo al DNU y la Ley Ómnibus. Si por alguna razón profundamente
irracional estas normas pasan, sepan que la resistencia social para defender
nuestras conquistas, los derechos a la salud, al trabajo y a una vida
democrática, las garantizaremos como lo hicimos durante todas las dictaduras
que asolaron a nuestro país en el siglo XX. En las calles. Muchas gracias.
Jorge Yabkowski, secretario general de
la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), expondrá hoy
sobre el eje de Salud en la Comisión de Legislación General sobre el DNU y la
Ley Ómnibus. La invitación surgió de una reunión con la diputada nacional,
Mónica Fein.
Jorge Yabkowski, secretario general de
Fesprosa
El
secretario general de Fesprosa, Jorge Yabkowski, expondrá hoy desde las 9.30
horas en el plenario de la Comisión de Legislación General que analiza el
tratamiento de la Ley Ómnibus. La Federación, que representa a más de 30 mil
trabajadores y trabajadoras de la salud, se ha manifestado desde el primer
momento tanto en contra de la ley como del DNU del gobierno de Milei, ya que
consideran que ambas iniciativas son un retroceso en materia de derecho laboral
y de acceso a la salud pública de calidad.
La
invitación surgió a partir de una reunión que representantes de la Fesprosa
mantuvieron con Mónica Fein, diputada nacional por Santa Fe de Hacemos por
Nuestro País. En ese encuentro, la legisladora expresó que el bloque que
integra plantea un rechazo absoluto al DNU, no solo por su contenido, al que
evalúan absolutamente regresivo, sino también porque no lo consideran ni necesario
ni urgente. Respecto de la Ley Ómnibus, Fein expresó que “es un paquete de más
de 600 artículos, por lo que no es posible ni analizarlos en tiempo y forma ni
llevar adelante este debate en un plazo tan corto como se pretende, es
totalmente irresponsable”.
De
la reunión participaron María Fernanda Boriotti, presidenta de la Fesprosa; la
vicepresidenta, Adriana Bueno; Noemí Alemany, secretaria de derechos humanos de
la Federación; la secretaria de género, Cesira Mullally; y Estela Maris Prieto,
secretaria gremial del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de
Santa Fe (Siprus).
Las representantes de la Fesprosa, así como la delegada de Siprus, manifestaron
a la legisladora nacional su honda preocupación, tanto por el contenido del DNU
como el de la Ley Ómnibus, ya que ambas iniciativas plantean un retroceso
mayúsculo en los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la población
en general.
Mónica Fein, diputada nacional de Hacemos por Nuestro País
Esta
visión fue compartida por Mónica Fein, que les adelantó que el planteo del
bloque respecto de la ley será que los temas se traten en sesiones ordinarias y
por separado, no en un paquete unificado. “Hay mucha preocupación por el avance
sobre los derechos de la ciudadanía, como el de tener un ambiente saludable, el
derecho a la salud, a la educación, los derechos de los niños, el derecho a la
protesta”, manifestó la diputada, que además consideró graves las reformas del
código penal y civil que se pretenden aplicar. “El bloque no va a acompañar
esta ley como está planteada y rechaza absolutamente el DNU”, concluyó la
legisladora nacional.
En el día de hoy, gremios estatales y
de las empresas públicas anunciaron el lanzamiento de un espacio intersindical
para defender a los y las trabajadoras del sector público. Fesprosa integra el
nuevo espacio, que ya anunció una jornada nacional de lucha para el 15 de
enero.
El
día de hoy, en la sede de la Federación Judicial Argentina, representantes de
gremios estatales y del sector público anunciaron en conferencia de prensa el
lanzamiento del Frente de Gremios Estatales y Empresas Públicas. El flamante
espacio intergremial está compuesto por la Federación Sindical de Profesionales
de la Salud (Fesprosa), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la
Federación Judicial Argentina, la Federación Nacional de Docentes,
Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) y una veintena de sindicatos
más. Además, comunicaron que ya definieron una primera medida de fuerza para el
lunes 15 de enero, la cual han dado en llamar Jornada Nacional de Lucha en
Defensa del Estado y el Empleo Público.
Los
dirigentes gremiales allí presentes manifestaron su honda preocupación por los
cambios mayúsculos en la sociedad argentina que introducen el DNU 70/2023 y la
Ley Ómnibus, así como por el protocolo de seguridad que introdujo recientemente
la ministra Patricia Bullrich, al que calificaron como “antiprotesta, más que
antipiquetes, porque prohíbe cualquier tipo de manifestación pública, lo cual
es anticonstitucional”. Particularmente, hicieron hincapié en el decreto N°84,
que impacta directamente sobre el empleo público.
Rodolfo
Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, remarcó la importancia de la
jornada y ratificó las medidas de fuerza del lunes. “Enfrentamos un intento de
ajuste sin precedentes en nuestro país, solo comparable con la última dictadura
militar. No es una exageración decir que nos tenemos que remontar hasta 1976
para encontrar un intento de llevar a cabo una reforma tan profunda en el
ordenamiento jurídico de nuestro país. La democracia está herida de muerte en
este momento”, explicó Aguiar.
Por
su parte, Francisca Staiti, Secretaria General de la Conadu Histórica, alertó
sobre el objetivo de disciplinar a los movimientos sociales y gremiales a
través de amenazas y multas “irrisorias”, como las recientemente anunciadas por
la ministra Bullrich: “Conadu Histórica fue una de las federaciones que fue
intimada a pagar montos millonarios. No nos van a intimidar, la calle va a seguir
siendo nuestra”, graficó la dirigente. Además, alertó sobre el impacto de las
reformas del oficialismo en las universidades, las cuales “deben ser un espacio
de encuentro, discusión política y formación de profesionales al servicio de
nuestro país. Hoy lo que se pretende con las universidades es alejarlas de esos
objetivos y retrotraernos a la década del noventa, cuando peleamos contra el
arancelamiento de las facultades”.
Por
último, Guillermo Muñiz, referente de Fesprosa-Buenos Aires, indicó los efectos
devastadores de estas reformas sobre la salud pública, la cual ya estaba en
estado de emergencia. “Lo que pretende el gobierno en términos de salud no
tiene precedentes”, explicó el médico. “El programa de salud del gobierno es
generar daño. No solo a los trabajadores del sistema público de salud, sino
principalmente a los pacientes. Hoy en día ya hay cirugías programadas a dos
años”, agregó. Y finalizó explicando que “además del congelamiento salarial que
tenemos hace mucho tiempo quienes trabajamos en los hospitales y centros de
salud, estamos sufriendo los efectos del desabastecimiento y el faltante de
medicamentos”.
Además
de llamar a movilizar el lunes 15 de enero, el Frente de Gremios Estatales y
Empresas Públicas adhirió al paro nacional anunciado por las tres centrales
sindicales para el 24 de enero.
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