EDITORIAL de María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa
El gobierno nacional y las provincias delinearon una
política común, que, con matices, va tiñendo la relación con estatales,
docentes, jubilados y, por supuesto, trabajadores de la salud. Los rasgos
comunes son: eliminación de las clausulas gatillo y de la Ley de Movilidad en
el caso de los jubilados y con aumentos por suma fija, achatando las escalas.
Siendo la canasta de ingresos mínimos para el grupo familiar
de 71 mil pesos, millones de trabajadores y jubilados que están por debajo, y
sufrieron la depreciación de sus ingresos durante el macrismo, perderán aún
más. En tanto, los sectores de privilegio (bancos,cerealeras, petroleras y mineras)
continuarán subsidiados o con aportes muy por debajo del volúmen de sus
ganancias.
Otro aspecto esencial es la continuidad y/o reactivación de
la forma de contratación precaria. La movilización de prestadores en Mendoza,
de los enfermeros en Corrientes, de las cooperativas tercerizadas de limpieza
en Tucumán y de los residentes y concurrentes de C.A.B.A. tienen en la lucha
por la desprecarización un hilo común.
La crisis fiscal del Estado permea hacia abajo en
restricciones políticas al punto de trabar compromisos públicos como el que
hiciera el 22 de enero el Ministro de Salud con respecto a los despidos en el
Hospital Posadas.
Si leemos con atención las declaraciones del Fondo Monetario
Internacional, la presunta buena voluntad está condicionada a la concreción de
un ajuste fiscal. Por ello, FESPROSA ha sido parte de las movilizaciones que
reclamaron la investigación de la deuda y el repudio a la porción contraída de
manera fraudulenta.
En medio de una situación económica y política abierta e
inestable, los sindicatos autónomos y democráticos tienen el deber de ponerse
al frente del reclamo social, con responsabilidad y sin claudicaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario